A quince días de su lan­zamiento, el programa Pre­cios Justos ya tiene plena vigencia en las principales cadenas de supermerca­dos, con nueva cartelería que reemplazó la de Pre­cios Cuidados y con más de 1.800 productos cuyos pre­cios estarán congelados por cuatro meses. Sin embargo, son varias las empresas de consumo masivo que, si bien aceptaron de palabra participar, aún no adhirie­ron formalmente mediante la firma por considerar que hay varios aspectos cues­tionables desde el punto de vista legal.

Tanto es así que desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) trabajaron durante los últimos días en una pro­puesta de cambios al mode­lo de convenio que le había enviado el Gobierno a las empresas y fue presentado este martes al secretario de Comercio, Matías Tom­bolini. El programa no está disponible en varias pro­vincias del interior del país.

A quince días de ese lanzamiento, el Gobierno- ahora- quiere que los com­bustibles también entren al programa Precios Justos. 

Es así que ayer trascendió que el ministro de Econo­mía, Sergio Massa, se reu­nirá el próximo lunes con la secretaria de Energía, Flavia Royón; el secretario de Comercio, Matías Tom­bolini, y representantes de las principales operadoras de combustibles del país para negociar que el sector se sume al programa Pre­cios Justos.

Fuentes oficiales indica­ron a la agencia Noticias Argentinas que buscan avanzar en un sendero si­milar a lo que se viene tra­bajando con los productos alimentarios. "La idea es llegar a un acuerdo de pre­cios por cuatro meses con las principales operadoras de combustibles del país, para agregarlo al pro­grama Precios Jus­tos", sostuvieron. 

El objetivo es lograr un acuerdo de precios de cara al receso estival por la ex­pectativa que hay frente al movimiento turístico inter­no del próximo verano, des­pués de un 2022 que mos­tró resultados récord.

A principio de mes, las empresas YPF y Shell in­crementaron el precio del combustible un 6% pro­medio en naftas y gasoil. La suba tuvo una menor inci­dencia en nafta, que pro­medió más del 5%, mien­tras que el gasoil, aumentó más de un 7% (Ver aparte).

Esta diferencia se radica en que el costo de importa­ción y el precio en surtidor local, así como el volumen importado para completar la oferta local, son mayores para el gasoil que para las naftas.

El ajuste en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai­res fue de 5,9% en naftas y 7,9% en gasoil, apenas más alto que el ajuste promedio, a fin de reducir las brechas de precios entre la Capital y el interior del país, sobre todo con las provincias del Noroeste argentino, que su­bieron 1% menos que en el territorio porteño.

En los últimos 12 meses, el ajuste de precio acumu­lado de las naftas fue de aproximadamente 52% y el del gasoil del 74% (62% en promedio).

El aumento fue impulsa­do tras el inicio de la suba escalonada de los impues­tos a los combustibles lí­quidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), luego de que su actualización había sido postergada en siete ocasiones por el actual Go­bierno.

ACUERDO DE PRECIOS FIJOS

En la "hoja de ruta" del equipo económico para re­ducir la tasa de inflación y afirmó que el objetivo es llegar a una inflación men­sual del 3% en diciembre del año próximo.

El Gobierno prefiere no llamarlo "congelamiento" de precios, sino "acuerdo voluntario" por 120 días entre el Estado Nacional, las empresas proveedoras de bienes de consumo ma­sivo y los supermercados para mantener con precios fijos más de 1.500 produc­tos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza.

Por un lado, los produc­tos que se mantendrán congelados ingresan en el programa a un precio hasta un 4% superior al prome­dio registrado durante el mes de octubre de 2022 y se mantendrán estables los próximos 120 días.

Por otro lado, el resto de los artículos que co­mercializan las empresas que se suman al programa tendrán una pauta de au­mento mensual de hasta el 4% para los 120 días en el precio de venta a los super­mercados y mayoristas.

Por participar en el pro­grama, el Gobierno les ofrece a las empresas "ga­rantía y certidumbre en el proceso de importación de bienes intermedios y bie­nes terminados que son parte de la cadena de va­lor", una compensación que es normal en el resto de los países, pero que, en la Argentina, se la ofrece como un beneficio ante la falta de dólares en el Ban­co Central, se restringió el acceso.