La consolidación del nuevo programa bautizado como Precios Justos para buscar reducir la inflación en los alimentos comenzará a acelerarse a partir de la próxima semana.

Más precisamente, desde el lunes 1 de diciembre, cuando todas las cadenas de supermercados deberán contar con la señaléctica identificatoria del esquema ideado por el Ministerio de Economía para congelar los precios de casi 2.000 productos de un centenar de empresas hasta marzo del 2023.

Se trata de alimentos, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal que no podrán tener variaciones en sus valores por los próximos cuatro meses, mientras que el resto de los más de 30.000 artículos que se pueden encontrar en las góndolas de los supermercados que quedan por fuera de Precios Justos tendrán un tope de aumento mensual del 4%.

En algunas cadenas como Changomás, la señalización del programa ya es un hecho, mientras que en otras se espera que se masifiquen durante los próximos días, según detallan desde la Secretaría de Comercio, organismo que dirige Matías Tombolini y que tiene a cargo el control del programa oficial.

Como herramienta de seducción para que las empresas adhieran casi sin quejarse a permitir un estricto congelamiento de los precios de los productos mientras los costos caminan con la misma inercia que la inflación, desde el Palacio de Hacienda se prometió el acceso a divisas para importar.

El esquema habría sido ya resuelto ante los insistentes reclamos de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que preside Daniel Funes de Rioja, también titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).

 En algunas cadenas como Changomás, la señalización del programa ya es un hecho

 

La semana pasada, la entidad pidió la oficialización de la norma que le permitirá a las empresas que firmaron el acuerdo acceder de manera inmediata al Mercado Único Libre de Cambios y así poder resolver los cuellos de botella que se generan mediante las trabas impuestas a las importaciones de insumos y productos.

Previsibilidad del acceso a dólares

 

Por ahora, no ha sido oficializada, a pesar de algunas versiones que hablan de la existencia de una normativa ya escrita para permitir el ingreso de este grupo de compañías al "canal verde" importador.

En este sentido, desde varias multinacionales y alimenticias locales se está exigiendo "previsibilidad" a las autoridades del ministerio que lidera Sergio Massa para confiar en que el Gobierno cumplirá "con la palabra asumida" y no tendrán que soportar un cambio de rumbo en las decisiones, como acostumbra a hacer el oficialismo.

La Copal pidió además "garantías ciertas" para el acceso a los dólares al tipo de cambio oficial necesarios para adelantar y pagar en forma inmediata los productos y servicios que ingresen del exterior.

Del mismo modo, la cámara empresarial pide un esquema de estabilidad en los costos empresarios, sus materias primas, las tasas de interés, "la devaluación del tipo de cambio oficial, la inflación o los acuerdos paritarios".

También le reclaman al Gobierno que intervenga para que los supermercados cumplan con el plazo de pago de siete días para la compra de la mercadería.

Daniel Funes de Rioja pidió al Gobierno "previsibilidad" para cumplir con el acceso de las empresas a dólares para importar

 

Salvo este último pedido, el resto son aspectos macroeconómicos que dependen de las políticas oficiales que adopte Massa y su equipo durante la última etapa de este 2022 para apuntalar el objetivo de reducir la inflación hacia fin de año y dejar una menor base para el 2023.

Precios Justos, ante un examen de verano

 

Si bien hasta ahora existe conformidad con los incipientes resultados de cumplimiento que viene dejando Precios Justos tanto por las entregas de los productores como de la actitud de los supermercados, el verdadero examen para el programa comenzará en enero próximo.

Desde ese mes se sabrá si el Gobierno cumple o no con el acceso inmediato a las divisas necesarias para el pago de las importaciones, ya que si no lo hace se advierten problemas para el futuro.

Otro aspecto que le pondrá presión al programa en enero será la brecha de precios que para ese mes se observe entre los artículos que componen esta canasta oficial y los que quedaron por fuera del congelamiento compulsivo y que pueden retocar sus valores en un 4% mensual.

Si se computan los incrementos de noviembre y diciembre, esos artículos llegarán al verano con un aumento acumulado del 8% contra ninguno de los que se agrupan en Precios Justos.

Y llegarán al final del esquema con un diferencial de 16% que se sumará a las diferencias que ya viene arrastrando el sector alimenticio producto de la espiral inflacionaria en sus costos en comparación con precios que son estrictamente controlados por el Gobierno.

El nivel de abastecimiento que se logre en el verano será clave para el futuro del programa de Precios Justos

 

En las empresas entienden que esta brecha puede generar problemas de abastecimiento en enero y febrero si los productores prefieren negociar mayores entregas a los almacenes de barrio; mercados de proximidad y súper de origen asiático que no fueron incluidos en el esquema oficial y a los que se les puede vender sin cepo.

Incluso aumentado 4% en dos meses 8% y lo adentro congelado. Cumpliendo brecha de casi 10 puntos de diferencia. Súmale la brecha entre canales, productos en el chino, almacenero. Y eso le pondrá la presión definitiva a la canasta.

Una situación que ya se vivió con Precios Cuidados que para finales de julio mostró un fuerte derrumbe de abastecimiento que llegó al 50%, por lo que uno de cada dos productos del listado no se encontraba en las góndolas.

En ese momento, las razones fueron esgrimidas por las cadenas de supermercados que advertían que los fabricantes privilegiaban a los comercios de proximidad, almacenes, autoservicios y supermercados chinos, porque podían enviar listas con precios 40% mayores, en promedio, que las habilitadas para Precios Cuidados, que llegaban al 3% mensual.

En ese contexto, hasta hubo compañías que no accedieron a incluir algunos productos en el programa oficial y otras que reclamaron límites de volúmenes a entregar para, de esa forma, reducir los márgenes entre los precios regulados por el Gobierno y las subas de los costos.

El problema se dio porque los consumidores se volcaron masivamente hacia los grandes supermercados para aprovechar la diferencia de precios y hacer frente a los actuales niveles de inflación, lo cual provocó un exceso de demanda de esos artículos que generó los faltantes. 

El mismo escenario predicen ahora las empresas para el futuro de Precios Justos, con una demanda cada vez mayor por esta canasta, con lo cual advierten que será "clave" el nivel de abastecimiento que tendrá.