La Oficina Anticorrupción denunció a la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, por la compra irregular de cuatro embarcaciones a una empresa israelí con el supuesto objetivo de patrullar las vías navegables, con un presunto sobreprecio de unos 29 millones de dólares. El vicepresidente de la compañía extranjera a la que fueron adquiridas las lanchas fue detenido en 2018  por “cohecho” en una operación similar para la provisión de embarcaciones a Nigeria.

La causa, quedó registrada con el número 3978/2022 en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, está relacionada con la adquisición en 2016 de cuatro lanchas Shaldag MKII, fabricadas por el astillero Israel Shipyards Ltd., a través de un Convenio Interministerial con el Ministerio de Defensa de Israel. 

Según un estudio comparativo realizado por el Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, “en la compra (2016/2017) de 4 lanchas Shaldag MKII habría habido un sobreprecio del orden del 138% (más del doble), considerando que el precio unitario pagado fue de 12,5 millones de dólares cuando el valor de mercado estimado es del orden de 5,25 millones. Así, el sobreprecio total pagado habría sido de 29 millones de dólares”.

Para colmo, según la denuncia, “Breier Oded, vicepresidente de Marketing del Astillero Israel Shipyards Ltd., quien intervino en el expediente (por la compra de las lanchas) fue detenido en marzo de 2018 en el Estado de Israel por presuntas maniobras de cohecho que se habrían cometido en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria”.  Aún con esa sospecha de sobornos, el documento explica que Nigeria compró tres lanchas similares a las que adquirió la Argentina por un valor de 6,3 millones de dólares cada una, en tanto que el Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich, con la intervención del jefe de Gabinete, Marcos Peña, desembolsó más de 12 millones de dólares por las mismas embarcaciones. 12.250.000 abonada por nuestro país por cada una de las lanchas Shaldag MKII adquiridas al mismo astillero.

“El costo de las lanchas adquiridas por el Estado Nacional podría haber sido indebidamente sobrevaluado y el delito de cohecho imputado a funcionarios del Astillero Israel Shipyards Ltd. respecto de las lanchas vendidas a la República de Nigeria podría haberse repetido en el presente caso, circunstancias que deberán ser profundizadas en sede penal”, explica la denuncia.

“La entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich suscribió un Convenio con Israel, mediante el que se contrató la provisión de 4 lanchas incumpliendo la normativa de contrataciones prevista y más específicamente las normas de contratación directa a las que correspondía ceñirse”. Como dato adicional, expone la denuncia,  “la tramitación del expediente administrativo que culminó con la firma del Convenio en idioma extranjero”.

Además de Bullrich y Peña, la denuncia apunta al ex Secretario de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Fernando Föhrig, quien  “no sólo avaló el cúmulo de irregularidades descriptas, sino que además y a pesar de ellas lo elevó a para la rúbrica de la ex-Ministra”.

En medio centenar de páginas, el texto explica que toda la operación fue enmascarada en una suerte de apariencia de legalidad “para intentar justificar la selección de Israel Shipyards Ltd. y Rafael Ltd (que proveyó armas para las embarcaciones que no estaban inicialmente previstas), que la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich tenía resuelta de antemano”.

“Entendemos que Alberto Fernando Föhrig por haber elevado a la firma el proyecto de convenio de marras en las condiciones descriptas, Patricia Bullrich por haber suscripto el convenio y rubricado la Decisión Administrativa, y Marcos Peña por haber suscripto dicha Decisión Administrativa en idéntico contexto, habrían consumado los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”.

Pero además, “en función de los aparentes sobreprecios abonados por la adquisición de las embarcaciones, correspondería profundizar la investigación en sede penal y evaluar una eventual imputación en orden al delito de defraudación a la administración pública”, sostiene la denuncia. 

Los funcionarios tenían la facultad de realizar una contratación directa, pero ello hubiera requerido una serie de pasos administrativos que contemplaban la invitación a cotizar a otros oferentes. “La declaración de emergencia de seguridad pública, encuadraba dentro de las excepciones que habilitaban la utilización del procedimiento de contratación directa”, pese a lo cual, se eludieron esos pasos y se apeló a un convenio firmado con Israel, pero se contrató a una empresa privada y no con el Estado israelí. 

“La entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich resolvió evitar la aplicación del procedimiento de contratación directa y en cambio recurrió a la celebración de un convenio de implementación con un Estado Extranjero, resultando tal conducta la vía encontrada para eludir requerimientos normativos y de ese modo adquirir las lanchas a un proveedor que se encontraba previamente seleccionado”, resume la presentación. 

“No se trataba de un contrato celebrado con un estado extranjero, sino de una contratación directa con una empresa privada”.