Basado en un criterio de orden y administración, la digitalización de los procesos administrativos es un fenómeno que en los países más desarrollados lleva varias décadas. En Argentina, sin embargo, tuvo su inicio oficial durante el gobierno de Mauricio Macri, de manos del ministro de Modernización Andrés Ibarra. En el día del anuncio, sobre el final del 2015, Ibarra aseguró que desterraría por completo al papel de la administración pública.

Sus órdenes fueron seguidas, con las esperables trabas y demoras, en la enorme mayoría de las provincias del país. No obstante, Buenos Aires y su enorme estructura pública fue, desde el comienzo, un verdadero desafío. La propia María Eugenia Vidal permitió erogaciones en papel muy por encima a las de sus colegas y, recién asumido, Axel Kicillof permitió la compra de 58 millones de pesos en cartulina, dejando en claro que no tiene pensado plegarse al resto del mundo en el corto plazo.

La iniciativa, que tiene como ejes el ahorro y el medioambiente, recibió en los últimos días un nuevo golpe. Acorde a la contratación 310-0011-CME20, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que dirige Juan Brardinelli, el “Colo”, cuyo rol justamente se encuentra inextricablemente enlazado al futuro del medioambiente de bonaerense, decidió gastar 4.2 millones de pesos en archivar toda la documentación que no accedió a digitalizar.

En efecto, el objeto del proceso de compra es el de “servicio de archivo, custodia y traslado de documentación” para un sinnúmero de materiales y productos de papel. Según el pliego, el servicio será brindado por una empresa privada entre el día 17 de febrero y el 31 de diciembre del presente año. Es decir, el OPDS gastará un promedio de 400 mil pesos mensuales tan sólo en “guardar” carpetas y expedientes. El costo de ir en contra de la digitalización es cada vez más caro para los bonaerenses.