Con la nueva ley ‘antihomotransfobia’ italiana, el Papa podría ser denunciado

Con la nueva ley ‘antihomotransfobia’ italiana, el Papa podría ser denunciado

Los términos de la nueva ley italiana contra la ‘homotransfobia’ es, a la vez, tan draconiana y difusa como el neologismo que la justifica, y no es difícil interpretarla para perseguir cualquier opinión contraria al nuevo ‘dogma’ LGTBI, incluidas muchas vertidas por el propio Papa, o la misma doctrina moral de la Iglesia Católica.

 

Si se aprueba… la ley contra la homotransfobia, el Papa Francisco se arriesga a ser investigado. Lo dice el polémico periodista católico Antonio Socci, que añade: “Hay en el Vaticano quien se plantea con desazón una pregunta: ¿hasta el propio Papa podría ser mañana investigado en base a la ley que acaba de presentarse en el Parlamento sobre la homotransfobia?”. En realidad, solo hay que analizar la palabra para advertir el punto orwelliano de la ley: un término que no existía siquiera hace siquiera unas décadas se ha convertido en objeto de un tipo penal.

La idea es que si es punible criticar y/o discriminar en absoluto a homosexuales y transexuales, con la indefinible cualificación de “incitación al odio”, cualquier opinión contraria a la opinión ‘oficial’ puede ser constitutiva de delito, según el criterio del juez. Por ejemplo, el ‘matrimonio gay’, o la adopción por parejas de homosexuales, o cualquier tipo de asesoría para alterar la orientación sexual, o la prohibición de ordenar homosexuales, o…

O casi cualquier cosa.

El Papa tiene numerosos mensajes que podrían chocar frontalmente con esta ley. Por ejemplo, “la Iglesia, aunque respeta a las personas en cuestión, no puede admitir en el seminario y las órdenes sagradas, aquellos que practican la homosexualidad, tienen raíces profundamente homosexuales o apoyan la llamada cultura gay”.

Por ejemplo, en la misma Amoris Laetitia: “Otro desafío surge de varias formas de una ideología, genéricamente llamada género, que niega la diferencia natural y la reciprocidad del hombre y la mujer. Promete una sociedad sin diferencias de género y vacía la base antropológica de la familia. Esta ideología induce proyectos educativos y pautas legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente liberada de la diversidad biológica entre hombres y mujeres”.

Pero no hace falta, ni es el Papa el único -ni, desde luego, el más probable- que corre peligro de acabar ante los tribunales como consecuencia de esta ley demencial: es cualquier sacerdote, incluso cualquier fiel que recuerde la doctrina de la Iglesia con respecto a la antropología sexual.

El Gobierno ha reaccionado a estos temores asegurando que no existe riesgo para la libertad de expresión. Pero tanto el cardinal Ruini como el senador Quagliariello sostienen lo contrario al afirmar que, según la propia ley, quien expresa una opinión sin usar violencia ni ofender a persona concreta alguna puede ser incriminado. “Es un típico ejemplo de dictadura del relativismo”, concluye Ruini.

Según Socci, el tipo penal que describe la ley “es tan genérico que, por ejemplo, la crítica al matrimonio homosexual o a la teoría de género o a otras tesis LGBT podría juzgarse mañana como “discriminación” o “instigación al odio”. Entre los puntos más criticados y espinosos están las penas de cárcel previstas en algunos casos y que, en el examen pericial, se pueda consultar como asociación de utilidad pública algún grupo de presión LGBT.

 

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