De norte a sur, de este a oeste, legiones de padres y de chicos deambulan por las calles, recorren inútilmente kioscos, librerías, supermercados, estaciones de servicio, pizzerías, hospitales, concesionarias de autos… Hay señores que llegan de madrugada a sus casas y ponen esa búsqueda como excusa. Esta semana estuve en La Matanza y me crucé con una manifestación de indignados que llevaban una pancarta gigante: “Juicio y castigo a Panini. ¡Con los pibes no!”. Siempre atento a las inquietudes populares, el Gobierno tomó cartas en el asunto. El secretario de Comercio reunió el martes a la Unión de Kiosqueros y a la empresa responsable del faltante; una suerte de paritaria de las figuritas. A los empresarios les habló en un tono severísimo: “Señores de Panini, soy Tombolini”. Al verse acorralados, los Panini boys, mercaderes insensibles, ofrecieron un Ahora 10: 10 sobres por chico, con Precios Cuidados; porque no faltan kiosqueros especuladores que han convertido a esos míseros papeluchos en commodities y fijan el valor según la cotización del dólar álbum. Hombre de Massa, Tombolini también fue duro con ellos: “Nada de aprovechar este desabastecimiento para sacar ventajitas”. La cosa llegó anteayer a la Justicia con una denuncia penal contra Panini. Los Panini boys tuvieron que entregar sus teléfonos celulares. Para resguardarlos, primero fueron revisados por peritos de la Policía Federal, después por espías de la AFI y ahora están en el despacho de Aníbal Fernández.

Que falten alimentos, remedios, insumos para la producción vaya y pase; lo de las figuritas supera todos los límites. La cuestión es tan grave que el Frente de Todes (tiro lo de “todes” a modo de sugerencia) está intentando ocultarla con sucesivas cortinas de humo. A Alberto Fernández le pidieron que bajara del avión en Nueva York con la bragueta abierta, que hablara de “la banda de los copitos” ante las Naciones Unidas, que le prometiera a la jefa del FMI que va a ajustar los gastos en Olivos y que desafinara una guitarra eléctrica de 9000 dólares en un legendario local de Manhattan. No hubo caso: las desventuras del profesor ya no conmueven a nadie. La ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros, votada en el Senado, fue una movida mucho más exitosa, aunque efímera, porque seguramente será rechazada en Diputados. Pero ahí sí lograron instalar un tema de enorme sensibilidad. No hay encuesta sobre las mayores preocupaciones de la gente en la que detrás de la inflación, la seguridad y las figuritas no aparezca el número de jueces de la Corte. En Juntos por el Cambio acusan al kirchnerismo de buscar impunidad, porque los nuevos miembros serían propuestos por gobernadores peronistas. Yo no tengo objeción alguna a que lleguen jueces elegidos por Gildo Insfrán, Kicillof, Capitanich o Alicia Kirchner, y más bien tiendo a pensar que se trata de un negocio inmobiliario: como esos 15 tipos no entran en el Palacio de Justicia, hay que hacer un edificio nuevo, de 15 pisos. Parrilli salió al cruce de esta versión: dijo que la Corte ampliada podría instalarse en el Instituto Patria.

Otra cortina, natural, no artificial, es el avance de la causa por el atentado contra Cristina, que suscita un creciente interés debido a sus peculiares peculiaridades. La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo no salen de su asombro: la historia se les presenta como una confabulación de alcances insospechados o como un mamarracho, o las dos cosas juntas. No dudan de que fue un atentado, pero esa es la única conclusión seria a la que hasta ahora han llegado. Bueno, en realidad llegaron a otra: la Policía Federal ayuda tan poco que por momentos les da más ganas de investigar a los canas que a “los copitos”. Así estaban, en medio de un espantoso intríngulis, sin saber si la pesquisa los llevaría a tenebrosos subsuelos o a cañaverales de azúcar, hasta que ayer a la mañana apareció ella. Sí, Cristina, que en su alegato de defensa en la causa Vialidad les dio la clave para resolver el caso: los principales responsables del atentado son los jueces y fiscales que la juzgan, por presentarla como una ladrona, y los diarios la nacion y Clarín, por su prédica de odio. Capuchetti, Rívolo, no busquen más: son colegas suyos, magistrados, y colegas míos, periodistas, los que cargaron la Bersa con la que disparó Sabag Montiel. Es el brazo armado del lawfare.

Epa, qué descuido: acabo de darme cuenta de que yo, como escriba de LA NACION, estoy entre los incriminados. ¿Vendrán por mí?

Suena el timbre de casa. No pienso atender hasta borrar todos mis chats.