La Mezquita catedral de Córdoba es uno de los símbolos más importantes de la cultura andalusí en España. Su uso exclusivo para el rezo católico y su titularidad privada, propiedad de la Iglesia católica, han provocado la reacción de movimientos cívicos y ciudadanos que reclaman su naturaleza de dominio público y la gestión transparente del monumento.

La Iglesia experimentó un boom inmobiliario muy particular, sobre todo, a partir del año 2003. Una reforma de la ley Hipotecaria en 1998 durante el Gobierno Aznar permitió a la Iglesia, y solo a la Iglesia, inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas. La consecuencia de esta reforma fue una movilización de los ecónomos de las diócesis, algunos de los cuales llegaron a contratar aparejadores o personal técnico. En este proceso, la Iglesia registró a su nombre 4.500 propiedades, según fuentes fiables cercanas a los registros de la propiedad, algunas tan notables como la Gran Mezquita de Córdoba.

El registro se hizo sin necesitar otro requisito que una certificación del Obispo, sin estar obligada a hacerlo público por edicto y sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Los ciudadanos de Córdoba averiguaron en 2009 que, a pesar de su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad como parte del centro histórico de la ciudad, la mezquita, había sido registrada a nombre del Obispado tres años antes (el 2 de marzo de 2006), acto que le costó 30 euros.