Al despuntar el año, el gobierno provincial anunció que creará áreas protegidas en el delta y las islas del Paraná, en total 2.600 hectáreas a lo largo de cinco puntos de la costa. Dos de ellos están muy cercanos a Rosario: la isla Sabino Corsi, frente a la ciudad, y Los Mástiles, sobre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez. Tras un 2020 de quemas casi permanentes del otro lado del río, la iniciativa denominada Regenera Santa Fe se presenta como un pequeño paso en el escarpado camino de darle una solución integral a la protección de los humedales.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, explicó que las tierras seleccionadas en esta primera etapa son de dominio comunal o municipal, luego de haber sido transferidas por administraciones anteriores. Se transformarán en reservas, con definición de usos y modalidades de control, por un decreto del Poder Ejecutivo, pero la idea es que esa decisión sea refrendada por la Legislatura.

Justamente el tema de los controles es un motivo de reclamo de los colectivos ambientalistas, preocupados por el panorama que enfrenta el sistema del humedal: a causa de los incendios de 2020 se perdieron, de acuerdo a los cálculos más optimistas, unas 300 mil hectáreas, 20 mil de las cuales pertenecen a territorio santafesino.

“Nos parece bien que se amplíen las áreas protegidas: lo que queremos las organizaciones es que no se proteja solo una parte sino todos los humedales de Santa Fe, como por ejemplo los Bajos Submeridionales”, planteó la abogada Romina Araguás, de la agrupación Paraná no se toca, y se preguntó por qué el Ejecutivo todavía no reglamentó la ley provincial de humedales, aprobada en diciembre de 2019. Ante la consulta, la ministra Gonnet anticipó a La Capital que la semana próxima iniciará una ronda de consultas con organizaciones de cara a reglamentar la norma.

El proyecto había sido presentado por el diputado del Frente Progresista Fabián "Palo" Oliver. Según el análisis de Araguás, la norma es escueta “pero podría desarrollarse a través de la reglamentación, mientras esperamos la ley nacional”. Ese marco legal y regulatorio a nivel país tan necesario, sobre todo porque el humedal ocupa una superficie que comprende además a otros dos distritos, es decir Buenos Aires y Entre Ríos.

Registrada bajo el Nº 13.932, la ley que promovió Oliver establece un ordenamiento territorial de los humedales, “identificando a tales áreas como de gestión especial, con estudios de impacto ambiental ante la posibilidad de obras de infraestructura, emplazamiento o actividades humanas”, así como la determinación de actividades prioritarias y modos de ocupación, a lo que se suma la limitación de desarrollos urbanos, agropecuarios e industriales y la prohibición de volcar desechos contaminantes. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente.

"La prioridad son los Bajos Submeridionales"

“La prioridad ahora es conocer qué pasará con los Bajos Submeridionales”, señaló en tanto Sebastián Martínez Ledesma, de la Multisectorial Humedales. “En noviembre elevamos un pedido de informe sobre las obras que el gobierno prevé realizar en ese humedal del norte de la provincia, que ocupa unos cuatro millones de hectáreas y es un sistema muy importante para regular las inundaciones, pero no tuvimos respuesta”, se quejó.

“Lo que hace falta son controles estrictos; sumar áreas protegidas y no controlarlas tampoco tiene sentido”, continuó Martínez Ledesma. “Como en el tema de la veda pesquera, necesitamos presencia real del Estado: personal idóneo que haga recorridas, una especie de guardaparques, y que se controle a los paradores”, agregó el activista y señaló que la isla Los Mástiles ya es zona protegida “pero allí hubo aglomeraciones por fiestas clandestinas”.

Efectivamente Los Mástiles fue declarado como área natural protegida por el Concejo Municipal de Granadero Baigorria en noviembre pasado, a partir de un proyecto del edil Javier Minetti y a instancias de organizaciones socioambientales preocupadas por los incendios permanentes. La ordenanza prohíbe desarrollos inmobiliarios, la caza, la quema de pastizales y la producción intensiva agroganadera. Debido a que el territorio es compartido con Capitán Bermúdez, ahora se espera la definición de este municipio.

"No queremos sacar los paradores ni las actividades, tampoco sumar conflictos, sino arribar a consensos, además de coordinar los controles con los municipios y con el Ministerio de Seguridad para que los desarrollos sean sustentables", dijo en ese sentido la ministra Gonnet, ella misma oriunda de Granadero Baigorria. La funcionaria cree que la declaración de algunas zonas como protegidas ayudará a su cuidado y preservación porque se podrán aprovechar recursos como la infraestructura y la tecnología ya instalada (concretamente en el caso de la isla Sabino Corsi, que pertenece al Enapro).

“Si bien estamos a favor de que el gobierno incorpore medidas de protección del medio ambiente, nos parece que están enfocadas a una mirada que sigue siendo extractivista: no creemos que los humedales sean recursos naturales con valor económico y productivo sino sujetos de derecho, bienes comunes de la humanidad que le pertenecen a la naturaleza y por lo tanto no hay que explotarlos de ninguna manera”, opinó Isadora Flores, de Autoconvocades por los humedales. Este colectivo surgió a mediados del año pasado y fue el que sostuvo un acampe de 34 días en la plaza San Martín. “Para ponerle freno al cambio climático los humedales deben ser realmente áreas protegidas, es decir libres de proyectos de explotación humana”, agregó la joven, poniendo el acento en la responsabilidad de las empresas y los emprendimientos que contaminan y devastan estos valiosos espacios naturales.

En tanto desde Paraná no se toca pidieron “evaluaciones ambientales estratégicas para que se determinen las actividades permitidas y no permitidas en todos los espacios de conservación”, según expuso la abogada Aguarás. Esto debe efectuarse siguiendo los lineamientos del sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la provincia, establecido por la ley Nº 12.175 en 2003, que estipula las categorías, modalidades de conservación e intervenciones del Estado.

“Si no hay un control efectivo del territorio es lo mismo que nada”, insistió Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales. “De hecho en Villa Constitución ya hay una reserva, donde se cazan aves, se les dispara a los carpinchos, se usurpan casas y no precisamente gente con necesidades, sino casas para fin de semana. Las organizaciones y la ciudadanía tenemos que participar de los controles para que estas iniciativas (como Regenera Santa Fe) se cumplan: los gobiernos por sí solos no alcanzan porque los intereses en juego son muchos y pesados. Arroceros, mineros, ganaderos”, disparó, y denunció que también en Los Mástiles “hay caza, tiro al blanco, paradores sin habilitación y fiestas clandestinas”.

“Para efectivizar los controles sería bueno sumar a las organizaciones ambientalistas, de modo de actuar en conjunto y encontrar soluciones”, terció su compañero Martínez Ledesma y ejemplificó que intentarán hacer algo así “con los pescadores, para trabajar el tema de la sobrepesca”. “Es fundamental que nos reconozcan como un actor con capacidad de aportar: estamos permanentemente pensando los temas, los problemas y las soluciones”, insistió. “Las movilizaciones de los vecinos están corriendo el mojón de la conciencia ambiental. Por eso debemos ser convocados”, concluyó por su parte Rodolfo Martínez.

En el horizonte de los colectivos ecologistas se encuentra la necesidad de que las medidas sean operativas y que se apruebe -y aplique- la ley nacional de Humedales. “Los gobiernos y las autoridades de las provincias deben tomar posición sobre este debate, hacer circular la información”, reclamó Isadora Flores, de la agrupación que se formó con la defensa de los humedales como punta de lanza.

La ministra Gonnet ratificó que el gobierno de la provincia apoya la sanción de una ley nacional, al punto que el año pasado realizó una consulta a más de 20 instituciones locales, entre ellas ONG y universidades. Luego esas devoluciones se presentaron como un aporte al debate en el Congreso de la Nación, recordó. Según la funcionaria, una vez aprobada la norma resultará importante en tanto herramienta, pero mucho más lo será que algunos actores, como la justicia, estén a la altura de las circunstancias.

Hynes: compromiso ambiental y un Estado que regule

“Santa Fe es una de las provincias con menos áreas protegidas del país, sólo un dos por ciento de su territorio”, advirtió Erica Hynes, presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y ex ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia. “Las 2.600 hectáreas que se anuncian parecen una extensión exigua en relación a las necesidades de protección, si consideramos que sólo en Santa Fe se quemaron 20 mil hectáreas”, añadió, a la espera de detalles sobre la iniciativa Regenera. “A fines de noviembre la ministra (de Ambiente y Cambio Climático Erika) Gonnet participó de la última sesión ordinaria de la comisión, invitada para expresar los lineamientos de su cartera, pero este tema no se mencionó”, reveló la legisladora.

“Sumar hectáreas de protección siempre es una buena noticia pero debe sostenerse con trabajo y educación ambiental, porque no tiene sentido crear reservas y castigar a quienes las usan de manera incorrecta. Lo que buscamos es un compromiso de la población con el medio ambiente, no solamente modos de control y de ejercer el poder de policía”, expresó Hynes y admitió que “hay intereses económicos en pugna y el Estado debe regular sobre quienes intentan explotar el humedal de una manera no sustentable”.

Entre los puntos de la agenda 2021 de la comisión legislativa que Hynes preside figuran la revisión de la ley provincial de 2003 de Áreas Protegidas -“porque creemos que algunas categorías quedaron obsoletas y hay que actualizarlas”-, además de la creación de una Agencia con autonomía dentro del Ministerio que dirige Gonnet, la situación de los Bajos Submeridionales, las quemas en las islas y un proyecto nuevo sobre agroquímicos, enumeró.

Gonnet: diversificación económica y desarrollo ecoturístico

Las nuevas áreas protegidas que la provincia anunció comprenden a la isla La Fuente en Reconquista, la Sabino Corsi frente a Rosario, la isla Pereyra en Villa Constitución, Los Mástiles frente a Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, y el Islote, perteneciente a la localidad de General Lagos.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático Erika Gonnet explicó que "la ampliación de mil hectáreas de la zona protegida de la isla El Pelado, en la región de islas frente a Puerto Gaboto, extiende considerablemente el área protegida que contempla al Parque Nacional Islas de Santa Fe".

"Regenera Santa Fe contempla el impulso de la diversificación económica y el desarrollo ecoturístico de la región", finalizó la titular de la cartera de Medio Ambiente. En ese sentido detalló que la iniciativa “promueve actividades productivas sostenibles, desarrollo de capacidades técnicas, diseño de espacios de aprendizaje, programas de capacitación y planes GIRSU, promoción de la economía circular y desarrollo de infraestructura para el ecoturismo”.