Por: Hugo López Carribero (*). 

Al momento de realizar la presentación entre los jóvenes y los especialistas, 15 de ellos (de entre 13 y 17 años) se encontraban cursando embarazos y se registró que 85 personas presentaban algún tipo de discapacidad.

Se determinó que entre las víctimas, un 10% fue abusada sexualmente, ocho de cada diez fueron niñas y adolescentes. También se confirmó que la violencia psicológica estuvo presente en casi todas las denuncias (más del 93%), seguida de la física (44%), la simbólica (36%), la económica (27%) y la ambiental (22%).

Según esta investigación, en cuanto al vínculo que existe entre la parte agresora y quien sufre de dicha agresión, fue mayoritariamente filial en todos los rangos de edad (80%), generalmente las personas agresoras fueron adultas de entre 22 y 59 años (93%), siete de cada diez, de sexo masculino.

Del total de los evaluados, se estableció que cinco de cada diez individuos afectados, cohabitan con sus agresores y que el 15% de las víctimas de 15 a 17 años poseían un vínculo de pareja con la persona denunciada.

Cabe destacar que todos los casos fueron derivados a la Justicia, el 81% fueron de ámbito penal. Asimismo, en la mayoría de las presentaciones se dio intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y, en los casos que lo requirieron, al sistema de salud.

La Oficina de Violencia Doméstica se encuentra ubicada en la calle Lavalle 1250, planta baja y ha permanecido abierta de manera ininterrumpida desde su creación en septiembre de 2008, todos los días del año, incluso fines de semana y feriados, durante las 24 horas. Esta modalidad garantiza el acceso a Justicia por parte de la población y brinda contención a quienes más lo necesitan y no tienen a quien recurrir, generando un vínculo de confianza, empatizándose con la situación de la víctima.

Es atendida por equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de la abogacía, la psicología, la medicina y el trabajo social.

 En relación a la denuncia, se destaca que cualquier persona o institución que tenga conocimiento acerca de estos hechos, puede realizar la presentación en la Oficina y si lo desea, solicitar la reserva de identidad. Así lo dispone el artículo 18 de la Ley 26.485 sobre violencia de género: “Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito”.

 En el mismo sentido, el artículo 30 de la Ley 26.061 referida a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece el deber de comunicar: “Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberán comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.”

De esta manera, otorgando seriedad y compromiso en la participación ciudadana, se abren las posibilidades para que estos casos sean llevados a la Justicia y no queden bajo el secreto de la impunidad. De todos modos, las denuncias realizadas en 2018 por terceras personas en las que se veían comprometidos niñas, niños y adolescentes, solo el 2% no tenía vínculo familiar con la persona denunciante. Es por ello, que se debe continuar trabajando para que la comunidad forme parte activa de estas denuncias y no permita que la violencia se siga dando a las espaldas de toda la sociedad.

(*) Abogado penalista. Director del Colegio de Abogados de La Matanza. Profesor universitario de Derecho Penal.