La incertidumbre electoral y el desconcierto político podrían estar dejando aflorar efectos colaterales. No tendrían que ver con la volatilidad de los mercados. Tampoco con insinuaciones de un debate en Cambiemos por la candidatura de Mauricio Macri. Menos contaría la indefinición del peronismo de Alternativa Federal. Ni siquiera, el secreto que mantiene Cristina Fernández aún después de la presentación de su libro “Sinceramente”.

Se produjeron la semana pasada tres episodios de suma gravedad. Que no poseen entre ellos ninguna ligazón.Estarían develando, sin embargo, la acción de bandas mafiosas en connivencia, muchas veces, con la política. Ancladas también en importantes estamentos del Estado. Podría haber en esas bandas premura por la necesidad de reacomodamientos o advertenciasdirigidas a los responsables políticos del tiempo que vendrá a partir de diciembre. Aquellos casos fueron: el ataque a metros del Congreso contra el diputado radical de La Rioja Héctor Olivares, que resultó malherido, y el funcionario Miguel Yadón, asesinado. La sospechosa fuga de presos de un vehículo del Servicio Penitenciario en la autopista Rosario-Santa Fe. Los 13 allanamientos (9 en Capital y 4 en Buenos Aires) realizados en el gremio de camioneros que comandan Hugo Moyano y su hijo Pablo.

No existen dudas de que el mayor espanto y preocupación lo produjo aquel crimen. Serenamente calculado y ejecutado. Con conexiones mafiosas pero divorciado de la política. Así quedó establecido con el esclarecimiento del caso por parte del Ministerio de Seguridad, realizado con eficacia. Lejos de los estándares comunes en la Argentina. Pero en los allanamientos y en la fuga de reos se ocultarían múltiples complicidades entre los encargados del orden, la esfera judicial y aquellos a quienes se responsabiliza de delitos.

Una onda expansiva política persistente incomoda ahora a los Moyano. Porque lideran el gremio más poderoso del país, aliado en el último tiempo a Cristina y muy enfrentado, luego de una época de convivencia, al Presidente. Hugo culpó por los allanamientos a Macri y lo tildó de “estúpido”. Prometió venganza. No se cansa de repetir que el Gobierno debe irse cuanto antes debido a la crisis económico-social.

El encargado del operativo en la sede del gremio, el comandante de Gendarmería Carlos Saldaño, no tuvo mejor idea que tomarse una foto con Hugo y Pablo, ataviado con su uniforme. Ni impidió que se viralizara. Hay enigmas en el Ministerio de Seguridad sobre tal conducta. El agente fue pasado a disponibilidad mientras se investigan las razones de aquel acto. En su descargo adujo que se había tratado de simple cholulismo. Para aflojar, agregó, la tensión que produjo en los Moyano las 9 horas que duró el allanamiento. Uno de los principales funcionarios de Seguridad que lo interpeló le dijo: “Me llama la atención lo que dice. Cuando hace operativos de otro tipo entra a las patadas y con el arma en posición de disparo”.

No resultó la única irregularidad. Saldaño se apuró a decir no bien concluyó su tarea que los resultados habían sido negativos. No fue la misma impresión que le había quedado a Patricia Bullrich. Menos aún a la jueza de Lomas de Zamora, Brenda Madrid, que ordenó los procedimientos con el aval de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires. El comandante aseguró que no se había logrado encontrar ningún teléfono celular de Pablo Moyano. El hijo del líder camionero terminó entregando uno o dos. Todavía no se sabe si les pertenecen o son de otras personas. La jueza los considera valiosos para profundizar la investigación. Si el hijo de Hugo cedió teléfonos ajenos para salir del paso, podría caerle un pedido de prisión preventiva por obstrucción a la Justicia.

La causa tiene relación con una asociación ilícita descubierta en Independiente, donde Moyano padre fue reelecto como presidente en 2017. Posee además una trama que desnuda la madeja de intereses entre sectores judiciales con la familia Moyano. La investigación fue llevada adelante por el fiscal Sebastián Scalera. Sobre él recayó una denuncia por presunta extorsión a un testigo. Cuando el fiscal solicitó la acción de Luis Carzoglio –antes había actuado con inoperancia Gabriel Vitale-- el entonces juez de Garantías se negó a dictar la prisión preventiva contra los Moyano y demoró los operativos.

Carzoglio fue suspendido y enfrenta ahora el juicio político y la posibilidad de su destitución. Dejó el cargo en diciembre, que permaneció vacante hasta febrero. Ese mes se hizo cargo Estela del Carmen Mollo. En abril llegó la jueza Madrid y decidió activar el expediente. La causa nació con la detención de Pablo “Bebote” Alvarez (octubre de 2017), líder de los barras brava de Independiente. En su testimonio involucró a los Moyano en una maniobra fraudulenta y sofisticada. A través de una empresa de informática, propiedad de la familia del líder camionero, se hacían entradas que eran distribuidas entre aquellos barras brava. También documentación para diversos fines. En la contabilidad del club se incorporaban ingresos provenientes de otros destinos. Incluso del gremio. Presunción sobre lavado de dinero.

En la trama figura además Damián Lagaronne. Al parecer, valijero en su tiempo de “Bebote” Alvarez. El barra fue defendido por Facundo Melo. Este cedió su lugar a Victor Hortel. El ex titular del Servicio Penitenciario Federal durante el kirchnerismo. Creador del llamado “Vatayón Militante”. Un grupo compuesto por presos que salían de la cárcel para participar en actos de apoyo a Cristina.Desde el año pasado, además, es asistente judicial de Lázaro Báez.

Melo, Hortel y Daniel Llermanos, defensor histórico de Hugo Moyano, son los que promueven ahora la investigación del fiscal Scalera por aquella supuesta extorsión. Según ellos, habría forzado a Lagaronne a inculpar a Pablo. El barra realizó hace poco una declaración secreta y voluntaria. Fue filmada. Ratificó sus dichos contra el hijo del líder camionero y vicepresidente de Independiente. Pretende acogerse a la figura del arrepentido. El trío de abogados que responde a los Moyano sostiene que no correspondería.

El comportamiento sospechoso del comandante de Gendarmería que tuvo a cargo el allanamiento en la sede de camioneros resultó abonado por más comprobaciones que hicieron el fiscal Scalera y la jueza Madrid. “Bebote” Alvarez y Lagaronne habían entregado a las autoridades un croquis de las oficinas de Pablo Moyano y sus adyacencias. Allí se realizaban, según ellos, las operaciones con las entradas, el dinero y otras yerbas. Dicho croquis coincidió exactamente con la verificación que hizo la Justicia en el lugar. Hasta en detalles llamativos. Nuevas sombras sobre las palabras y la fotografía de Saldaño.

Las autoridades se encuentran a veces, en esta transición electoral, con dificultades inesperadas. Bullrich, en consonancia con María Eugenia Vidal y el intendente peronista Martín Insaurralde, tienen diseñado un programa en La Salada, en el partido de Lomas de Zamora. El lugar que regenteaba hasta el 2017 el ahora preso Jorge Castillo, mandamás de una de tres bandas mafiosas. La idea consiste en rehabilitar la estación ferroviaria del Belgrano Sur. Colocar un puesto de seguridad federal, un cajero y una oficina de la ANSeS. La ministra de Seguridad pensó en delegar la tarea a Gendarmería. La fuerza se excusó aduciendo falta de efectivos. Bullrich debio redobar la presion para que terminara por aceptar.

Las dudas envuelven también la fuga de presos que ocurrió en Santa Fe. Eran trasladados desde la cárcel de Piñero a Coronda para un encuentro familiar, acorde con una disposición de la Justicia. Se habló al principio de una emboscada y un tiroteo. Los sucesos ocurrieron de otro modo. El vehículo se detuvo de repente en la banquina. A la altura de Granadero Baigorria. Salía humo de la cabina donde estaban los detenidos. Un policía entró allí. Fue atacado y desarmado. La mayoría de los reclusos, al parecer, no estaban esposados. ¿Negligencia o complicidad? Se armó una balacera y 9 de los presos lograron escapar en dos autos. El viernes fue pasado a disponibilidad Gustavo Ghiglione, comisario mayor de la delegación Santa Fe de la Policía Federal.

La Policía es desde hace muchos años un dolor de cabeza insoluble para el gobierno socialista de la provincia. Existieron descabezamientos por vínculos con los grupos narcos. En marzo 22 policías fueron expulsados al ser descubiertos en delitos graves. Robos y abusos, entre otros. Allá se estaría combinando, tal vez, una doble incertidumbre política. La del orden nacional. También la provincial después de las PASO donde el peronismo obtuvo una diferencia importante (12 puntos) respecto del socialismo. La experiencia de votaciones anteriores indica que la última palabra no estaría dicha.

Todos aquellos son apenas algunos de los campos de batalla que ocupan a Macri. Otros le aportan sólo disgustos en la víspera electoral. La industria y la construcción volvieron a mostrar una fuerte retracción en marzo. El consumo popular, en especial de alimentos, sigue reptando. La economía no da tregua. La política, en cambio, repuso el protagonismo de Cristina. Necesario, según el macrismo, para estimular la polarización. La ex presidenta emergió en medio de sus mejores marquesinas. Le aguardan otras menos gratas: en nueve días deberá sentarse en el banquillo por el primer juicio oral y público. Se la acusa de haber favorecido indisimuladamente a Báez con la obra pública.