La mesa está servida. Sólo café y masitas. Mauricio Macri, el anfitrión. Los invitados fueron llegando por separado a la casona de Acassuso. Germán Garavano (exministro de Justicia), Pablo Tonelli (Comisión de Justicia), Cristian Ritondo (Bicameral de Inteligencia) y Álvaro González (vicepresidente de la Cámara baja). Con el tacto habitual del político, el ingeniero indagó sobre la causa en la que lo tiene de protagonista. Quería conocer de primera mano cuánto sabe Cristina de Kirchner del expediente que tiene el juez federal Juan Pablo Augé.

La reunión tomó lugar el lunes pasado. Y luego partió a Francia, para estar lejos de la cuarentena vernácula. El viernes por la mañana, cuando las apuestas jurídicas daban ganador por una cabeza a Carlos Stornelli, la exacta cayó en saco roto. La investigación por el espionaje ilegal a Cristina de Kirchner durante la presidencia de Macri seguirá en el conurbano, ese lugar al que pocos doctorados en leyes aman trasladarse.

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La oposición carece de un líder. Hay oposiciones. En el momento en que el expresidente asomaba con las intenciones de dar un debate, sólo fijó posición con las “libertades” y la “propiedad privada”. La reforma judicial, el proyecto que envió Alberto Fernández al Congreso, tendrá el inicio del debate mañana. ¿Quién aportará una opinión para ser tenida en cuenta? ¿Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal? Una incógnita.

Los tiempos de Alberto Fernández son agitados. Las consecuencias de la pandemia aún se desconocen. Por tal motivo, esta semana habrá una sanción de ley para ampliar el Presupuesto vigente. Fondos para asegurar la política sanitaria, la asistencia social, subsidios al transporte y recursos a provincias. Los gobernadores hicieron un llamado de atención a la Jefatura de Gabinete por la modalidad de distribución. En el oficialismo prometen dar respuesta a cada jurisdicción.

Si bien hubo una agenda con “temas varios”, el almuerzo que tomó lugar en la residencia de Olivos prestó atención a la situación de la Provincia de Buenos Aires. Alberto Fernández recibió el lunes a Cristina de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof. En la Legislatura provincial hay un proyecto de ley con pedido de endeudamiento, pero que la oposición no aprobó. El plan de financiamiento consta de créditos con organismos multilaterales por una suma de u$s500 M destinados a obras, la emisión de un bono por $20.000 M para cancelar deudas con proveedores y una autorización para salir al mercado en pesos con Letras por $8.000 M. El vidalismo espera que parte de los fondos sea destinada a municipios que gobiernan.

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado argentino y con una imagen que debe reparar. En el año 2016 se encargó la confección de una suerte de auditoría para saber cuál era el estado de las causas en los juzgados federales, principalmente se apuntó a Comodoro Py. Dicha medida fue promovida desde el Consejo de la Magistratura y buscaba revelar el trabajo de los jueces. No tuvo impacto para la sociedad, si para la mesa judicial macrista. Hay dos proyectos, uno que propone la unificación de los fueros Penal y Penal Tributario, y otro con la creación de una comisión abogados para darle evaluar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos Fiscal y de defensores.

Volviendo a la reunión de Macri y los legisladores del PRO. El doctor Garavano hizo un estado de situación de las causas que en general hay en contra del expresidente y de los exfuncionarios. Ninguno de los presentes contradijo o hizo comentario al respecto. El diputado Ritondo fue una de las víctimas de la AFI que conducía Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El teléfono de Darío Nieto es la pieza clave en el expediente judicial. “No somos iguales”, el slogan que pareciera mandó a imprimir Jaime Durán Barba vía Marcos Peña es la repetición del secretario. El doctor Pablo Lanusse, interventor en la provincia de Santiago del Estero mandado por Néstor Kirchner, admite que hubo inteligencia ilegal. Si el abogado del expresidente afirma semejante hecho hasta dónde llegará la manda judicial.