Con las explicaciones del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, por el apagón masivo, el Gobierno pasa de página y desde hoy pretende dejar en el pasado su rol como regulador del servicio eléctrico en el área metropolitana mediante la ratificación del convenio de traspaso de las compañías que proveen luz a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

Mientras el gobierno de María Eugenia Vidal pretende avanzar con la rúbrica de un decreto, en la Ciudad el tema será abordado en la Legislatura, donde la bancada de Horacio Rodríguez Larreta tiene mayoría para aprobar a libro cerrado el texto que prevé "el ejercicio conjunto de la jurisdicción".

El tratamiento levantó suspicacias entre los ediles opositores, que esta semana criticaron la falta de debate y pusieron en el tapete ciertos puntos del acuerdo que se gestó como producto del consenso fiscal y la necesidad del Gobierno de achicar el gasto público, bajo auditoría del FMI.

La oposición porteña alertó en la antesala de la votación que el convenio condona una deuda de más de $ 7000 millones que las compañías eléctricas Edenor y Edesur deberían abonar a los usuarios por fallas en el suministro que resultaron multadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), aunque las empresas no lo reconocen como tal y más bien hablan de "negociaciones" que llevaron a una "compensación" por volcarse a futuro en la red en forma de inversión.

La Secretaría de Energía, en tanto, puso el acento en que el fisco mantenía deuda con las compañías por el tope de la tarifa social y la situación de los asentamientos informales entre 2006 y 2015, y que, tras negociaciones, el traspaso tendrá costo cero para las arcas nacionales, en tanto el remanente se volcará a "inversiones" sobre el sistema hasta 2021. Por encima de estas compensaciones, Edesur deberá pagar $ 3858 millones al Estado Nacional. Desde la firma controlada por la italiana Enel aseguraron a este diario que se abonarán los cargos.

Sin embargo, el intríngulis no quedó allí ya que la oposición considera que Edenor y Edesur deben al Estado mucho más que lo reconocido. El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FPV) estimó la deuda en $ 35.000 millones al denunciar penalmente al secretario Lopetegui por "malversación de fondos públicos". Las compañías aludidas evitaron comentar el tema.

En otro orden, el acuerdo conlleva la pérdida de competencias del ENRE y su reemplazo con el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), sin que obligar a traspasar la totalidad del personal. Por el contrario, hay una vaga mención a la potestad del EMSE de requerir "la transferencia del personal que considere necesario" para sus funciones.

En la provincia, concejales de diversos partidos demandaron que la gobernadora Vidal convoque a una audiencia pública para discutir las condiciones del traspaso, a la vez que expresaron su "total repudio" a las "condonación de la deuda de las empresas prestatarias del servicio". Según sus cálculos, Edenor se ve beneficiada con $ 21.189 millones de quita, en tanto Edesur esquivaría pagar $ 21.399 millones.