El kirchnerismo inició esta semana un enfrentamiento con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), enviada por el ministro de Ambiente Juan Cabandié y con dictamen para llevarla al recinto.

Como relató LPO, la ley es la tasa del 3% que se cobra por el valor de cada envase que no se recicle, que iría a un fideicomiso destinado entre otras cosas a financiar plantas de reciclado. Para la oposición será motivo de inflación y un nuevo golpe impositivo a las empresas. 

Después de emitidos los dictámenes, que también fueron rechazados por Graciela Camaño, AmCham emitió un comunicado para repudiar la ley, que de alguna manera confirma que estuvieron detrás de los diputados que intentan frenarla.  

Juntos rechaza la ley de envases del Gobierno porque le cobra una tasa a las empresas 

"Es una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma".

"Alarma que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación", señaló el comunicado. 

La respuesta llegó por parte de Daniela Vilar, diputada con origen en La Cámpora y una de las expertas en temas ambientales del Congreso. "Los mismos actores políticos, económicos y mediáticos que se opusieron a la Ley de Etiquetado Frontal atacan con información falsa la Ley de envases", los identificó.

Es que en AmCham tienen peso las empresas de gaseosas y bebidas de Estados Unidos, las principales perjudicadas con la ley de etiquetado y la envases, que las obligará a desembolsar el 3% de casi toda su producción. 

"La responsabilidad extendida del productor no es nada nuevo: es un principio ampliamente aceptado, promovido por la OCDE y aplicado en muchísimos países. Establece que quienes introducen envases en el mercado asuman su responsabilidad en reducir su impacto ambiental", explicó la diputada. 

"Pero la Tasa Ambiental no es un `impuesto`-aclaró-. Es el pago por el servicio de reciclado de envases, imprescindible para la sostenibilidad ambienta. Las empresas tienen una alternativa para no pagar la Tasa Ambiental: generar envases retornables y ocuparse del Depósito, Devolución y Retorno".

"La recaudación irá a un fideicomiso al que podrán acceder los municipios si presentan un plan de abordaje integral de gestión de residuos y rinden cuentas de cómo administrarán esos fondos. Así se evitará todo tipo de discrecionalidad en el manejo y distribución de lo recaudado", aclaró.

La ley incorpora además a 200.000 cartoneros al sistema de reciclaje, "que actualmente hacen este trabajo en condiciones insalubres y denigrantes. No se hace más que reconocer este sistema que ya existe, generar aún más puestos de trabajo y dignificar las condiciones laborales".