Las empresas sancionadas por el organismo ambiental fueron Basf Argentina S.A., Red Surcos S.A., Cofco International Argentina S.A. y Rotam Argentina S.R.L. La sanción se debió a la infracción de la ley nacional 27.279 que obliga a las empresas que venden productos sanitarios (agroquímicos) a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases.

Según el OPDS, las compañías representadas por la Fundación Campo Limpio “no adecuaron su gestión a la normativa vigente en el plazo previsto por la ley y fueron multadas por $49.460.154 (Basf Argentina), $12.062.398 (Red Surcos), $8.992.755 (Rotam Argentina) y $6.982.356 (Cofco)”.

El fallo judicial confirmó las sanciones pero realizó una reducción de un diez por ciento “en función de lo resuelto en materia de atenuantes y agravantes”.

La OPDS informó que de los más de 13 millones de envases declarados y volcados al mercado de la provincia de Buenos Aires durante 2019 dichas empresas recolectaron poco más de un millón, lo que representa un aproximado de 8% del total de los envases que les correspondía gestionar.

"Más de 12 millones de envases fueron abandonados en los campos o pasaron a formar parte de circuitos ilegales de recolección, reciclado y disposición final de plástico y otros materiales. La gestión deficiente de este tipo de envases representa un peligro potencial para el ambiente y la salud", aseguraron desde el organismo. 

Como autoridad de aplicación de la normativa ambiental en la provincia de Buenos Aires, y órgano ejecutor de la Ley Nacional 27.279 para todo el territorio bonaerense, el ente público informó que llevó adelante los procesos de notificación (1110 notificaciones a 107 empresas apercibidas y/o sancionadas) y posteriormente procedió a multar por un total de más de 700 millones de pesos a 26 empresas en infracción.

En su fallo, el juez Tatarsky señaló "el incumplimiento de varios artículos de la Ley 27.279 por parte de las empresas y Campo Limpio, que no ofreció prueba alguna que desmienta los extremos afirmados por el informe (elevado por el OPDS), en tanto y en cuanto indicaban en lo esencial, que no se había adecuado el régimen legal dentro del plazo, y que incumplía con la debida gestión de los envases vacíos de los productos fitosanitarios que vendía”.

"Se advierte que el informe no es nulo -sino que, en tal caso, se lo debió desmentir prueba mediante- y de ello se deduce que no hay nulidad del procedimiento sancionatorio”, agregó el juez. 

Según explicaron desde el organismo, “la correcta implementación de un sistema de gestión de envases -obligación de las empresas, que OPDS controla- previene la contaminación del agua y el suelo, resguardando la salud de las y los trabajadores y productores agrícolas y de la población en general, preservando los ecosistemas y los servicios ecológicos”.