Por Eduardo Menegazzi

El primer día de los debates en la Comisión de Juicio Político que se instaló en el Congreso, que puso en foco a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, transcurrió en un clima tenso y de confrontación entre oficialismo y oposición. Y en la Casa Rosada evaluaron con satisfacción el resultado, aunque saben que el camino por recorrer en estas sesiones extraordinarias será largo y que la posibilidad de coronar este proceso con éxito son más bien escasas.

Uno de los principales argumentos que esgrimen es que lograron que los cuestionamientos a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, queden en el centro de la escena. Instalaron el tema, consiguieron el quórum necesario en la Comisión que preside la diputada entrerriana Carolina Gaillard y obligaron al principal bloque opositor, el que nuclea a Juntos por el Cambio, a sentarse a discutir, como parte del año electoral.

Obtener el dictamen favorable en esa Comisión no será un obstáculo para avanzar con su plan de erosionar la imagen de los jueces, después de algunos fallos como el de la coparticipación que ordenó devolver fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el del andamiaje del Consejo de la Magistratura, que en el Gobierno consideran que son un ataque directo a los otros poderes del Estado.

El pedido de juicio político tendrá hacia adelante un difícil debate acerca de los chats hackeados y la facultad de citar a declarar a los miembros de la Corte Suprema. Quienes se oponen, respaldados en la doctrina del fruto del árbol venenoso, rechazarán que se utilicen los chats que involucran a algunos de los cortesanos como evidencia. El Frente de Todos, con 16 de los 31 integrantes de la Comisión, sabe que con esa mayoría de la mitad más uno será suficiente para trasladar al recinto la discusión.

Otro punto que deberá saldarse se vincula con la citación de los jueces, ya que la oposición considera que es una facultad de los denunciados que está al margen de la voluntad política del bloque oficialista. Así está escrito en el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político. El kirchnerismo insistirá en que la declaración de los cuatro cortesanos deberá ser de modo presencial.

Alberto Fernández, principal impulsor del juicio político a la Corte, sostiene que los integrantes del alto tribunal deben ser citados y asegura que los chats hackeados pueden utilizarse como evidencia. La interpretación presidencial de las normas penales y administrativas será replicada al momento de tratar estos asuntos clave en la Comisión de Juicio Político.

En el recinto aparece como casi imposible que la iniciativa avance. Se necesitan las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes para su aprobación. Y los números, incluso para alcanzar el quórum de 129 legisladores, por el momento no dan. Si la Cámara Baja lo aprobase, se debe nombrar a tres legisladores como fiscales que refuercen la acusación ante el Senado. Los senadores actúan en estos casos de pedidos de juicio político como Tribunal y serían quienes dispongan la destitución de los integrantes de la Corte Suprema.

Hay presentados 14 pedidos de juicio político que implican 60 acusaciones en total contra Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Y la comisión tiene que definir qué denuncias se toman en cuenta. Esas acusaciones determinarán la marcha del proceso contra cada uno de los integrantes del alto tribunal.

En febrero, se debe decidir la admisibilidad de las causas en contra de los cuatro jueces y esa será una compleja decisión que podría desatar un conflicto de proporciones en la Comisión de Juicio Político.

Se vivieron momentos tensos en la primera jornada de debates en el Congreso. Ese clima de tensión seguirá en las que se avecinan debido a las posiciones antagónicas. Los legisladores oficialistas utilizaron mayoría de chicanas y argucias para descalificar a Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Pero no exhibieron evidencias que permitan justificar la remoción de los cuatro jueces que están en la mira. Juntos por el Cambio, optó por castigar a la administración de Alberto Fernández en lugar de asegurar que los magistrados son inocentes de los cargos imputados por la bancada kirchnerista.