Los mismos que dicen defender la Constitución se saltan a la torera el contenido de sus artículos 16 y 27, que amparan la libertad de culto y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas. No es, claro, un artículo ‘solo para católicos’.

Pero, lo peor no es que la ultraderecha se dedique a explotar sentimientos racistas o xenófobos en contra de los residentes baleares de credo musulmán, sino la vergonzante respuesta del Govern.

El conseller se escuda en una mera obligación legal para justificarse frente a una parte de la opinión pública que, por desgracia, –a izquierda y derecha– identifica el islam únicamente con la violencia del islamismo radical o con determinados estereotipos de la mujer incompatibles con nuestros valores constitucionales. Para ello, ignora que el islam es la religión de más de cincuenta mil de nuestros conciudadanos en Balears y que la ley ya señala que el plan de la asignatura deberá respetar la Constitución, sin lo cual el Gobierno no lo hubiera publicado en el BOE hace ya más de cinco años.

El cumplimiento efectivo de este requisito es responsabilidad de la Inspección Educativa, pues el currículum de Religión Islámica –que March parece desconocer– contiene temas como el de la «erradicación de la discriminación sexual», o la «educación para la paz y la convivencia de las personas», entre otros relativos a valores universales.

■ Lo que la izquierda laicista de este país quiere cargarse directamente es la libertad religiosa. Conspicuos elementos del sector educativo progre se permiten afirmar que, en la escuela pública, la religión –todas las religiones– deben desaparecer, porque el único credo válido –tan cargadito de dogmas como la más retrógrada de las confesiones– es el laicismo, que ellos practican y del que son ministros destacados que otorgan bulas y perdones.

■ Lo cierto es que Martí March no solo está obligado por una ley de 1992 que ampara el derecho de las familias musulmanas –y las judías, y las evangélicas– a que sus hijos reciban clase de religión en los centros públicos cuando exista demanda, como pasa con los católicos desde hace décadas, pese a la ofensiva antirreligiosa de la izquierda. El conseller lo está, además, por nuestra Constitución y, por si le quedare alguna duda, por el artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que aprobaron en 2000 el Parlamento, el Consejo y la Comisión de la UE. El derecho a recibir enseñanzas religiosas integra también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Con esta actitud mezquina, que esconde el ancestral resentimiento antirreligioso y anticlerical que diferencia a nuestra izquierda de la del resto de Europa, la progresía social que sustenta al Govern se acerca peligrosamente a nuestra xenófoba extrema derecha.