Por MARÍA EUGENIA SUÁREZ.

La decisión de Alberto Fernández de respaldar el reclamo de los intendentes que buscan quebrar el límite a las reelecciones sorprendió gratamente a los territoriales de Juntos por el Cambio (JxC). Es que aquel planteo es compartido. Aunque abiertamente destacan la necesidad de respetar lo votado, por lo bajo trabajan en un salida judicial que pise la ley.

La estrategia inmediata es el silencio. Mientras el carro se siga moviendo en el mismo sentido ganan todos. La ley que avanzó en agosto de 2016 motorizada por el Frente Renovador (FR) –en tiempos en que Sergio Massa no era parte de la alianza que terminó ganando las elecciones– y apropiada por María Eugenia Vidal incomoda, al calor del calendario electoral, a propios y a ajenos. Por eso, la expresión de AF, además de sorprender, se acomoda a la necesidad de muchos mandamases distritales cambiemistas; a 51 exactamente, 14 de ellos PRO. Es un buen regalo.

Abiertamente, los intendentes e intendentas de JxC rechazan las razones que motorizan al peronismo a pedir que la ley se revea. Sin embargo, son varios los que advierten que la norma atenta contra sus ganas de permanecer en el sillón municipal.

“Estuve de acuerdo con que nuestro espacio aprobara la ley. No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano. No se puede cambiar la ley todos los días. Lo que se votó está bien”, dijo en septiembre pasado a Letra P el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Su posición es compartida públicamente por la mayoría de los intendentes y las intendentas de su espacio.

Sin embargo, según supo Letra P, JxC analizaba una salida judicial para cachetear la norma. En principio planteaban que la ley no podía ser retroactiva, es decir, no podía entenderse como primer mandato el año 2015 cuando la ley fue aprobada en 2016. En este sentido, para saltear aquel escollo, buscarían que la justicia determinase como primer periodo el 2017. El artilugio permitiría que aquellos que asumieron en diciembre de 2015 pudieran buscar otro mandato en 2023.

La opción es barajada por un importante grupo de intendentes que espera que la situación se termine “acomodando” por la vía judicial, mediante una presentación que, eventualmente, podían presentar de manera colectiva consejeros escolares, concejales, legisladores y algunos intendentes.

El respaldo de Fernández no sólo le quita el peso y la presión de tener que motorizar una iniciativa para aclarar los grises, sino que los corre de eventuales polémicas, teniendo en cuenta que el proyecto fue parte del discurso vidalista sobre reforma política.