La Iglesia reclamó que la trata de personas sea declarada delito de lesa humanidad y advirtió sobre un “insuficiente e ineficaz” combate por parte del Estado contra las redes delictivas que reclutan niños, mujeres y hombres para explotación sexual y laboral.Los equipos diocesanos de Pastoral Social que acompañan a víctimas de este delito adhirieron con misas y jornadas de concientización al Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemoró el miércoles.“La trata de personas en todas sus formas, y en particular el tráfico para fines de explotación sexual y prostitución, debe ser declarada un crimen de lesa humanidad” sostuvieron las organizaciones eclesiásticas.La Pastoral Social de Río Gallegos exigió que los traficantes sean llevados a juicio en “el marco de leyes nacionales e internacionales claras y se decomisen las ganancias que sean producto de su actividad ilegal”.Además, pidió en un comunicado que las víctimas del delito de trata sean “indemnizadas por todos los daños sufridos”.“A pesar que la legislación vigente tipifica el delito de trata de personas resulta todavía insuficiente e ineficaz la asistencia a las víctimas, a sus decisiones y a derechos establecidos en la ley” aseveró, y agregó: “Del mismo modo que resulta todavía insuficiente e ineficaz la lucha contra las redes de trata y prostituyentes”.La Iglesia expresó su preocupación por “la alta tolerancia social a naturalizar el sistema prostibulario” y reclamó acciones sociales y educativas para “desalentar el consumo de sexo pago que deshumaniza y sitúa a la persona en un lugar de objeto, constituyendo una forma de violencia”.La Pastoral Social denunció también que las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego “son lugares de destino, y más recientemente también de tránsito, para la trata de personas con fines de explotación sexual”.“Urge poner especial atención en las condiciones de vulnerabilidad de los lugares de origen de muchas mujeres, niñas, niños y hombres que son reclutados por las redes de trata, con diversos artilugios de engaño, para poder así garantizar el respeto irrestricto a sus derechos humanos”, sugirió.