A pocos días de haberse iniciado la carrera electoral en todo el país y mientras el Gobierno lanzó una ofensiva para desplazar de su cargo a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, el obispado de Quilmes que lleva adelante manifestó su “preocupación por la judicialización de la política. Hecho que vemos recrudecer en el contexto de la actual campaña electoral” advirtiendo que los acontecimientos de las últimas semanas “no parecen responder a legítimos esclarecimientos de la Justicia sobre la administración de la “cosa pública” sino a “maniobras corporativas  que buscan deslegitimizar al adversario político con operadores mediáticos y judiciales mediante” y que parecieran aumentar en los días previos a la feria judicial y las elecciones.

En dialogo con Caminos Religiosos, fuentes eclesiales dejaron trascender que la preocupación por el deterioro judicial está vinculado a “la deuda con la ciudadanía: los pobres no tienen justicia porque está de espaldas a nuestro pueblo. La justicia es para unos pocos” y recordaron los fallos internacionales sobre la detención de Milagro Sala en contraposición a otros funcionarios que aguardan sus procesos judiciales en libertad. “¿Es una cuestión de clase social?” se preguntan a la vez que piden “pensar la justicia desde la óptica del que no tiene como llegar a ella”. 

La situación denunciada por la Iglesia en torno a Gils Carbó genera rispideces dentro de la alianza Cambiemos: mientras el Ministro de Justicia, Germán Garavano, negaba este martes que el presidente Macri quisiera remover a la cuestionada procuradora mediante un DNU, el diputado oficialista Pablo Tonelli afirmaba lo contrario, recordando el antecedente del fiscal Molina removido por decreto del entonces presidente Menem. Y la diputada Elisa Carrió advertía que “Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó” dejando claro que “cambian la ley o hay que sacarla por juicio político” porque “nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución."

`La democracia se cura con mas democracia’ advierten desde la diócesis quilmeña, citando a monseñor Gerardo Farrell, su segundo obispo. Por eso hicieron un fuerte llamado de atención sobre el peligro de avasallamiento de las instituciones y el consecuente deterioro de la calidad democrática, recordando las palabras de Macri en su discurso de asunción cuando llamó a trabajar por una “justicia independiente” y pidiendo que se respete lo que establece el artículo 120 de la Constitución Nacional en estos casos. “No da la impresión, por poner un ejemplo, que medidas como éstas vayan en consonancia con la mencionada expresión programática del gobierno” afirma el comunicado en referencia a los intentos por remover a la procuradora.

“¿Cuál es la posición del episcopado ante esta situación?” preguntó Caminos Religiosos y la respuesta es un ‘secreto a voces’: “Por un lado Francisco expresa pensamientos y situaciones que los obispos en general no se animan a repetir” afirman.

 “Nos parece que está en juego la salud democrática de nuestra Patria. La división de poderes es clave frente a todo intento de concentración del poder” agrega y lanza un pedido para que los “gobernantes recapaciten frente a cualquier medida que pueda vulnerar la integridad en el funcionamiento de nuestras instituciones” revalorizando el  ejercicio de la política como “comunidad nacional.”