La Iglesia Católica afirmó el pasado jueves a través de un comunicado de la Congregación para la Doctrina de la Fe que es "moralmente aceptable utilizar las vacunas contra el Covid-19 que usaron líneas celulares procedentes de fetos abortados en su proceso de investigación y producción". 

El escrito fue firmado por el prefecto cardenal Luis Ladaria y el secretario, monseñor Giacomo Morandi, con fecha del 17 de diciembre.

Bajo el nombre "Sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra el Covid-19", dicho documento da luz verde a la utilización de los preparados creados en base a fetos abortados de los años '60. Sin embargo, aclara que este aval no significa bajo ningún concepto "una cooperación formal con el aborto del cual derivan las células con las que fueron producidas".

 A su vez, remarca no "pretende juzgar la seguridad y la eficacia" de las actuales vacunas contra el COVID-19, ya que dice le compete a los investigadores y a las farmacéutica. Por ende, solo se concentra en el aspecto moral en su uso. 

Declaraciones previas de la Santa Sede

A lo largo del escrito, se rememoran tres pronunciamientos anteriores sobre la cuestión: el de la Pontificia Academia para la Vida (PAV), de 2005; el de la Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dignitas Personae, de 2008, y por último, una nueva nota de la PAV, de 2017. 

Puntualmente, La instrucción "Dignitas Personae", aprobada por el papa emérito Benedicto XVI, especificaba que "existen responsabilidades diferenciadas" porque "las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito" no tiene la misma responsabilidad que "aquellos quienes no tienen ningún poder de decisión".

Por lo tanto, y siendo un pie de apoyo para el comunicado más reciente, sustenta que frente a la imposibilidad de encontrar antídotos "éticamente aceptables", puede considerarse "moralmente aceptable" vacunarse con sueros que hayan usado líneas celulares procedentes de fetos abortados.

 Joseph Aloisius Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, aprobó la instrucción "Dignitas Personae" en 2008.

A su vez, determina que la relación entre quien se aplica la vacuna y el aborto es remota y no vinculante: "la utilización moralmente lícita de este tipo de vacunas, por las particulares condiciones, no puede constituir una legitimación incluso indirecta de la práctica del aborto, y presupone la oposición a esta práctica de quienes acceden a ella". detalla el comunicado del año 2008.

Pide también a las empresas farmacéuticas y a las agencias sanitarias gubernamentales que "produzcan, aprueben, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables que no creen problemas de conciencia".

La instrucción remarca en sus últimos párrafos que, ante la "ausencia de otros medios para contrarrestar o incluso solo para prevenir la epidemia", la vacunación debe estar asegurada "especialmente para salvaguardar a los más débiles y expuestos". 

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Asimismo, aquellos que por motivos de conciencia rechacen las vacunas, deben sin embargo "esforzarse para evitar, con otros medios preventivos y comportamientos adecuados, convertirse en vehículos de transmisión."

Finalmente, el antiguo Santo Oficio define como "un imperativo moral" garantizar que "vacunas eficaces y éticamente aceptables" sean accesibles "incluso para los países más pobres y de una manera que no sean costosas para ellos", porque la falta de acceso a las vacunas "se convertiría en otro motivo de discriminación y de injusticia".