Al texto de la reforma tributaria presentada por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla le llovieron críticas de ciudadanos y varios sectores políticos. Pero uno de los grandes cuestionamientos que se le hizo a la llamada Ley de Solidaridad Sostenible –ya retirada–, y que pasó desapercibido, es que no incluía un impuesto adicional a las bebidas azucaradas.

Carrasquilla defendió la exclusión de este tipo de bebidas en la reforma argumentando que esa discusión debe darse en el Congreso. Unas semanas antes de renunciar, explicó que el presidente era escéptico “sobre la bondad de este impuesto. Yo no estoy seguro de que ese impuesto tenga los efectos sobre las externalidades sobre la salud de la ciudadanía, pero estamos dispuestos a ese debate”, dijo entonces Carrasquilla.

Con un ministro entrante y la misma necesidad del Gobierno de obtener recursos con una nueva reforma tributaria, el debate sobre la necesidad y la utilidad del impuesto a las bebidas azucaradas está más vigente que nunca. Y, sin duda, la discusión abre un nuevo espacio para que en esta ocasión sea incluido.

A diferencia de lo que opina Carrasquilla, algunos economistas y expertos consideran que la evidencia sobre el beneficio de gravar este tipo de productos es muy clara. Sin embargo, otros piensan que la experiencia internacional no confirma sus bondades.Lo cierto es que este impuesto debe analizarse desde dos miradas: el recaudo económico que puede generar y el ahorro por prevención en salud.

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien durante el pasado Gobierno puso sobre la mesa la necesidad de adoptar este impuesto, señala que si se siguiera la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de aumentar el precio de las bebidas azucaradas en 20 por ciento, se podría recaudar en Colombia un billón de pesos en el primer año.

El segundo aspecto que destaca es la importancia de este impuesto en el ahorro que se lograría a mediano plazo en el sistema de salud. “Es más por salud que por temas fiscales. Este impuesto hay que mirarlo con el lente de la salud pública y no con criterio fiscalista”, precisa Cárdenas.

 

En Colombia, 56 por ciento de la población entre 18 y 64 años tiene sobrepeso u obesidad y una de cada cinco sufre de obesidad. Además, hay 2,2 millones de adultos con diabetes, lo que ubica al país como el segundo de América Latina con más personas entre 20 y 79 años que padecen esta enfermedad. A esto hay que sumarle el hecho de que 81 por ciento de los jóvenes ingiere gaseosas o refrescos, por lo que la prevalencia de estas enfermedades no tendería a disminuir.

Quienes apoyan este impuesto aseguran que contribuirá a reducir esta cifra y, por consiguiente, generará un alivio en el sistema de salud equivalente a unos 220.000 millones de pesos, contando solo lo que cuesta la atención de la diabetes que se le atribuye a las bebidas azucaradas, según cálculos del mismo Ministerio de Salud, que en 2016 apoyaba esta iniciativa.

Ese año, el presidente Duque era senador y criticó que el Gobierno presentara el proyecto para poner este impuesto, asegurando que el problema de la obesidad en Colombia correspondía más al sedentarismo que al consumo de bebidas azucaradas.

Pero otra cosa opinan los expertos internacionales. Douglas Bettcher, director de Prevención de Enfermedades no Infecciosas de la OMS, dijo recientemente que “el consumo de azúcares libres, incluidas las bebidas azucaradas, es uno de los principales factores del incremento global de personas que sufren obesidad y diabetes”.

Cárdenas ha dicho que no ve “cómo piensa explicar el Gobierno que es mejor gravar los alimentos saludables con el IVA que las bebidas azucaradas”.

Y reiteró que una de las maneras de desincentivar o reducir el consumo de productos nocivos es subiendo el precio final.Desde 2018, las bebidas azucaradas tienen un IVA plurifásico en Colombia, lo que quiere decir que lo pagan en cada eslabón de la cadena del producto (distribuidores, comercializadores y minoristas), como regla general.

La propuesta ahora es que se incremente el precio en el consumidor final de 300 pesos por litro.

A medida que sube el precio, las personas tienden a demandar menos esos bienes. Un ejemplo que se dio en el país fue el aumento en los impuestos al tabaco en 2016. En los tres primeros años de implementación, la prevalencia del tabaquismo cayó en 1,1 puntos porcentuales, según las encuestas de calidad de vida de 2016 y de 2019.

En México ya se ha visto una reducción del consumo de bebidas azucaradas. En 2009, esa nación era el principal consumidor de estos productos en la región, con 163 litros promedio por persona. Esto incluía gaseosas, jugos endulzados y refrescos saborizados.

En 2014 se adoptó un impuesto de un peso por litro y ese mismo año se redujo en 5 litros el consumo promedio, tendencia que se ha mantenido levemente cada año. En contraste, en ese país aumentó 7,1 por ciento el consumo de agua, según cifras del Instituto de Salud de México.

Pero algunos críticos insisten en que sí aumentó el recaudo, pero el impuesto por sí solo no reduce o logra el impacto deseado en salud.De eso tan bueno...Pero no todos coinciden en la conveniencia de adoptar este ‘impuesto saludable’.

De hecho, consideran perjudicial subir el precio de estos productos.El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry consideró que ejemplos internacionales dan fe de que este tipo de impuestos no generan los beneficios esperados.

Explicó que el país pionero en estos gravámenes fue Dinamarca hace una década, donde “un año después, el Gobierno de centroizquierda lo abolió por las inmensas dificultades administrativas, aumento de precio, demanda de importaciones, salida de empresas y la pérdida de empleos”, explicó.

Y agregó que el recaudo no sería de un billón de pesos anuales, sino de apenas 400.000 millones.

La Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi, que en el pasado ha expresado su oposición, aseguró esta vez que solo presentarán su posición sobre un eventual impuesto, “una vez el sector conozca algún proyecto formal”.

Lo cierto es que en el mundo hay al menos 40 países que ya implementaron este tipo de impuesto, tal y como lo pide la OMS.

En la región, además de México, también Perú, Chile y Ecuador han gravado de cierta manera estos productos.

En Colombia se ha tratado de seguir el camino de estos países casi simultáneamente. La primera vez que esta propuesta vio la luz en Colombia fue en 2016, cuando se tramitó la reforma tributaria del anterior Gobierno.

La batalla la libraron Cárdenas, desde Hacienda, y Alejandro Gaviria, desde el Ministerio de Salud. Al caerse la propuesta, el hoy rector de la Universidad de los Andes manifestó su decepción, expresando el poder que tiene esta industria en el país.

“En resumen, ganó el lobby y perdió la salud pública”, dijo en ese momento.Desde entonces, al Congreso han llegado, en cinco ocasiones, proyectos de ley que proponen gravar las bebidas azucaradas.

Esos proyectos no han sido aprobados, a pesar de que este es un pedido recurrente de organizaciones de padres de familia y expertos del sector salud.

Para el representante a la Cámara León Fredy Muñoz, uno de los ponentes del más reciente proyecto de ley relacionado con este tema, hay un fuerte lobby en la industria relacionada con el azúcar.

El parlamentario señaló que en una anterior ocasión, en la Comisión Tercera –donde se tramitan los proyectos de corte tributario–, 26 de los 30 congresistas se declararon impedidos para votar esta iniciativa.

El problema es que ahora los parlamentarios tienen la posibilidad de no declarar el conflicto de interés en caso de haber recibido recursos de industrias de sectores interesados en este impuesto.

Hasta 2019, los congresistas que discutían un artículo o proyecto que tenían relación con financiadores de su campaña debían declarar el conflicto de interés. Sin embargo, ese año el Congreso modificó el artículo 286 de la Ley 5 de 1992, que los obligaba a declararse impedidos en estos casos.

Es decir que hoy un grupo de representantes que han recibido financiación de empresas de la industria de los productos comestibles ultraprocesados no tienen la obligación de marginarse de la decisión y votar para que se archive el proyecto.

Este colectivo demandó la modificación de ese artículo, y la acción ya fue admitida por el despacho de la magistrada Cristina Pardo, en la Corte Constitucional. Son públicas las cifras de financiación de estas empresas a los congresistas y partidos.

Una de las principales industrias de bebidas en el país aportó 3.958 millones de pesos a Cambio Radical y 2.200 millones de pesos al Centro Democrático. Parlamentarios de esos partidos lideraron la oposición al último proyecto de ley para gravar estos productos.

Más allá de las suspicacias que se generan alrededor del porqué no pasa este impuesto, esta es una nueva oportunidad para que el Gobierno decida si incluye esta propuesta en la reforma tributaria. O si esta iniciativa debe ir como proyecto de ley por sexta vez al Congreso.