Hipódromos: la Legislatura bonaerense debe decidir si elimina los subsidios o posterga la decisión

Hipódromos: la Legislatura bonaerense debe decidir si elimina los subsidios o posterga la decisión

El proyecto de la gobernadora bonaerense de suprimir la ayuda a los hipódromos será tratada por los legisladores de la provincia antes del tratamiento del Presupuesto y de la Ley Fiscal.

 

En tiempos de escasez cada moneda cuenta. Hasta la del juego. El gobierno de María Eugenia Vidal tiene previsto eliminar el subsidio a los hipódromos, que este año se proyecta en 1500 millones de pesos, antes de 2020 y la Legislatura resolverá si estira los plazos o mantiene la estrategia original. El proyecto debe debatirse antes del Presupuesto y la Ley Fiscal.

Mientras, la actividad hípica condiciona la aprobación porque –según los argumentos- el tratamiento pondría en riesgo unas 50 mil fuentes directas e indirectas de trabajo en la Provincia. Por eso, de acuerdo con la evolución de las conversaciones, habría alguna morigeración en las posturas. Desde el Ejecutivo insisten en que los hipódromos que funcionan en Buenos Aires pueden mantenerse con recursos propios. ¿Cuáles serían esos ingresos autogenerados?. La venta de carreras al exterior y las apuestas on line, por ejemplo. La iniciativa está en el Senado.

En su momento, Vidal había explicado que con los 1.300 millones de pesos que la Provincia le aportó al turf en 2017, “se podría haber puesto en valor 30 guardias de hospitales, comprado 650 ambulancias, construido mil viviendas o hacer más de 120 kilómetros de ruta”. Irrefutable en términos numéricos. Pero, desde las variadas ramas de la actividad hípica responden que en el medio hay familias que dependen de La Plata, San Isidro, Azul, Tandil y Dolores. Pero, además, entre otros, están los Haras distribuidos en varias regiones bonaerenses e intentan comprometer el apoyo de las comunas para atenuar los alcances de la medida.

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La norma en discusión establece que el Instituto de Loterías asigne hasta diciembre de 2019 el 9 por ciento de los recursos provenientes del Fondo del Juego al turf. Y que desde ese momento ese aporte vaya reduciéndose en 1 punto por bimestre hasta que se elimine definitivamente el subsidio.

Si las partes acuerdan un mix entre alargamiento de los plazos (hasta dos años y medio) e instancias alternativas de financiamiento (como la venta de derechos de televisación de las carreras), el proyecto tendría posibilidades. Hasta ahora es conversación.

Algo es seguro: "La idea de eliminar el subsidio se mantiene inalterable". Coincide Cambiemos en la Legislatura y los funcionarios del Ejecutivo. La oposición es refractaria de la propuesta. En Diputados el macrismo está condicionado porque no tiene mayoría. Por eso, el oficialismo admite algún retoque. Pero con límite: “Está resuelta la decisión de dejar de subsidiar actividades que no son esenciales para la Provincia . No vamos a transigir en esa postura”, explican los representantes de ambas cámaras. Tienen los votos para imponer criterios en el Senado, aunque procuran consenso.

Criadores, veterinarios, propietarios de caballerizas, jockeys, personal mensualizado, alambradores, productores agropecuarios y transportistas, entre otros, están expectantes.

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El jueves pasado hubo una protesta en San Isidro, donde jockeys, cuidadores y caballos en training salieron a la pista con carteles críticos de la ley. En esa misma jornada, en un plenario de comisiones las entidades representativas del sector expusieron ante la decidida postura del gobierno. Integrantes de la Asociación Gremial de Profesionales del Turf, de Criadores de Sangre Pura de Carrera; de Propietarios de Caballerizas, Trabajadores Mensualizados del Hipódromo, las cámaras de agencias y el Jockey Club, explicaron que de los 81.000 puestos de trabajo en todo el país, 50 mil están en la Provincia.

El dato es consistente, como -según el gobierno- la posibilidad de autogestionarse. En la pulseada hasta intervienen factores levemente morales: la Iglesia, preponderante Al inicio de la gestión de Vidal, monseñor Jorge Casaretto se ocupó de advertir sobre la necesidad de poner las restricciones al juego en la provincia de Buenos Aires. En varias oportunidades, el entonces arzobispo Jorge Bergoglio también cuestionó tanta devoción lúdica, en ese caso dirigido a Mauricio Macri, a cargo del gobierno porteño. No se sabe si en la reciente visita de Vidal al Vaticano, además de la agenda social, ambos repasaron este temario.

La gobernadora, explican sus colaboradores no está dispuesta a dar marcha atrás. Los casi 1500 millones de pesos serían necesarios para prestaciones del estado más perentorias que el turf. Una vieja pasión de los argentinos, desde hace un tiempo cruzada por insumos adicionales electrónicos de dificultosa familiaridad con los pura sangre de carreras, como en Palermo.

Existe una pulsión empresaria por esas máquinas. Revelan intereses, al parecer, recíprocos: el estado bonaerense se lleva el 30% de las 27.000 tragamonedas que funcionan en su territorio. Es parte del filón. Por todo concepto, en impuestos al juego, el fisco recauda 9 mil millones de pesos en los bingos y 4 mil millones en los casinos.

Siempre, en el fondo, lo que se discute es plata.

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