El nuevo esquema de restricciones decretado por Alberto Fernández para atenuar la pandemia profundizó la grieta piquetera en la Argentina bajo dos alertas relevantes: la ampliación de una grave crisis social y el incremento de la protesta callejera de los movimientos sociales que reclaman más ayuda estatal aparecen ahora como una fuerte amenaza concreta para el gobierno.

Bajo este complicado panorama, en el piso 13 del Ministerio de Desarrollo Social se reunirán mañana funcionarios que responden al ministro Daniel Arroyo y a Sabina Frederic del Ministerio de Seguridad junto con los principales líderes de agrupaciones sociales que exigen un mayor apoyo de ayuda estatal en medio de la cuarentena y amenazan con seguir tomando la calle con reclamos si no se les da respuesta inmediata.

La postal del jueves pasado de miles de piqueteros en las calles de la ciudad de Buenos Aires que reclamaron por más planes, alimentos y vacunas alertó el clima de la Casa Rosada. No sólo por la dimensión de la protesta sino por la confluencia de movimientos sociales opositores al gobierno con grupos como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) o el movimiento Darío Santillán, quienes hasta ahora estaban alineados con las agrupaciones oficialistas nucleadas en el famoso triunvirato de "Los Cayetanos".

"Es irresponsable movilizarse masivamente, aunque los motivos sean atendibles", expresó a El Cronista el secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno y uno de los líderes del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro. Fue una voz de alerta y alarma al mismo tiempo que se levantó en la Casa Rosada. Desde esa mirada se planteará la reunión mañana en el Ministerio de Desarrollo Social con las agrupaciones sociales. 

La alerta oficial tiene su lógica: refleja la fuerte preocupación que hay en la Casa Rosada ante el incremento de contagios que puedan generar más movilizaciones callejeras de grupos piqueteros y la grieta cada vez más profunda que se percibe en los movimientos sociales a las puertas de la segunda ola de Covid-19.

Las palabras de Juan Grabois, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y de nexo directo con Cristina Kirchner, también despertaron un semáforo rojo en la administración de Alberto Fernández. "Si no hay respuestas del gobierno vendrá una etapa de conflictividad creciente", dijo Grabois en una señal directa de la conflictividad social que se avecina.

El mapa piquetero ya no es tan lineal. El grupo oficialista de "Los Cayetanos" donde conviven la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la UTEP amenaza con resquebrajarse. Esta grieta más profunda se vio claramente la semana pasada en las calles donde varios referentes nucleados en la UTEP se volcaron a la protesta. Y esa podría ser una imagen que se reitere en adelante por un motivo central: el gobierno ya no tiene muchos más fondos para dispensar en ayuda social.

Para atenuar la crisis se entregan más de $115.000 millones del programa Potenciar Trabajo, la AUH para casi cinco millones de personas, un aumento del 50% que se dio para la Tarjeta Alimentar y el refuerzo de alimentos en los comedores. Pero el cierre de actividades y una cuarentena más rígida complicarán el panorama ya que el Gobierno alertó que no habrá IFE. A la vez, la comida tarda en llegar a los merenderos y los fondos de Desarrollo Social empiezan a ser escasos.

Desde las agrupaciones sociales opositoras al Gobierno Silvia Saravia (Barrios de Pie) explicó a El Cronista que las movilizaciones callejeras seguirán a pesar de las restricciones. "Es la última herramienta que tenemos para denunciar el recorte de alimentos del gobierno, la ausencia de trabajo y la eliminación del IFE", dijo la dirigente social enfrentada con el subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez que proviene de la misma agrupación social.

El Polo Obrero fue uno de los movimientos que más gente llevó la semana pasada a la calle. "No somos negacionistas de la realidad de la pandemia pero sin una respuesta ante la falta de alimentos y trabajo vamos a seguir el plan de lucha", explicó el dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Ese plan consiste en armar más piquetes y un posible acampe de tiempo ilimitado en plena Avenida 9 de Julio.

En esta misma línea, Mónica Sullie, coordinadora del Movimiento Teresa Vive, advirtió a El Cronista que "las restricciones impuestas por la pandemia sin un sustento social llevarán a mayores protestas y la sumatoria de otras agrupaciones sociales que hasta ahora estaban más alineadas con el gobierno".

Como contrapartida estas posiciones duras, desde la Corriente Nacional Martín Fierro, Nahuel Beibe, puso repartos a las movilizaciones masivas en las calles en estos momentos de aumento del Covid y lanzaron un comunicado de abierto respaldo a las medidas de Alberto Fernández. "Reconocemos las medidas de cuidado social anunciadas por el gobierno y valoramos el esfuerzo del Presidente por conseguir la mayor cantidad de vacunas", dijeron.

 

En esta misma línea, desde el Movimiento Evita, Gildo Onorato, expresó a El Cronista que se necesita recomponer los ingresos de la economía popular y ampliar las políticas paliativas durante la emergencia ante el crecimiento de la pobreza y también planteó que "es estratégico" vacunar a las trabajadoras sociocomunitarias expuestas al contagio. Pero también destacó la necesidad de acompañar este momento con restricciones sociales para evitar más contagios. 

Aunque en un comunicado que emitieron estas agrupaciones alineadas al gobierno también se alerta sobre la necesidad de aumentar la ayuda social, pusieron bajo severo cuestionamiento el plan de pagos al FMI y exigen que se acelere el plan de vacunación.

En el gobierno se atajan. Advierten que la ayuda social está "al tope", que habrá ayudas focalizadas y que no será conveniente salir a las calles en medio de las restricciones y aumentos de contagios.