Por: Laura Rómoli.

El bloque de senadores de Juntos por el Cambio impulsa en el Senado bonaerense un proyecto para establecer por ley la obligatoriedad del pago de un porcentaje del presupuesto provincial a La Plata, en concepto de capitalidad. La iniciativa sería tratada en comisión a fin de mes, en medio del reclamo del intendente, Julio Garro, por la deuda que la administración provincial acumula con nuestra ciudad, estimada en unos 1.200 millones de pesos.

Se trata del sexto proyecto en este sentido presentado en la Cámara alta provincial, con el objetivo de fijar la obligatoriedad del pago de la capitalidad por parte de la Provincia. Es que el concepto fue establecido en 1991 entre esa administración y nuestra ciudad por convenio y, por lo tanto, su cumplimiento tiene una fuerza legal inferior a la de una norma, punto esencial a la hora de realizar reclamos, en vistas a que en la última década su cumplimiento fue discontinuo.

Se trata de una contraprestación pecuniaria que la Provincia reconoce a la Ciudad por la prestación de los servicios municipales en todos sus edificios públicos, como el de alumbrado, recolección de residuos, riego y conservación de calles y plazas, ocupación del espacio aéreo y mantenimiento de infraestructura vial y urbana, entre otros.

La reivindicación del Municipio al gobierno de Axel Kicillof para la actualización de un atraso de unos 1.200 millones de pesos, emergió en agosto, en el marco de la votación por el endeudamiento provincial en la Legislatura.

La acumulación de la deuda provincial por la capitalidad no es producto del gobierno de Kicillof, sino de una sumatoria de atrasos arrastrados de las gestiones de María Eugenia Vidal y Daniel Scioli, dado que los mayores problemas para percibir el cobro por parte de La Plata se pronunciaron a partir de 2011.

Por eso, Garro pidió iniciar una ronda de diálogos para, al menos en principio, puedan cubrirse la deuda los años que “por procedimiento formal” están por judicializarse, correspondientes a 2013, 2014 y 2015. Sólo esos tres ejercicios suman juntos un total de 140 millones de pesos de la deuda global.

El jefe comunal y el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, mantuvieron a mediados de agosto dos encuentros en este sentido. Sin embargo, afirmaron desde el Ejecutivo local, las conversaciones se interrumpieron en septiembre.

También advirtieron que Garro buscará el avance de la iniciativa en la Legislatura para que “a La Plata se le reconozca el derecho por ley, como ocurre con otras capitales del mundo, y su cumplimiento no quede siempre supeditado a la negociación del intendente y el gobernador de turno”.

0,22 POR MIL

En este marco y por vìa paralela, el senador provincial de Juntos por el Cambio por La Plata Juan Pablo Allan impulsa en la Cámara alta bonaerense un proyecto de ley que apunta a evitar los ya “habituales” retrasos de la Provincia en este sentido y darle a la capitalidad un marco normativo.

En el texto de la iniciativa -aún sujeto a modificaciones- al que pudo acceder EL DIA se establece la creación de la contribución especial cuyas partidas deberán fijarse en una base entre el 0,22 por mil y el 0,45 por mil del presupuesto provincial.

Crea, además, un Comité Ejecutivo de Capitalidad, integrado por representantes de ambas administraciones y por uno de la Suprema Corte, el Senado y la Cámara de Diputados para deliberar sobre lo establecido en el monto anual.

El bloque de Juntos por el Cambio busca que el expediente sea tratado el 28 de octubre de forma plenaria en las comisiones de Reforma Política y Asuntos Municipales, para bajar al recinto, estiman, en la sesión del 5 de noviembre y, en caso de tenter consenso, aprobarse y ser girado para su debate a Diputados.

En los fundamentos de la iniciativa se subraya que ser capital de la provincia de Buenos Aires otorga a La Plata beneficios pero también le acarrea costos, en términos de los ingresos que deja de percibir por la ocupación que los edificios provinciales hacen de espacios físicos “donde podrían realizarse otras actividades residenciales, comerciales o de servicios, de mayor productividad y que sí tributarían al municipio”.

También destaca el “esfuerzo” que en materia de preservación del patrimonio arquitectónico y de inversión de infraestructura deben hacer los gobiernos locales, en virtud de condición de ciudad capital.

Pero se enfoca, principalmente, en la recepción de lo que denomina “población en tránsito”, es decir, el flujo de no residentes que llegan a la Ciudad a diario y “utilizan los servicios de transporte, gestión de tráfico vehicular, mantenimiento de asfaltos, limpieza y alumbrado público, cayendo su financimaiento sobre los residentes, dado que “los beneficios de la actividad económica generada por los visitantes resultan de dificil apropiación por parte del Municipio”.

“Que la capitalidad sea un convenio y no una ley dificulta el pedido de su cumplimiento”, dicen

El bloque de Juntos por el Cambio busca llevar el proyecto al recinto en noviembre