El 1 de febrero, la Asamblea Nacional de Francia comenzó a discutir la ley «para reforzar el respeto hacia los principios de la República» (o «ley contra el separatismo»), con el objetivo de combatir el fundamentalismo islámico. Pero algunas de las medidas previstas han alarmado a la Iglesia católica, que ya ha hecho oír su voz: «Desde 1905 mantenemos una relación institucional con el Estado», explica a Famille Chrétienne el padre Hugues de Woillemont, secretario general de la Conferencia Episcopal francesa. «No fuimos nosotros quienes pedimos esta nueva ley y no queremos que se nos impongan más restricciones».

El control de las Prefecturas

El secretario general se refiere en primer lugar al artículo 27 sobre las asociaciones de culto, que disfrutan de ventajas fiscales y acceden a subvenciones públicas. En cuanto a la Iglesia católica, cada diócesis tiene una asociación, mientras que los protestantes tienen más de 2.500, una para cada lugar de culto. La ley establece que cada cinco años las asociaciones presenten una declaración de «calidad de culto», que debe ser aprobada por la correspondiente Prefectura. «¿Tendrán las prefecturas la capacidad de gestionar todos estos expedientes?», se pregunta de Woillemont, añadiendo que «los estatutos de nuestras asociaciones ya están depositados, desde hace mucho tiempo, en la Prefectura, así como la lista de nuestros obispos que dirigen la asociaciones y las cuentas corrientes correspondientes». Entonces, ¿qué necesidad hay de pedir que cada cinco años se tenga que renovar el carácter cultual de la asociación? La Iglesia teme que la norma se convierta en una forma ilegítima de control y por ello ha propuesto que la renovación sea automática y solo pueda ser interrumpida si surgen problemas.

«Contrato de compromiso republicano»

También preocupa el artículo que prevé que las asociaciones de culto firmen un «contrato de compromiso republicano», cuyo contenido aún no ha sido detallado. «Registramos nuestras asociaciones cumpliendo ya con las leyes de la República. ¿Para qué sirve realmente este contrato? Ya existe un documento, ahora añaden un contrato. ¿Y después?». Durante el debate en el comité, el Partido Republicano propuso una enmienda que añadiera al contrato la obligación de las asociaciones de culto de respetar la laicidad. Esto, en otras palabras, habría obligado a las asociaciones a volverse laicas. Tras las protestas de la Iglesia católica, que evidentemente quiere preservar el carácter religioso de sus asociaciones, la enmienda fue retirada pero la amonestación ha alimentado las sospechas sobre el intento laicista del contrato.

El falso «regalo»

El gobierno francés subrayó recientemente su generosidad hacia la Iglesia, señalando que ha concedido la posibilidad de que las asociaciones de culto posean y se beneficien de los bienes inmuebles, especialmente mediante el alquiler de las oficinas y los pisos incluidos en las unidades inmobiliarias, en parte ya utilizadas para los fines de la asociación. Esta medida se introdujo para contrarrestar la restricción de las financiaciones extranjeras, un tema crucial para frenar el financiamiento del islam por parte de países fundamentalistas como Catar, Turquía o Arabia Saudí. Pero, protesta la Iglesia, «esto no es para nada un regalo del gobierno. Simplemente han terminado subsanando una situación de discriminación, ya que desde 2014 todas las asociaciones, excepto las de culto, podían poseer y gestionar su patrimonio inmobiliario», explica el padre de Woillemont.

Libertad educativa en riesgo

Para terminar, el secretario de la Conferencia Episcopal reiteró la preocupación ya expresada por el presidente de los obispos, monseñor Éric de Moulins-Beaufort, respecto a la norma que prohíbe la escuela parental y que tiene como objetivo frenar el florecimiento de madrasas ilegales. Una vez más, la Iglesia se siente atacada por las culpas de otros: «Compartimos los miedos de muchas familias que educan a sus hijos en casa y que ahora se preguntan qué libertad educativa se les concederá». De momento, la voz de la Iglesia solo ha sido escuchada en parte y se cree que los católicos volverán a hacerse oír en las próximas semanas para hacer valer sus derechos.