Claudio Belocopitt se atribuye capacidades premonitorias. El poder de anticipar el futuro no proviene de la intuición, sino de un grupo de personas que contrató para hacer análisis matemáticos que muestran cómo evolucionará la curva de contagios en la segunda ola de coronavirus. Con esa evidencia, comenzó a sugerir hace varias semanas que había que hacer algo parecido a lo que terminó decidiendo Alberto Fernández el miércoles pasado.

El jefe de Swiss Medical cree que su desenfreno verbal le vale el respeto de los funcionarios. Hasta cosechó vínculos que pueden parecer impensados.

Días atrás Daniel Gollán, ministro de Salud de Axel Kiciloff y promotor de una mayor presencia del Estado en el rubro -algo que Belocopitt y sus colegas rechazan-, lo invitó a participar de una reunión con otros referentes. Algunos lo hicieron por Zoom y otros se acercaron al lugar. El resultado fue paradójico: aunque casi todos estuvieron de acuerdo con lo que se habló, sus consecuencias fueron explosivas.

El encuentro se hizo en La Plata. También estuvieron Nicolás Kreplak, segundo de Gollán, representantes de Osde y directivos de clínicas y sanatorios. Después de la reunión, el ministro les mandó a los asistentes un comunicado que resumía las cosas que se habían dicho. Se difundió con el título “el sistema de salud tiene un límite”.

El estallido en el sector privado ocurrió por la colección de nombres que se veían al pie de la nota. Estaban desde Swiss Medical y Osde hasta el PAMI, a cargo de la militante de La Cámpora Luana Volnovich, y algunas empresas privadas, además de las autoridades provinciales. Suficiente como para que quienes no participaron de la reunión vieran en el comunicado una alianza equivocada de los propios con otros actores. Los falsos positivos son frecuentes en la política de la salud.

La desconfianza hacía el kirchnerismo nació antes que el conoronavirus. Los empresarios la ilustran con una leyenda sanitaria. Cuentan que Luciano Di Césare, director del PAMI en la última gestión de Cristina Kirchner, siempre llevaba en su portafolios el borrador de un decreto para estatizar el sistema de salud. Nadie puede asegurar del todo que sea verdad, pero actúan como si lo fuese.

Los viejos fantasmas tienen energía renovada en la pandemia. Aunque Ginés González García no está en el Ministerio, sus palabras resuenan entre los dueños de clínicas: ya no hay separación entre lo público y lo privado, había dicho. Y a fines del año pasado Cristina Kirchner volvió a insistir en la conveniencia de un Estado más presente en la salud.

El último eslabón de esa cadena de mensajes lleva el nombre de Néstor Kirchner. En Escobar, el intendente del Frente de Todos Ariel Sujarchuk reabrió la quebrada clínica San Carlos y le puso el nombre del expresidente.

Donde el sector privado ve a una víctima de la demora en los pagos de IOMA, bajo el control de Kicillof, la política advierte una mala gestión privada. Y donde los intendentes observan coincidencias aleatorias, los dueños de sanatorios advierten un dispositivo orientado a cambiar la relación de propiedad.

Algunos albertistas pagan con su propia salud las disputas con el kirchnerismo en materia sanitaria. Eugenio Zanarini, superintendente del área, pasó el último año nuevo internado por un episodio cardiológico. Quienes lo frecuentan dicen que no se puede aislar ese hecho del desaguisado que ocurrió el mismo día con las empresas de medicina prepaga.

El último Boletín Oficial de 2020 les había concedido un aumento de 7%. Pero en las vísperas del brindis el Gobierno sacó otra edición para anular lo que había anunciado a la mañana. No hay recuerdo de un entuerto documentado a ese nivel.

Las discusiones internas que habían comenzado con el episodio de Gollán escalaron el jueves pasado por la mañana cuando Alberto Fernández habló de relajación para explicar el estado del sistema de salud.

Los principales referentes de la medicina privada del área metropolitana pasaron casi todo ese día debatiendo cómo responderle al Presidente. Otra vez, Belocopitt le puso un freno a los más enojados señalando la inconveniencia de asentar en un documento escrito el enojo. Pero todos llegaron a un acuerdo tácito: los alaridos internos no pueden llegar a oídos de otros actores. Creen que es malo mostrar debilidad cuando hay una amenaza en ciernes. Para la salud rige lo mismo que para la guerra: nada une más a personas con intereses contrapuestos que la amenaza de un enemigo en común.

La tensión fue esta semana más allá del Frente de Todos. El martes por la tarde ocurrió una reunión que pudo terminar mal. Junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, entre otros, Felipe Miguel -jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta-, les sugirió a Mario Lugones (Sanatorio Güemes), Guillermo Lorenzo (IADT), Alfredo Arienti (Grupo Omint), Marcelo Kamijo (OSDE) y Gabriel Novick (Swiss Medical) que si el sector privado aumentaba la cantidad de camas disponibles para enfermos de covid, le resultaría más sencillo proponer una disminución de Ingresos Brutos y ABL, como habían solicitado días antes. Transmitía de manera edulcorada una molestia que el propio Rodríguez Larreta había comentado con más vehemencia en reuniones reservadas.

Varios de sus interlocutores tomaron a mal las palabras de Miguel. Supusieron que las autoridades porteñas no estaban valorando debidamente el esfuerzo hecho desde que comenzó la pandemia. El funcionario pidió calma y templó los ánimos.

La preocupación de Rodríguez Larreta por las camas es genuina. Puso a su ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, a llamar a sanatorios para contar unidades libres de terapia y evaluar cuántas podrían sumarse en las próximas semanas.

Dos días después, Alberto Fernández reorganizó las relaciones entre ellos. Primero sostuvo que el sistema sanitario se había relajado y encendió a los médicos. Para rectificarse, al día siguiente aclaró que hablaba de las clínicas y los sanatorios, algo que cuestionó Larreta. Nada más lejos al diagnóstico presidencial: los jefes de la medicina privada están con la tensión al máximo por la persistencia del coronavirus y las sorpresas que les da la política.

 

Por Pablo Fernández Blanco