El viernes próximo, un centenar de policías deberá dar cumplimiento a una orden de desalojo emitida por el juez de Garantías Ricardo Prati en el marco de una causa por usurpación iniciada por la empresa San Pedro Farm S. A., propietaria de un supermercado, de la nueva Terminal de Ómnibus y de los terrenos que se ubican entre esas construcciones y las vías del Ferrocarril, donde se erige el asentamiento precario conocido como “del callejón Pascual”.

Los vecinos del barrio Villa Igoillo habían advertido hace tiempo que desde el asentamiento de calle Molina al fondo se desprendía otro nuevo barrio de precarias viviendas en un terreno usurpado que bordea las vías y lo que sería la continuidad de calle Hermo Zanúccoli, en dirección al callejón.

La zona tomada creció a medida que iban llegando nuevos ocupantes. La mayoría pagó por el lote que ocupa, aunque sabía que estaba comprando un terreno de manera irregular. Sin documentación ni garantía alguna de que la vivienda que erigieran allí no pasara por lo que el viernes va a ocurrir: las topadoras que arrasarán con todo lo que hay para restituir el inmueble a sus propietarios, libre de personas y de todo elemento de ocupación.

Algunos 20 mil pesos, otros 35 mil, otros 50 mil y hasta 100 mil pesos pagaron por la parcela que ocupan. A los que vendieron los nombran como Pablo, Braian, Emanuel, Mauricio. No se sabe bien quiénes son. Pero se sabe: tienen antecedentes penales, son conocidos por ingresos a la Comisaría por diversos delitos. Aprendieron rápido de las malas artes de barrios como el Hermano Indio y otros asentamientos, donde usurpar y revender es moneda corriente.

Son los “agentes inmobiliarios” de la precariedad que recibieron dinero, teléfonos celulares, motos y otros bienes que las familias que alquilaban o vivían de prestado o como podían les entregaron a cambio de un lote en el asentamiento. Este miércoles, cuando La Opinión recorrió la zona, había dos a la venta, demarcados, cerrados con pallets, alambres, palos y lonas. Listo para que otro desesperado pague lo poco que tiene para montar un ranchito e instalarse con su familia. Todo ofrecido por Facebook.

Los “agentes inmobiliarios” de la precariedad también son los “administradores” del “consorcio” y cobran “las expensas”. Como no hay servicio de electricidad, se las ingeniaron para engancharse a las líneas de Coopser y distribuir energía a todo el barrio. A cada uno les cobraron alrededor de 1800 pesos para “el enganche”. Luego, 1000 pesos por mes por “el servicio”. Si no pagan, se lo cortan. Si “se olvidan”, se lo recuerdan a punta de “tumbera” y bajo amenazas diversas.

En el barrio hay múltiples historias. Desde un empleado de carnicería que ahora trabaja en el campo porque gana mejor a un albañil que montó una pequeña despensa, pasando por una mujer que vive sola y está enferma o el peón rural de 23 años padre de una nena de 4 que nació con el paladar incompleto y que pidió múltiples créditos para construir una casita de material para tener a la niña una vez que la operen.

Cada historia repite la problemática habitacional a la que asisten miles de sampedrinos que no tienen dónde vivir ni recursos para alquilar y mucho menos para comprar un terreno y construir. Todos son “abonados” a Desarrollo Humano, donde los asisten. De cada uno hay algún informe.

También están los que increpan a quienes llegan al barrio desde afuera. Los “administradores” que lucran con la necesidad del resto. Los que van a “censar” en nombre “del Gobierno, de La Plata”, los que “relevan para las 84 viviendas”, los que van a “pedir el voto”. Los que propiciaban desde algún escritorio el asentamiento. Los del discurso “busquen un terreno, nosotros les damos las chapas”.

Y también están los que se esconden en el asentamiento para cometer delitos. Los que utilizan el rancho como “aguantadero” o como depósito de los objetos robados. Como en todos lados, hay de todo.

Este martes, todos recibieron la visita de la policía para informarles que la orden de desalojo está firme y que deben ejecutarla el viernes. Es decir fueron a emplazarlos a que en los próximos días liberen la zona y se lleven todo.

Por eso fueron a la Municipalidad este miércoles temprano. Marcharon desde el barrio con algunos bombos improvisados, golpeando botellas de plásticp entre sí y con intenciones de que el intendente o alguien del Gobierno detenga el desalojo.

Por supuesto, no lo lograron. Los secretarios de Seguridad, Eduardo Roleri, y de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, les explicaron que la orden judicial está firme y que nada puede hacer el Municipio contra eso.

Las familias volvieron al asentamiento con la promesa de que asistentes sociales relevarán a cada familia para establecer la posibilidad de que se reubiquen en terrenos de familiares y brindar algún tipo de asistencia.

Quienes conocen desde el sistema educativo y desde la propia Secretaría de Desarrollo Humano a estas familias saben que ese relevamiento alguna vez existió, que el Estado ya sabe la problemática de esas familias.

El viernes por la mañana, personal de la Comisaría local, del GAD, Infantería y Caballería —esperan refuerzos de la región por alrededor 100 efectivos—, Bomberos, Desarrollo Humano, Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Niñas, Fiscalía y otros tantos organismos del Estado se harán presentes para cumplir la orden de desalojo.