Cristianos, judíos y musulmanes representados en la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, constituida en septiembre pasado, rechazan la decisión del Gobierno tendiente a derogar el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, recogido en el artículo 525 del Código Penal.

Esta reforma, advierten en un comunicado, "vulnera sustancialmente el derecho de libertad religiosa".

En un texto inédito firmado por once confesiones -incluida la Iglesia católica, además de la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España- cuestionan la reforma anunciada el pasado mes de septiembre por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, amparada en “dar mayor protección a la libertad de expresión”.

“Reivindicamos el derecho de nuestros fieles a poder vivir la fe en un clima de respeto a los sentimientos religiosos, amparados por otros derechos también protegidos constitucionalmente, tales como el derecho a la libertad religiosa, libertad de conciencia (art. 16) y derecho a la dignidad e integridad moral (art. 15)”, exponen los diferentes credos.

En el mismo texto, recuerdan que estos derechos, “por ser fundamentales, no pueden prevalecer uno en detrimento de los otros, como si uno fuera absoluto y los demás relativos”, reivindicando “la armonía de las libertades y los derechos humanos” en una sociedad democrática.

De hecho, llegan a asegurar que “la protección integral de la libertad religiosa es garantía para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y del resto de los derechos fundamentales y libertades públicas”.

En este sentido, se detienen en alertar de que “la normal aceptación de insultos, estereotipos, bromas hirientes y ridiculizaciones, son en ocasiones la base para que puedan producirse comportamientos más graves tales como amenazas, agresiones u otro tipo de actos violentos contra las personas creyentes y los lugares de culto, actos que, de hecho, están creciendo por toda Europa”.

Con este punto de partida, los firmantes del comunicado proponen a Moncloa “entablar un diálogo respetuoso sobre la derogación anunciada” y apelan a los demás partidos políticos a que “protejan en su integridad el derecho fundamental de libertad religiosa”.