En un debate que asoma transversal, Diputados comenzó a debatir este martes el proyecto de Gestión Integral de Envases, con la exposición de intendentes, funcionarios nacionales, empresarios y miembros de sectores ambientales y sociales. En las próximas semanas, el oficialismo y la oposición intentarán consensuar un texto para llevar el tema al recinto antes de fin de año.  

La iniciativa del Ejecutivo nacional que obtuvo dictamen el año pasado y perdió validez el 10 de diciembre último con el recambio legislativo volvió a ser puesta sobre la mesa en la comisión de Recursos Naturales, que preside Leonardo Grosso. Advertidos por las resistencias que hay entre parte del empresariado y algunos opositores, se buscó que estuvieran representados todos los sectores.   

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En simultáneo, desde el bloque del Frente de Todos empezaron a tener algunas conversaciones con legisladores de la oposición, incluidos con integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio. El objetivo es evitar que haya dos dictámenes como sucedió el año pasado, por lo que en el oficialismo están abiertos a introducir modificaciones al texto, atendiendo los cuestionamientos de la principal fuerza opositora.

Una de las críticas de Juntos por el Cambio era que se dejaba afuera a las empresas de la gestión de envases. Sobre este punto, el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, propuso que "coexistan dos sistemas, uno privado bajo supervisión y aprobación del Ministerio de Ambiente con otro sistema financiado con la recaudación de una tasa por parte de aquellos que no presenten sus propios sistemas de tratamiento".

En el proyecto original se crea la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP), que deberá ser abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado, a excepción de quienes implementen un Sistema de Depósito, Devolución, Retorno y Reutilización.

Ante la atenta mirada de sus compañeros de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Natalia Zaracho, diputada oficialista e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), pidió que se apruebe la ley y remarcó que “es muy importante construir una ley con los actores principales” y que lo recaudado “no tiene que ir a las cooperativas, esto tiene que ir con un plan de trabajo y gestión, con un plan de metas”.

“Esta discusión viene hace muchos años. Acá hay muchos diputados y diputadas que no pensamos igual pero coincidimos en la importancia de que haya una ley como esta que cuide la casa común. Esta no es la Ley de un sector, es una proyecto para cuidar el ambiente y dignificar el trabajo de miles de personas", agregó la legisladora del Frente de Todos.

La directora Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, María Castillo, dijo que "tenemos registradas un total de 320 unidades productivas, eso nos está dando un total de aproximadamente 150 mil cartoneros trabajando en esos lugares y ese proceso garantiza recuperar 10 toneladas de residuos reciclables en los lugares".

"Entendemos que esta ley es necesaria e importante para cambiar el día a día de nuestros compañeros y realizar en cada municipio un reciclado con inclusión social", señaló Matías Capoblanco, miembro de la Cooperativa de Cartoneros de La Matanza.

El presidente de la Cámara Argentina de Reciclado de Plástico, José Luis Picconi, afirmó que esta industria "ha reciclado unas 300 mil toneladas" y señaló que "cada 100 toneladas de plástico reciclado en el año es una persona trabajando en blanco en la industria recicladora”.