El drama de los musulmanes rohinyá no parece tener fin

El drama de los musulmanes rohinyá no parece tener fin

 A las organizaciones de derechos humanos les preocupa que el regreso de los musulmanes rohinyá a Myanmar sin un entorno seguro lleve a un nuevo intento de limpieza étnica.

A pesar de que han pasado tres años desde que el Ejército de Myanmar inició el 25 de agosto de 2017 una masacre contra los musulmanes rohinyá en el estado de Rakáin, al oeste de Myanmar, el sufrimiento de esa minoría no ha llegado a su fin.

Debido a los conflictos armados entre el Ejército de Myanmar y el Ejército Arakan, una organización budista que demanda la autonomía del estado, los musulmanes rohinyá enfrentan innumerables problemas económicos, políticos, de salubridad, seguridad y de derechos humanos.

La alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó en su informe de junio sobre la situación de la minoría que las aldeas rohinyá continúan siendo incendiadas y que no hay ninguna mejora en la situación de los derechos humanos en Myanmar.

Bachelet subrayó que aún no existen condiciones de retorno seguras, dignas y sostenibles para los rohinyá que se refugiaron en Bangladés.

La alta comisionada señaló que el Ejército de Myanmar quemó nuevamente en mayo gran parte del distrito de Buthidaung, donde vivía la minoría antes de 2017, y dijo que, según testigos presenciales e imágenes satelitales, decenas de aldeas habitadas por musulmanes rohinyá han sido reducidas a cenizas.

Por su parte, la Unión de Rohinyás de Rakáin presentó el mes pasado un informe a la Corte Internacional de Justicia en el que señaló que civiles han sido asesinados o desplazados en el estado debido a enfrentamientos entre el Ejército y grupos étnicos armados, y que estos allanaron el camino para la ocupación de los asentamientos rohinyá por parte de militantes budistas y refugiados.

Los musulmanes rohinyá son considerados "apátridas"

La mayoría de la población musulmana rohinyá, que ha sido objeto de persecución y presión sistemática desde la década de 1970, fue desplazada a los países aledaños de la región.

Los rohinyá perdieron sus derechos de ciudadanía del país con la ley promulgada en 1982 y se consideran "apátridas". Reconocidos por la ONU como "la minoría más perseguida del mundo", son objeto de violencia, discriminación legal, económica y social.

Los rohinyá del estado de Rakáin, cerca de la frontera con Bangladés, han sido tratados como "inmigrantes de Bangladés" por las administraciones hasta la fecha. Además, se les llama "bengalíes" en los documentos oficiales.

En Myanmar, los budistas nacionalistas radicales se oponen al reconocimiento oficial de los rohinyá como ciudadanos.

Los países de la región responsabilizan al Gobierno de Myanmar

En junio de 2012, los enfrentamientos entre budistas y musulmanes en el estado revelaron el drama de los musulmanes en el país.

En los ataques llevados a cabo por budistas, muchas personas, en su mayoría musulmanas, perdieron la vida y miles más fueron desplazadas por la violencia en la que se incendiaron cientos de hogares y negocios.

Luego de la tragedia, los funcionarios birmanos impidieron que llegara asistencia a los musulmanes que tuvieron que huir de sus hogares.

Los países de la región culparon al Gobierno de Myanmar por la tragedia de los migrantes, en su mayoría musulmanes rohinyá.

El 23 de octubre de 2012, los habitantes del estado, incluidos monjes budistas, prendieron fuego a barrios musulmanes en nueve asentamientos.

Las acusaciones de que las fuerzas de seguridad no hicieron ningún intento por prevenir los ataques e incluso ayudaron a los atacantes provocaron rechazo en todo el mundo.

Un informe de 153 páginas publicado por Human Rights Watch (HRW) en abril de 2013 reveló que los funcionarios del Gobierno y los funcionarios del estado alentaron los ataques contra barrios musulmanes durante todo 2012 y acusó a las autoridades de Myanmar de realizar una limpieza étnica contra los rohinyá.

Ataques a puestos fronterizos

La minoría musulmana fue objeto de violencia y graves violaciones de los derechos humanos en las operaciones iniciadas por el Ejército de Myanmar tras los ataques contra algunos puestos de control policial en el estado en octubre de 2016.

En los operativos murieron al menos 94 personas, de las cuales 17 eran militares y 76 "agresores", y 575 personas fueron detenidas.

Por otro lado, los grupos de cooperación rohinyá anunciaron que 400 musulmanes murieron desde que comenzaron las operaciones. Sin embargo, la cifra oficial de fallecidos del Gobierno de Myanmar es de 86.

HRW indicó en una declaración de diciembre de 2016 que las aldeas rohinyá en la región de Maungdaw de Rakáin fueron destruidas por las fuerzas del Ejército que operaban en la región y publicó fotos satelitales que lo demuestran.

Los desesperados rohinyá caen en manos de los traficantes de personas que les prometen ayuda para encontrar trabajo en los países de la región.

En mayo de 2015, después de que el Gobierno tailandés lanzara una operación contra los traficantes de personas, estos tomaron a los inmigrantes como rehenes para exigir el rescate de sus familias. Indonesia y Malasia decidieron proporcionar refugio temporal a los inmigrantes durante un año.

Genocidio

El Ejército de Myanmar y los nacionalistas budistas comenzaron la violencia masiva el 25 de agosto de 2017.

Al usar como excusa los ataques simultáneos a los puestos fronterizos en Rakáin, el Ejército de Myanmar y los nacionalistas budistas lanzaron una campaña de violencia masiva calificada por la ONU como genocidio en la que murieron cerca de 10.000 personas.

Médicos Sin Fronteras, en su informe titulado "No quedó nadie", publicado en marzo de 2018, dijo que al menos 9.400 musulmanes rohinyá murieron en la violencia que tuvo lugar entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de 2017 en Myanmar.

Según la ONU, alrededor de 900.000 rohinyá tuvieron que desplazarse a la vecina Bangladés a través de las zonas montañosas, el río o el mar.

Decenas de personas, la mayoría niños, se ahogaron cuando los barcos que los transportaban fueron baleados en la ruta migratoria.

El informe de 37 páginas de HRW de noviembre de 2017 titulado "Todo mi cuerpo era dolor: Violencia sexual contra mujeres y niñas rohinyá en Myanmar" declaró que los musulmanes de Rakáin fueron objeto de violaciones masivas, torturas y masacres por parte del Ejército de Myanmar.

Por su parte, Associated Press realizó una investigación en febrero de 2018 en la que entrevistó a testigos de la masacre en Rakáin y analizó imágenes satelitales y videos grabados con teléfonos móviles con lo que confirmó la existencia de al menos cinco fosas comunes previamente desconocidas en la aldea de Gu Dar Pyin de la región de Buthidaung, al norte del estado.

"La situación de los rohinyá sigue siendo una seria preocupación para la misión", dijo la Misión de Investigación Internacional Independiente de la ONU en Myanmar en su informe 2018-2019. Anunció que los actos de violencia del Gobierno de Myanmar contra los musulmanes rohinyá se llevaron a cabo "con la intención de genocidio" y que el Gobierno continuó con "acciones inhumanas y persecuciones sistemáticas y de amplio alcance" contra la minoría.

A las organizaciones de derechos humanos les preocupa que el regreso de los musulmanes rohinyá a Myanmar sin un entorno seguro lleve a un nuevo intento de limpieza étnica.

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