Fue en una parroquia de Merlo, momentos antes que comenzara la misa por la aparición con vida de Santiago Maldonado. La mujer era Mónica Bottega, madre de Tatiana Pontiroli que es una de las víctimas de la Tragedia de Once ocurrida en 2012. Ella misma relató el incidente más tarde, en su cuenta de Facebook.

La aparición de la señora Bottega en la primera fila de la catedral no fue casualidad. Alguien la ubicó allí, el sábado 2, sabiendo que Cristina participaría de la misa y conociendo el carácter de la madre de Tatiana. “No sabíamos qué, pero algo le iba a decir”cuenta un dirigente social que estuvo al tanto de todo.

Quizás el dolor, intransferible, infinito, la haya llevado a la exageración en su anatema contra la ex Presidenta. Hasta ese día, durante cinco años y medio Cristina había conseguido evitar un cara a cara con familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria, para los que nunca tuvo una palabra de condolencia.

¿Quién introdujo a la señora Bottega en ese lugar y en ese preciso momento? La versión más confiable menciona a un laico de cercana relación con el obispo de Merlo-Moreno, monseñor Fernando Maletti. Este religioso fue ordenado obispo de Bariloche en 2001 por el entonces cardenal Jorge Bergoglio. El mismo Bergoglio en mayo de 2013, menos de dos meses después de convertirse en el papa Francisco, lo trasladó a Merlo-Moreno, un punto estratégico en el oeste del Gran Buenos Aires.

Quienes conocen la entretela de este episodio dicen que la irrupción de la mujer que increpó a Cristina fue el modo de la Iglesia de reprochar el desequilibrio evidente entre el modo de tratar la desaparición de Maldonado y la actitud ante otras desapariciones y tragedias ocurridas en los años de poder kirchnerista.

La misa por Maldonado estuvo planeada como culminación de una jornada de campaña. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recibió a la ex Presidenta y hoy candidata en el tradicional bar El Federal, cercano a la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Hubo acto, regalos para la visitante, videos subidos a las redes. A la ceremonia religiosa estuvo invitado también el intendente de Moreno, Walter Festa, cuadro de La Cámpora.

Como precaución, el interior de la parroquia fue ocupado por funcionarios municipales y militantes. En el oficio, Cristina y sus anfitriones se mostraron conmovidos y exhibieron fotos del joven desaparecido en la Patagonia. Pero no contaban con la astuciade quien sentó a la madre de Tatiana en primera fila.

El jueves último monseñor Maletti volvió a oficiar como garante de los acuerdos entre el Gobierno y los movimientos sociales CTEP, Barrios de Pie y Corriente Clasista Combativa. Entre quienes llegaron a este acuerdo con la ministra Carolina Stanley y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana estuvo Juan Grabois, de la CTEP, que es el referente social más representativo del pensamiento y la acción del Papa.

Quizás para contrapesar el disgusto de la misa, dos dirigentes kirchneristas con llegada al Vaticano ofrecieron gestionar que Jorge Taiana, candidato a senador junto a Cristina, junto a otros dirigentes de Unidad Ciudadana, viajen a Colombia y puedan ser recibidos por Francisco, quien permanecerá de visita hasta el jueves en ese país. Cristina todavía no tomó una decisión.

Hace cuatro años, siendo presidenta viajó a Rio de Janeiro durante la visita del Papa y coló en el viaje y en la foto al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, primer candidato a diputado para aquella elección que ganó Sergio Massa. Sucedió dos semanas antes de las PASO de 2013. Hay gente que no aprende más.

La desaparición de Santiago Maldonado es un caso que debe resolver el Estado. El Gobierno es responsable del accionar de la Gendarmería. Y la Justicia, en este caso la de Chubut, está a cargo de la investigación. Después de casi seis semanas nada cierto se sabe. No hay un solo imputado en la causa. Ninguna prueba acusa a los gendarmes. Pero ninguna prueba los exculpa. Se han sembrado pistas falsas y operativos de distracción. Hay demoras injustificables y testigos inexplicables. Profundo o superficial, el costo político lo paga el Gobierno.

La responsabilidad de la administración que lidera Mauricio Macri no se atenúa por el desenfadado uso electoralista que, a falta de un argumento mejor que conmueva a la sociedad, Cristina y su espacio político hacen de la legítima angustia por el paradero de Maldonado.

Según testimonios aún no probados que constan en la causa judicial, el artesano habría sido visto por última vez el 1 de agosto, cuando la Gendarmería disolvió cortes de ruta y piquetes de grupos violentos referenciados en el RAM, Resistencia Ancestral Mapuche.

Está claro que ni Macri ni su gobierno son la dictadura, consigna falaz y destituyente del kirchnerismo y cierta izquierda. Pero tampoco son los campeones de los derechos humanos. Su concepción de que derechos humanos es mucho más que la aplicación del principio de verdad y justicia sobre la represión ilegal de la dictadura suena acertada y despojada de sectarismo. Pero no alcanza a disimular cierto desapego frente a la tragedia nacional de los años ’70. Ya habían pagado un costo por esa escasa sensibilidad cuando la Corte dictó el desgraciado fallo del 2 x 1, que operadores del Gobierno habían promovido entre los jueces supremos. Hay gente que no aprende más.

Después de algunas semanas de distracción que ahora están pagando doble, la desaparición de Maldonado se analiza a diario en las oficinas principales del Gobierno, en reuniones de la mesa chica de Macri y en cónclaves de ministros. Están convencidos de que la intensa campaña de agitación de Cristina y sus agentes políticos y mediáticos pretende reemplazar el argumento de la penuria económica que fracasó en las PASO. Y que esa campaña refuerza creencias, pero no instala novedades en el imaginario social. Los que están contra el Gobierno por el caso Maldonado ya lo estaban antes, los que están a favor también. Sostienen, además, que hay una gruesa porción de gente apática e indiferente a este drama en desarrollo.

Esta convicción no deja de tener sus riesgos. Aunque más de media docena de encuestas conocidas después de las PASO le dan ventaja de 2 a 6 puntos a Esteban Bullrich sobre Cristina Kirchner para octubre, la trascendental disputa política y electoral de este año no está terminada, ni mucho menos. El humor social es inasible y volátil. Cuando cambia, lo hace con más velocidad que lo que los políticos y sus encuestas alcanzan a percibir. Y octubre está demasiado cerca.

En la Casa Rosada dicen estar tranquilos porque ninguna prueba inculpa aún a la Gendarmería. Aseguran que ni el juez Otranto ni la fiscal Avila, que llevan la causa en Chubut, simpatizan con el Gobierno. Pero que como actúan de acuerdo a las pruebas, y pruebas no hay, el kirchnerismo inició una operación para desplazarlos.

Le mantienen el respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y dicen coincidir con ella en que no se debe ceder a la extorsión política de la oposición, haciendo rodar cabezas de gendarmes sólo para aliviar la presión. Es curioso, pero en este punto quizás la conducción de la Gendarmería hubiese aconsejado una actitud más flexible, sin llegar a sanciones drásticas.

En los días previos al que sería el de la desaparición de Maldonado, frente al activismo creciente de los grupos mapuches el Ministerio de Seguridad habría ordenado a las fuerzas que actuaran ante los hechos flagrantes sin esperar orden del juez. Significó un cambio de actitud ante episodios violentos y provocaciones que se sucedían desde hacía dos o tres meses.

Hombres de la política que atravesaron años atrás situaciones similares, cuentan que esa postura más activa de las fuerzas de seguridad se acercaba a lo sucedido en tiempos en que Néstor Kirchner era gobernador o presidente.

Peronistas que lo acompañaron en los años de su ascenso al poder recuerdan que cuando, como todo gobernador patagónico, tenía los reclamos de grupos originarios como foco de conflicto casi permanente, Kirchner había ordenado a su entonces vicegobernador Chiquito Arnold organizar grupos de gente enérgica capaces de disuadir y controlar a quienes reclamaran tierras en nombre de derechos ancestrales. Estaba convencido que detrás de demandas legítimas se escondían desde pícaros hasta delincuentes.

Siendo presidente, cuando promediaba su mandato un grupo mapuche pretendió ocupar tierras fiscales en Neuquén, sobre el río Puimarí, cerca de la localidad de Aluminé y de la frontera con Chile. Entonces debió laudar entre dos ministros. Su hermana Alicia Kirchner, titular de Desarrollo Social, alentaba la cesión de tierras. José Pampuro, ministro de Defensa, las rechazaba porque allí entrenaban –y lo hacen todavía- las tropas de elite de Alta Montaña y el Ejército había hecho saber su fuerte rechazo a la intrusión de los mapuches. Kirchner le dio la razón a Pampuro. El desalojo habría sido inmediato y terminante. Otros tiempos, otro relato.