Soda D’anna fue declarado en convocatorias de acreedores por decisión del juez Javier Vázquez, titular del Juzgado Comercial Especial. Esto significa que oficialmente la empresa fue declarada incapaz de pagar por medios normales y por eso llamaron a quienes tienen una deuda con la firma a cobrar a través del remate de las propiedades de la misma.

La situación empezó con una denuncia del sindicato de Aguas y Gaseosas por una deuda de $400.000 de aportes patronales, que hasta la fecha la empresa no pagó. Al demorarse ocho años, tras duras negociaciones, el gremio pidió que la Justicia declare la cesación de pagos, o sea que D’anna no tenía cómo pagar, y la quiebra. En su momento, la Justicia entendió que esto era así, pero pasaron cuatro meses hasta que se agotaron las instancias judiciales y recién este 5 de octubre se confirmó.

DIARIO HUARPE habló con Daniel D’anna, actual propietario de la firma, quien en junio pasado había declarado que todavía esperaban una resolución mejor. Aun así, para el empresario este no es el peor de los escenarios. “Determinada la convocatoria, se le pagará a los acreedores y nos da una oportunidad de salir adelante”, aseguró. El empresario dijo que esperan que después del proceso legal la empresa siga, aunque reconoció que se ha achicado en los últimos años.

Hoy la empresa santaluceña tiene 12 trabajadores, que según Aguas y Gaseosas no están sindicalizados. Los cruces entre la empresa y el gremio no son nuevos, de acuerdo con lo que había dicho el secretario general Alejandro Kokot en junio a este medio.

Según D’anna, fueron cerca de cinco los juicios que iniciaron contra la empresa y hoy lo que pretenden es cuidar los puestos de trabajo y la fábrica, que en su momento llegó a exportar más de 1.600.000 dólares a Chile. Hoy Soda D’anna sigue teniendo su planta en Santa Lucía sobre calle Libertador. El lugar tiene las instalaciones que hace algunos años le permitían ser la principal embotelladora de la provincia, pero su producción es reducida.

La convocatoria de acreedores, publicada en el Boletín Oficial, consigna que la empresa deberá entregar toda la documentación a un síndico, en este caso el contador Pablo Antonio Sánchez. Él se hará cargo de todos los bienes y decidirá cómo disponer de ellos para cumplir con las deudas que tiene la empresa.

Hasta el 10 de noviembre los acreedores tendrán tiempo de presentar sus pedidos para recibir un pago por lo que les corresponde. El 27 de diciembre presentarán un primer informe sobre cómo queda la situación y en marzo de 2023 quedaría cerrado el proceso.