Por: Luis Bruschtein.

La decisión del juez Martín Bava de impedir su salida del país y ponerle una caución millonaria enfureció a Mauricio Macri, al mismo tiempo que otro tribunal, el del Fondo Monetario Internacional, más escuchado por el poder económico, pondrá en tela de juicio la medida de su gobierno que será más recordada: el enorme endeudamiento que buscó condenar el futuro del país.

En su discurso en la reunión anual de la Unión Industrial Argentina, Alberto Fernández pidió que el Fondo analice --antes de cerrar un acuerdo con su gobierno-- el enorme préstamo irregular con que el organismo pretendió respaldar las aspiraciones de reelección de Macri.

El Fondo ya anunció que en dos semanas se abocará al análisis de la forma en que se gestó esa fabulosa entrega de dinero a un gobierno que era incapaz de devolverlo en los términos que estaban planteados. El trámite no cumplió los requisitos legales en Argentina y transgredió todos los requisitos del Fondo, ya sea por el monto o por la motivación política. Los términos constituyeron una farsa, planteada con total hipocresía, porque el gobierno de Juntos por el Cambio había estrellado la calesita y ya estaba en rojo. Los prestamistas internacionales habían dejado de prestarle en un año antes.

“La evaluación ex-post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después que se completa un acuerdo excepcional”, señaló un comunicado del Fondo. Lo de “excepcional” es por los 57 mil millones de dólares que se acordaron en el préstamo a la Argentina, de los que se recibieron 44 mil millones. Según informó el organismo financiero, en la semana del 20 de diciembre, el Directorio Ejecutivo analizará el trámite antes de discutir con Argentina el nuevo programa de vencimientos.

Alberto Fernández había dicho el jueves en la UIA que era necesario que se haga una evaluación del “fracaso del programa por el que se desembolsaron 44 mil millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar fuga de capitales”. Y agregó: “necesitamos que el FMI haga esa evaluación. Eso va a ayudar a entendernos”.

Si el Fondo asumiera verdaderamente la responsabilidad por las transgresiones graves que realizó en ese acuerdo, no tendría legitimidad para realizar ninguna exigencia ni condicionamiento.

Pero además del macrismo, la responsabilidad recae también en las grandes corporaciones que respaldaron ese despropósito y que ahora plantean condiciones como bajar impuestos, critican el control de precios y cuestionan cualquier negociación con China. La UIA militó el gobierno de Macri y salió con los tapones de punta cuando asumió Alberto Fernández, pero en esta reunión anual bajó las banderas de guerra y convocó a medio gabinete a participar en las mesas.

A la mayoría de esas empresas, el gobierno de Juntos por el Cambio les hizo perder plata (en sus términos, porque a ese nivel, todos tienen red). En cambio y a pesar de la pandemia, con el gobierno del Frente de Todos, ahora están en un nivel de producción superior al de 2019, donde los había dejado Macri.

Será un misterio para sociólogos la causa del respaldo ideológico de este sector a quienes lo perjudican y su oposición militante a los gobiernos industrialistas que lo favorecen. No es un hecho menor, sino generalizado. Aunque ganan plata, a estos empresarios les molestan medidas como los impuestos distributivos, la doble indemnización o el control de precios en situaciones de crisis. Con el macrismo pierden plata, pero nunca tendrían estos planteos.

Juntos por el Cambio instaló una nebulosa ideológica en la que el Estado y la gestión pública debían encararse como “negocios privados” y que entonces los más adecuados para conducirlos serían los empresarios, presentados como los grandes triunfadores de la época a partir de sus capacidades y méritos. Esa turbia metáfora explica algunos de esos posicionamientos poco explicables.

Mauricio Macri acaba de ser procesado por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Cuando asumió la presidencia estaba procesado por el espionaje a familiares de víctimas de la AMIA. Y hay otras dos causas por espionaje durante los cuatro años de su gestión, en los que se espiaba a presos políticos, a opositores y hasta algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que no estaban en la línea del macrismo puro.

En todos los casos, las pruebas de los espionajes son abrumadoras. Hay grabaciones, videos, informes, declaraciones de víctimas y de agentes. El espionaje ocurrió durante la gestión de Macri y en todos los casos estaba ligado a ellos.

Más allá del resultado definitivo en la justicia, resulta innegable el uso del espionaje desde su gobierno como una práctica sistemática y en ese sentido, Macri es el principal responsable. El juez Martín Bava, que dictó el procesamiento, hizo un paralelismo de esas prácticas con la dictadura.

El espionaje es un atropello al derecho, a las libertades, a la privacidad, a la idea de republicanismo. Pero además es la consecuencia de esa concepción metafórica casi infantil del Estado como empresa privada y del funcionario público como un patrón o gerente. Por eso formaron un gabinete con directivos de las corporaciones más importantes locales y transnacionales.

En la línea de esa metáfora, el presidente no es patrón ni gerente, sino más bien un empleado de los ciudadanos. Un empleado de lujo, pero empleado a sueldo. La idea del patrón que se promovió desde Juntos por el Cambio lleva implícita la idea del privilegio. La idea de empleado implica responsabilidad. La gestión pública es una responsabilidad y no un privilegio.

La idea de Estado patronal del macrismo, que fue votada por tantos empleados y trabajadores y asumida con entusiasmo por la mayoría de los empresarios, abre la puerta a los abusos. La utilización sistemática del espionaje como herramienta de control social se relaciona con esa idea descarnada de la supuesta superioridad que otorgaría el capital. La superioridad otorga privilegios y uno de ellos es la impunidad.

Los tripulantes del ARA San Juan murieron en el cumplimiento de una misión oficial. El comandante en jefe y último responsable en la cadena de mandos es el presidente de la Nación, que en ese momento era Mauricio Macri. En vez de preocuparse por el dolor de los familiares de sus subordinados fallecidos en acción, Macri los maltrató y los hizo espiar. Quería saber cuál era la reacción de estas personas que atravesaban un trance doloroso. Quería saber si eran kirchneristas y con quiénes se relacionaban y les intervenían los teléfonos. Estos familiares estuvieron encadenados a las rejas de la Casa Rosada más de 40 días para que el gobierno no abandone la búsqueda del submarino hundido. En vez de contenerlos, la reacción fue controlarlos y espiarlos.

Al conocerse el procesamiento esta semana, los dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, radicales y seguidores de Carrió, salieron en tropel en defensa de Macri, aunque varios de ellos tambien fueron espiados. De la misma forma reaccionó la corporación mediática hegemónica. Todos dicen que Macri no fue, pero ninguno dice que no hubo espionaje. No podrían decirlo porque las pruebas son contundentes. Y la responsabilidad por ese sistema de Estado patronal no democrático los involucra.

Si la honestidad intelectual se sobrepusiera a los intereses partidarios y corporativos tendría que haber una preocupación extendida por el riesgo antidemocrático que implicó el sistema montado por el macrismo de persecución judicial a opositores, de represión a la protesta, de fake news o campañas mediáticas con información falsa y del espionaje como práctica sistemática de control social.