Después del beneficio, las petroleras se comprometen a mantener personal

Después del beneficio, las petroleras se comprometen a mantener personal

Las productoras alcanzaron un acuerdo con los sindicatos y con el Gobierno. Habían sido beneficiadas con baja de la presión impositiva. Ahora, discutirán la nueva ley para Vaca Muerta en el verano y la futura política de precios.

Las principales empresas petroleras que operan en Vaca Muerta acordaron con el Gobierno nacional y con los sindicatos una tregua de al menos 30 días, en los que no efectuarán despidos e intentarán incrementar su actividad extractiva, después de haber sido beneficiadas por la Casa Rosada.

Para acordar, la administración de Alberto Fernández se comprometió con las compañías y los sindicatos a impulsar en el primer trimestre de 2020 la nueva ley para “blindar” y dar previsibilidad a las inversiones en Vaca Muerta.

Esto fue confirmado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Darío Martínez, quien se convirtió en uno de los voceros de la Rosada en materia de leyes económicas.

Entre enero y marzo, también las partes discutirán la política de precios: por un lado, cuál será el valor de referencia del barril de crudo para las cinco cuencas (Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo de San Jorge y Austral o de Magallanes); y además, cómo se ajustará el valor de las naftas y el del gasoil en los próximos años.

Según pudo saber este diario de fuentes sindicales y empresariales, las empresas que se comprometieron a no despedir al menos durante enero son YPF, Tecpetrol, Pan American Energy, Shell y Vista Oil & Gas. Esas cinco concentran el 89 por ciento de la actividad en Vaca Muerta.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privados y senador nacional, Guillermo Pereyra, promueve que se sumen a la iniciativa de no despedir trabajadores las compañías ExxonMobil, Chevron y Pluspetrol. El sindicalista está en modo dialoguista, pero lanzó advertencias. Y coordinó mantener una misma estrategia con el jefe del gremio de los Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo.

“No hay paz social con un sólo despido”, avisó Pereyra en una multitudinaria asamblea registrada el lunes en el camping que el sindicato tiene en la ciudad de Neuquén. Y agregó que de generarse una baja, los operarios “tomarán todas las medidas de fuerza que tengan que tomar”. Tras ello, pidió que se adelante a enero una cuota del 9 por ciento del acuerdo paritario 2019/2020.

El sector viene de un año complejo. A pesar de haber flexibilizado su convenio laboral, entre agosto y noviembre hubo 600 despidos. Las empresas ejecutaron las cesantías porque bajaron equipos que estaban en producción debido a la caída de la rentabilidad por el congelamiento de precios de los combustibles ordenado por el gobierno de Mauricio Macri en medio de la campaña electoral y la suba de la inflación por la devaluación.

Recupero

El megayacimiento va lentamente recuperando actividad. En noviembre hubo 537 fracturas, un 72 por ciento más que las 312 de octubre, cuando se registró el nivel más bajo en casi dos años. Pero la explotación aun se encuentra un 20 por ciento por debajo de los niveles registrados hasta agosto, previo al congelamiento de precios, según un informe de la consultora NCS Multistage.

Ahora, según precisó Pereyra, en un acuerdo con la Nación, las empresas y los sindicatos se decidió extender hasta el 28 de enero la conciliación obligatoria que viene desde que estalló el conflicto en el sur en octubre. Y habrá reuniones para la búsqueda de soluciones.

El entendimiento entre las principales petroleras y el Gobierno fue promovido por el gobernador neuquino Omar Gutiérrez. Se alcanzó en paralelo a una serie de beneficios que le dio el Gobierno a las empresas exportadoras. Por un lado, les bajó las retenciones –que inicialmente iban a ser del 15%– a un tope del 8 por ciento.

Y por otro lado, decidió que las empresas deberán pagar las regalías a las provincias sobre la base de la facturación neta, es decir, después de que ya se hayan descontado las retenciones.

Eso generó una baja real de la presión tributaria sobre el sector al que la gestión de Alberto Fernández apuesta para que la producción de gas y de petróleo no convencional se duplique en cinco años y se triplique en ocho años. Además de la soberanía energética eso aseguraría exportaciones incrementales e ingresos de dólares genuinos que irán al pago de la deuda externa.

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