El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, enfrenta una denuncia penal por un acuerdo que firmó el 10 de abril con la concesionaria de Playa Grande, Playa Azul SA, a quien autoriza a habilitar un boliche bailable en dicho espacio. El saliente jefe comunal no contaría si quiera con la los documentos de los organismos de contralor municipales que lo avalen.

Según la presentación judicial presentada este miércoles, se acusa al intendente de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También se solicita que se cite a declarar a varios funcionarios municipales, entre quienes figura el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente.

“Increíblemente el jefe comunal firmó ese acuerdo sin anular el acto por razones de ilegitimidad, desoyendo todos los dictámenes anteriores”, dice la presentación hecha por Sergio Goransky, representante de las firmas Cubro SA y Playas del Sol SA, que reproduce La Capital de Mar del Plata.

De acuerdo con la denuncia, esto vulnera, entre otras cosas, “la expresa prohibición del pliego de proponer ampliaciones o modificaciones hasta que no esté totalmente finalizada la construcción de la obra originalmente propuesta”.

También lo acusan de vulnerar la ley orgánica de las municipalidades “ya que ni los secretarios de la comuna ni la presidencia del Emtur podrían dar curso a la contratación arbitraria e ilegítima de las obras que refiere el acta acuerdo sin incumplir las normas expresas que en tal sentido impiden a los funcionarios sortear las vías legales y reglamentarias para la contratación pública dad obras de este tipo”.

En el escrito presentado por el penalista Cesar Sivo, se menciona que el artículo 256 del Código Penal indica que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativa a sus funciones”.

También indica que “es propio desconfiar sobre cuáles son las intenciones del señor intendente para exponerse en semejante forma en protección de Playa Azul SA, en virtud de no poder encontrarse beneficios concretos para el municipio –sino todo lo contrario- y de adquirir la firma evidentes y jugosas ganancias con su obrar”.

Por su parte, el intendente electo, Guillermo Montenegro, anunció que realizará una exhaustiva auditoria de todas las áreas del gobierno en cuanto asuma la semana próxima.