En la construcción de su perfil presidencial, Alberto Fernández se presenta como un gestor hiperactivo obsesionado con encontrar equilibrios sin desatar conflictos. Si le toca ajustar es porque no le queda otra. Les quita a unos para atender a otros, guiado por una racionalidad "solidaria" y no por un afán de castigo a los sectores sociales que no lo votaron.

La lógica de esa estrategia se sostiene en parte en la necesidad de una identidad que lo distinga de su impulsora, Cristina Kirchner, pero también en la constatación electoral de que existe una porción considerable de la población que se movilizó contra el retorno de un modelo autoritario y que podría ponerlo en aprietos si se instala la noción del revanchismo.

Eso explica el malestar del Presidente por la forma en que salió de la Casa Rosada el anuncio de que el Gobierno bajará por decreto el porcentaje de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Se insinuó una guerra por los fondos con Horacio Rodríguez Larreta en medio de una negociación abierta y sigilosa que apuntaba a exhibir el recorte como un acuerdo político.

Fernández habló con Larreta y después los dos expresaron en público su vocación por el diálogo. Pero el episodio -en contra de los intereses presidenciales- volvió a activar un reflejo de resistencia en la oposición.

El diverso mundo de Juntos por el Cambio desconfía del dialoguismo albertista y distingue detrás de los gestos antigrieta de estas primeras semanas una vocación hegemónica más ligada al espíritu de la vicepresidenta que al aparente peronismo republicano del Presidente. Esa convicción ha tenido más fuerza que los rencores mutuos para mantener la unidad opositora, a pesar del sueño oficialista de partirla y debilitarla. Acaso el acuerdo más importante y menos visible que se cerró en el primer mes de la nueva gestión es el que sellaron de palabra desde el cauto Larreta hasta la combativa Patricia Bullrich, de Elisa Carrió al radical Alfredo Cornejo, de Martín Lousteau a Mario Negri o Miguel Pichetto.

"El gran desafío político de 2020 es blindar la unidad", suele decir Larreta. Considera un hito que la traumática salida del poder y el debate de la ley de emergencia se hayan saldado sin una gran fractura interna. El saldo fue la pérdida de tres aliados de módica relevancia en la Cámara de Diputados.

El jefe porteño tiene la guardia en alto por más cuidadoso que sea con las palabras. La negociación de la coparticipación será una prueba de fuego en la relación con el Presidente. Todavía resuenan en los oídos de los funcionarios de la ciudad aquel discurso reciente de Cristina Kirchner en el que dijo que en Buenos Aires "iluminan hasta los helechos" mientras los habitantes de La Matanza chapotean en el barro.

En esa discusión está dispuesto a ceder fondos coparticipables, pero pondrá otros temas sobre la mesa: las obras con fondos nacionales en la ciudad (sobre todo el levantamiento de vías del tren Sarmiento), el traspaso del puerto, la cesión de terrenos con potencial edificable, los subsidios al transporte. Nadie descarta que todo termine en un litigio en la Corte, pero no es el plan A.

La confirmación de que Fernández bajará las transferencias a la ciudad por decreto resultó funcional al objetivo aglutinador de la oposición. Potenció el discurso del ala dura de que está en marcha una venganza. Mauricio Macri se lo hizo saber a algunos dirigentes con los que se mantiene en contacto desde sus vacaciones en Cumelén. "Hay una guerra cultural contra su gestión. Frenan hasta las cosas que solían elogiar, como el metrobús, y quieren instalar la idea de tierra arrasada: que no andan los aires acondicionados de la Casa Rosada, que no había vacunas, que el Ministerio de Seguridad estaba abandonado", señala una interlocutora habitual del expresidente.

La incógnita se mantiene sobre qué vocación de liderazgo mantendrá Macri desde el llano. Él promete estar activo y trabajar para la unidad. Tiene una visión sombría de la gestión de Fernández y de sus posibilidades de éxito, que comparten casi unánimemente las figuras centrales de la coalición opositora. Quien mejor representa hoy el pensamiento de Macri es Bullrich. Él también está orgulloso de Pichetto, cuentan en su entorno. Le encomendó formar un grupo político propio para integrarse a Cambiemos de manera más institucional.

En el terreno radical, Cornejo salió esta semana a levantar el perfil como presidente del partido. Acusó a Fernández de antifederalista por la forma en que dispuso repartir subsidios al transporte en el área metropolitana en detrimento del interior.

El tono irritado del exgobernador mendocino causó impresión en el Gobierno. Lo muestra más cercano a Mario Negri -del ala más visceralmente opositora del partido-. Y lo distancia de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, necesitado de una buena relación con el poder central. Pero en general transmite la idea de que no será sencillo partir al radicalismo, como algunos habitantes del nuevo oficialismo imaginaron a la salida de las urnas.

El pacto

La convicción de no dejarse vencer por la ola peronista motivó un sinfín de reuniones en el último mes de las que entraron y salieron Cornejo, Carrió, María Eugenia Vidal, Larreta, Pichetto, Bullrich, el propio Macri antes de sus vacaciones.

El pacto no escrito entre todos esos actores apunta a votar unidos en el Congreso -como ocurrió con la ley de emergencia-, hacer valer su poder cuando la aritmética parlamentaria lo permita -el caso testigo fue la ley fiscal de Axel Kicillof- y morderse la lengua para evitar pases de facturas internos. Hay que hablar del futuro -sostienen- y no regodearse en la frustración por el fracaso económico, por mucho que a algunos todavía les duela lo poco que Macri escuchó las alertas que partían desde distintos puntos de la coalición.

En esa línea acumuladora se inscribe la intención de Larreta de integrar a Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Nicolás Massot, abanderados de la frustrada apertura política en los días del macrismo en el poder.

El siguiente desafío para la unidad opositora viene con el debate en el Senado del pliego de Daniel Rafecas, el juez federal que Alberto Fernández quiere ubicar como procurador general de la Nación. La aprobación requiere dos tercios, lo que hace imprescindible alguna colaboración del bloque cambiemita. El ala dura recuerda que a Macri el peronismo le negó sistemáticamente la convalidación de su elegida para el cargo, Inés Weinberg de Roca. Otros consideran que no se debe imitar en la oposición lo que tanto se criticó desde el gobierno. De momento, el acuerdo interno consiste en atar esa discusión a la del proyecto de reforma judicial que el Gobierno pretende tratar antes de marzo en sesiones extraordinarias.

Rafecas abre un debate adicional vinculado con el fallecido Alberto Nisman. Como juez, fue quien desestimó casi sin analizar la denuncia del fiscal del caso AMIA contra Cristina Kirchner, una decisión que los tribunales luego revirtieron en tiempos de Macri.

El irresuelto caso Nisman opera como otro rasgo de pertenencia en Cambiemos. La decisión de revisar el peritaje que determinó que a Nisman lo mataron -pese a que no lo pide la Justicia- marcó el inicio de una ofensiva para dejar en la nebulosa la investigación. Reaparecen oscuras figuras de los servicios, el Presidente revisa en público sus antiguas convicciones, habla desde Irán un acusado del atentado contra la AMIA, se reactivan pesquisas sobre el dinero del fiscal muerto.

El discurso antigrieta está entre los "permitidos" del nuevo gobierno kirchnerista. Pero ante situaciones que complican personalmente a Cristina, Fernández se cuelga sin dudar las mochilas del pasado.