Antes del 10 de diciembre, cuando se produzca el traspaso de mando del gobernador Alfredo Cornejo al electo Rodolfo Suarez, las subas en las tarifas de agua y transporte deberán estar definidas. Al menos esa es la intención y los trámites administrativos avanzan a contrarreloj para establecer la fecha de audiencia pública, previo a disponer el aumento por decreto.

En agosto de este año se fijó el congelamiento de los cuadros tarifarios por tres meses, por lo que la Provincia tuvo que compensar el desfasaje entre los costos de producción y la recaudación por el servicio. Fue el caso de la empresa provincial Agua y Saneamiento de Mendoza (Aysam), que recibió el aporte por subsidios de 140 millones de pesos y solicitó una partida similar hasta culminar el ejercicio 2019.

Frente a ese escenario, Servicios Públicos pidió al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) que eleve cuanto antes el estudio de costo y la proyección de lo que demandará el servicio de agua y cloacas ante el requerimiento de Aysam, que solicitó un incremento del 160%.

 

Ver también: Aumenta el boleto y llegaría a $25

 

La empresa estatal es la mayor prestadora en el Gran Mendoza, que se suma a otros pequeños operadores como los municipios de Maipú y Luján de Cuyo.

Por esa razón, entre las tareas pendientes que tiene Cornejo antes de dejar el sillón de San Martín, una de las más importantes es definir una actualización del agua y del transporte y cómo se aplicará el nuevo cuadro tarifario: de forma total o escalonada.

"El aumento es inexorable"

El titular de Agua y Saneamiento de Mendoza (Aysam), Richard Battagión aseguró que un incremento en el servicio "es inexorable y si bien nosotros hemos pedido un ajuste del 160%, todo va a depender del aporte de subsidios que haga la Provincia".

Actualmente, un consumo promedio en la zona residencial del Gran Mendoza genera una boleta bimestral de $600, "lo que no alcanza a los valores que paga cualquier ususario por el servicio de telefonía o televisión por cable", graficó el funcionario.

"Creemos que tenemos que acercarnos más entre lo que sale producir el agua de calidad y el saneamiento que pretendemos dar y la recaudación", advirtió el titular de la empresa.

De esta manera, aunque no aventuró porcentajes, el costo por el consumo ascendería a $800 y $900 en promedio, unos 400 litros por persona por día, pensando en una familia de cuatro integrantes.

La situación de los operadores 

Aguas Luján es el área municipal que presta el servicio de potabilización y saneamiento en ese departamento y a la hora de definir los nuevos cuadros tarifarios, lo hace de manera autónoma.

Si bien no hay una tasa diferenciada de agua a la que se cobra por el resto de las prestaciones como barrido y limpieza, el secretario de Obras Públicas e Infraestructura, Rolando Baldasso, indicó que están trabajando en el cuadro de costos y la diferencia que generó el impacto en la suba de todos los insumos.

"En el momento en que se defina la nueva tasa municipal por un conjunto de servicios que prestamos, ahí vamos a evaluar el porcentaje nuevo, que deberá ser tratado por la nueva composición del Concejo Deliberante", profundizó Baldasso.

 

Ver también: Mendoza se seca: se espera un 11% menos de agua

 

En Maipú, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Eduardo Mezzabotta, también ponderó que la pauta inflacionaria para el 2019 fue del orden del 23% y que promedia para el final de este año más del 50% de inflación.

 

 

 

 

Multas más caras por derroche 

Aysam también formalizó una petición para que se revisen las sanciones económicas por el derroche del recurso, máxime en un momento en el que Mendoza atraviesa por una crisis hídrica.

"Estamos pidiendo que se multiplique por cinco los valores actuales. El agua es un recurso escaso y limitado en nuestra provincia y tenemos que cuidarlo. Por eso, creemos que en la medida que el usuario tome conciencia de esto va a cambiar su proceder", consideró Bataggion.

Hoy la sanción más grave por conexiones clandestinas asciende a los $2.300, un monto muy inferior a lo que debe pagar un usuario que solicite el servicio por la vía que corresponde.