Más allá de ese aporte, el sector se siente destratado. “Ha tenido que convivir desde marzo del 2020 con el congelamiento de todos sus precios, medida que fue acompañada por las empresas entendiendo que ésta era de carácter excepcional y transitorio, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19”, señalaron, en alusión a Precios Máximos: a diferencia de Precios Cuidados, es obligatorio y el Gobierno lo ha extendido más de lo previsto inicialmente, con ajustes que quedaron muy detrás de la inflación general.

Luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año de su implementación, dijeron, “el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica”.

A esas dificultades, critica Copal, se adiciona la reciente publicación de la Resolución 237/21 que crea el “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (Sipre), que exige a las empresas informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos.

Copal, en representación de sus 35 cámaras socias, interpuso un reclamo administrativo impropio, requiriendo la suspensión de los efectos hasta tanto se evalúe su derogación. Entre los principales fundamentos figuran la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución. A la vez, “intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”.

Además, adviertieron sobre las implicancias y los fundamentos para exigir la derogación de la Resolución 283/21 que da lugar al “Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas” (Sifire), que “colisiona con marcos normativos preexistentes y con competencias de las autoridades sanitarias correspondientes, sumándose al extenso listado de trámites del sector”.

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Según la Secretaría de Comercio Interior, el Sifire tiene como objetivo “prevenir engaños en la veracidad de la información que contienen los rótulos o etiquetas, y garantizar la transparencia y competencia leal entre los distintos bienes disponibles en las góndolas”. El sistema, de carácter obligatorio, manda que todos los bienes alcanzados (alimentos, bebidas, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica) deben pasar por el proceso de fiscalización antes de su comercialización dentro de todo el territorio nacional.

“Al examinar los rótulos y etiquetas de los productos se evitan ventajas comerciales por incumplimientos al régimen legal aplicable, se impide la existencia de vacíos informativos y la inclusión de mensajes con expresiones ambiguas o incompletas que induzcan a una decisión de compra equivocada”, agregaron desde el Gobierno.

“Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad”, afirmó Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, en un comunicado emitido el domingo a la tarde. “Estamos convencidos de que la única vía para lograr estabilizar la economía es a través de la generación de más competencias, incentivos a la iniciativa privada y mayor formalidad con menor carga fiscal”, remató Funes de Rioja.