El martes en la noche, mientras las plenarias del Senado y Cámara discutían el nuevo texto de la reforma tributaria, hubo un gran ausente.

Pese a que organizaciones sociales y representantes habían impulsado diferentes propuestas para poner un impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia, este finalmente no fue incluido en el texto de la reforma tributaria que fue aprobada. Durante el debate tampoco tuvieron aval para discutirse tres de las proposiciones que buscaban la inclusión de este impuesto en la reforma. Fueron negadas en bloque. Lo curioso fue que, según el representante de la Cámara, Juan Pablo Celis, los artículos que tenían relación con las bebidas azucaradas fueron excluidos y negados “por respeto al trabajo de los ponentes”.

“Después de un fuerte lobby en contra de la iniciativa, el texto no fue incluido en la ponencia mayoritaria y el Ministro de Hacienda se negó a darle aval a tres proposiciones que buscaban la inclusión”, señalaron desde el colectivo de abogados CAJAR, una de las organizaciones promotoras de este impuesto. Su vocera, Yessika Hoyos, aseguró que “aunque hay tres proposiciones asociadas al consumo de bebidas endulzadas y azucaradas, y aunque hubo tres reuniones de los senadores ponentes y los coordinadores del Proyecto de Ley No. 027/2021 (Cámara)-041/2021 (Senado), los congresistas ponentes han decidido desprenderse de la discusión”. 

El debate alrededor del impuesto a las bebidas azucaradas no es nuevo, viene abriéndose paso en Colombia desde el 2016. Sin embargo, cinco años después, aún no ha tenido cabida ni ha sido aprobado.

En Colombia el consumo de bebidas azucaradas es alarmante. Según la última Encuesta de Calidad de Vida del DANE, publicada el martes, más del 70% de personas de 2 años en adelante consume bebidas azucaradas en departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar, Arauca y Guaviare. Y en la mayoría del país el consumo es mayor al 50 %.

Las bebidas azucaradas están asociadas a un alto riesgo de presentar Enfermedades No Transmisibles como hipertensión y diabetes tipo 2, entre otras. Y los impuestos saludables buscan precisamente desincentivar el consumo de productos nocivos (como el tabaco, el licor, y las bebidas azucaradas) con un impuesto o tasa adicional que aumente su precio de venta para desincentivar su consumo.

La organización RedPaPaz, otra de las promotoras del impuesto a bebidas azucaradas, asegura que en Colombia el consumo de bebidas con exceso de azúcar sobrepasa el consumo máximo recomendado para niñas, niños y adultos. “Mientras que el consumo diario máximo recomendado para un niño o niña en edad escolar es de 37 gramos de azúcar diarios, una bebida de malta de 330 ml, por ejemplo, contiene 32 gramos de azúcar. Es decir, el 86% de la cantidad que podría consumir en el día”, señalan en su página web. Asimismo, en los últimos 10 años, agregan, se ha incrementado en Colombia el sobrepeso y la obesidad en una tasa similar a la de la producción de gaseosa (10%).

Recursos para el sector salud

El impuesto a las bebidas azucaradas ha sido propuesto también como una forma de recaudar recursos para el sector salud. Con las proposiciones impulsadas, que no fueron debatidas, se buscaba recaudar entre 1,5 y 2 billones de pesos para fortalecer el sistema de salud.

Como ocurre con el cigarrillo, el alcohol, y otros productos, un impuesto a las bebidas azucaradas busca obtener recursos para cubrir los gastos del sistema de salud que generan las enfermedades por el consumo de bebidas azucaradas. De hecho, se estima que anualmente el país gasta $740.000 millones en el tratamiento de diabetes atribuibles a bebidas azucaradas.

“El impuesto a las bebidas azucaradas tiene un “doble dividendo”. Por un lado, al desincentivar el consumo de estas bebidas, se reduciría la obesidad de los hogares entre un 5% y un 10%, lo que se traduciría en menos tratamientos por Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), y por tanto menos costos del sistema de salud. Por otro lado, un impuesto del 20% aportaría aproximadamente un billón de pesos anuales al Estado, lo que sin duda ayudaría a asumir los costos y el déficit actual del sistema de salud”, señalaba a este diario Alejandro Rodríguez, investigador de De justicia.