Era un secreto a voces que anticipó este diario. La gobernadora tenía decidido designar a su ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, como el representante del Ejecutivo bonaerense ante el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de elegir jueces en la Provincia de Buenos Aires. Y ayer, esa intención se plasmó con su publicación en el Boletín Oficial.

De la Torre, exintendente de San Miguel, asumirá en el lugar que dejó vacante Claudio Grasso y se convertirá de este modo en el segundo hombre del gobierno provincial en ocupar un cargo de extrema importancia en el ámbito judicial.

Primero, Vidal se encargó de que su secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, abandonara su puesto como funcionario para encabezar la Procuración bonaerense, desde donde se desempeña como jefe de los fiscales; ahora hace lo propio con otro hombre de su riñón, quien tendrá bajo su ala nada menos que el control de los jueces. ¿Cómo referir a esto sino como una copia vil de lo que hacía Cristina?  

Otros hechos abonan suspicacias: la falta de quórum en el Tribunal de Cuentas, que debe poner la lupa en el Estado provincial y sus municipios (oh, casualidad, nadie controla a la tan “puritana” Gobernadora); las vacantes en el fuero Contencioso Administrativo y el cuestionado rol de la Oficina Anticorrupción, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia bonaerense. Es decir, en el seno del propio Ejecutivo y alejada de toda independencia (¡Qué caradura!).

En el relato, el gobierno provincial (y el nacional, vivo espejo del bonaerense) predica la independencia de poderes, requisito natural y esencial de toda República. Pero en los hechos, parece haber una suerte de Justicia Legítima, de Poder Judicial cooptado, a la manera kirchnerista, para que jueces y fiscales fallen a favor del poder de turno.

Es como si anidara en Cambiemos aquello que el Viejo Vizcacha cantaba en el Martín Fierro: “Hacete amigo del juez, no le dés de qué quejarse”. Pero era el siglo XIX, el Estado argentino todavía estaba en formación y faltaba aún para la aplicación plena de la constitucional división de poderes. Lamentable es que los versos de entonces no pierdan vigencia, que la ironía de Vizcacha se vuelva realidad y que la Gobernadora no cumpla con el mandato de nuestra Carta Magna.