“Nos estamos comiendo a la clase media, estamos llevándola a que apueste a la especulación financiera y a la buena suerte. Porque cuando el nivel de pobreza aumenta, significa que parte de esa clase media está cayendo en situación de pobreza”, reflexiona Agustín Salvia, sociólogo y director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Lo hace en un contexto de 42% de pobreza en el país que refleja cómo parte de la clase media se empobreció engrosando ese índice.

La pandemia no hizo más que agravar una marcada tendencia en las últimas décadas relacionada con el achicamiento de los ingresos y de la clase media, y la ausencia de políticas destinadas al mantenimiento de esta franja social que tiene una particularidad: es clave para el desarrollo de cualquier país.

Pero tanto los últimos años de la gestión de Cristina Kirchner, como el gobierno de Mauricio Macri y el año y medio de Alberto Fernández, marcan como denominador común una fuerte ayuda a los más vulnerables -lo cual es una obligación-, pero al mismo tiempo relegando a la clase media de las prioridades y sin la valoración como el motor del crecimiento. Todos los gobiernos hablan de la importancia de las pymes pero muy pocos hicieron algo por ese sector.

En los mejores momentos del kirchnerismo con la suba de los commodities en 2008 o la burbuja de consumo de 2012, e incluso en el “veranito” económico del macrismo en 2017, la pobreza nunca bajó del 25%, de los cuales 10 puntos correspondían a la clase media baja empobrecida.

La situación global llevó a la preocupación en el mundo por sostener a la clase media. Los países europeos que provocan idolatría en los políticos de América Latina son sociedades de clases medias porque nadie duda que es un segmento vital para el desarrollo económico y la estabilidad política y social.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) aconseja que “para fomentar la equidad del sistema socioeconómico, los gobiernos deben enfocarse en estimular la clase media” y, para ello, deben apelar a “cambios en la carga tributaria sobre los ingresos laborales, ampliar la tributación del capital y de las grandes herencias, así como hacer que los impuestos sobre la renta sean más progresivos y justos”.

Pero en Argentina la realidad es otra. “En una situación de quiebre estructural que tenemos tanto en lo productivo como en el mercado de trabajo, y ya que no va a venir una lluvia de inversiones, el motor de este país es que crezca la clase media y se generen miles de emprendimientos”, afirma Agustín Salvia.

Un reciente informe de la consultora Abeceb indica que “el peso de la clase media en el total de la población muestra una caída”. A modo de ejemplo de ese deterioro, sostiene que hoy se necesitan cerca de dos años de salarios promedio para comprar un auto, lejos de los 14 sueldos promedio que se necesitaban en 2013; alcanzar una propiedad requirió en promedio en 2020 de 132 sueldos promedio; y el poder de compra de una canasta de electrodomésticos cayó un 20% en un año.

Sin embargo, la definición más relevante del gobierno de Alberto Fernández hacia ese sector ha sido la pelea iniciada por Cristina Kirchner contra los porteños –en la Ciudad hay un importante componente de clase media-, por considerarlos ricos respecto a los bonaerenses, y así justificar el recorte de fondos. Ese episodio pareciera reflejar cómo se para el kirchnerismo ante la clase media.

No obstante, las cuatro medidas que el Gobierno esgrime de ayuda a la clase media en 2021, aunque forman parte de la estrategia electoral, son la modificación del impuesto a las ganancias que beneficia a más de un millón doscientas mil personas, el acceso a la ayuda estatal llamada REPROII para los comercios afectados por las restricciones por la pandemia, el congelamiento de tarifas y la obra pública en todo el país.

El programa REPROII cerró mayo con un récord de más de 55 mil inscriptos, que comprenden a casi 1 millón de empleados, aunque muchos de ellos luego son rechazadas por no cumplir con los requisitos. Si bien es una ayuda, a quienes acceden les alcanza para costear parte de los sueldos de los empleados -$22 mil - sin aportes patronales, pero en muchos casos apenas logran empatar los gastos por la caída de las ventas en una economía en baja por la pandemia y la inflación.

Durante el 2020 mas de 90 mil locales comerciales y 41 mil pymes cerraron. Nada más en el sector de turismo y gastronomía, desde el inicio de la pandemia desaparecieron 12 mil hoteles y restaurantes con la pérdida correspondientes de unos 200 mil puestos de trabajo.

El segundo punto está dirigido a un sector importante de la clase media que dejara de pagar el impuesto a las ganancias a partir del mes que viene. El beneficio no sólo llegó 90 días después de su aprobación, sino que lo hizo junto a una devolución a quienes pagaron desde enero el impuesto en cinco cuotas a partir de julio. Pero el monto devuelto ya no será el mismo porque cinco meses en la Argentina equivalen, por la inflación, a una pérdida del 10-15% de ese valor.

Ahora bien, de 1.200.000 beneficiados por ganancias, ¿cuántos son monotributistas? Porque si bien dejarán de pagar ganancias, ahora tendrán que afrontar el 35% de aumento del monotributo. Es que el Gobierno estableció ese incremento en las escalas, pero también un sorpresivo retroactivo a febrero de este año, por lo cual muchos contribuyentes se despertaron estos días con una deuda que no tenían. Deben agradecerle a la AFIP de Mercedes Marcó del Pont que en medio de la pandemia y de la crisis económica les permita pagar en cuotas. El Gobierno benefició a quienes no pagarán ganancias pero al mismo tiempo les sacó dinero con el incremento del monotributo. Para completar el panorama, hay 860 mil morosos que le deben a la AFIP unos $266 mil millones.

Esto generó un masivo repudio en las redes sociales y opaca la ley del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “En un momento de tanta dificultad y esfuerzo, sería bueno repensar éste tipo de medidas que afectan directamente al bolsillo de un sector que viene muy castigado por la falta de actividad”, escribió en su cuenta de Twitter el intendente de Lanús, el macrista Néstor Grindetti.

La tercera medida responde a la decisión del ministro de Economía en las sombras, el actual gobernador Axel Kicillof que asesora a Cristina Kirchner, de planchar las tarifas. En modo electoral, apenas autorizó un aumento del 9% de la electricidad en el AMBA y del 6% en el gas en todo el país.

Pero ese congelamiento difícilmente actúe como dinero extra que la clase media destinará a más consumo o ahorro. El Gobierno informó -según adelantó Clarín- que unos 900 mil hogares tienen deuda con Edenor y Edesur, que más de 3 millones son los morosos con el servicio de gas y más de 400 mil los que le deben a Aysa por el servicio de agua corriente.

La última decisión del Ejecutivo que estaría dirigida a la clase media desde la Casa Rosada es a través de uno de sus ministros más activos, el de Obra Pública Gabriel Katopodis, que iniciará en el segundo semestre unas 1000 obras en las 24 provincias. No es algo nuevo, ese ministerio ya desplegó obra pública en más de la mitad de los municipios de todo el país pero, según las distintas encuestas, la desaprobación de la gestión de Alberto Fernández ha ido en aumento.

“Es muy difícil que esas medidas sean recibidas por la clase media como una mejora de ingresos cuando se cerraron muchos negocios y pymes, hay más desempleados, aumentó de la morosidad, la inflación es incontenible y el salario real en el último año cayó por los menos 5 puntos”, asegura un economista ligado al oficialismo.

Lo que el actual Gobierno y sus antecesores parecen no comprender es que la caída de la clase media provoca que los sectores marginales dependan cada vez más de los planes sociales del Estado, porque ya no existe el derrame que ese segmento generaba, por ejemplo, a partir de la contratación de empleados o de servicios como jardinería, albañilería, personal doméstico y otros tantos oficios.

“Cuándo entenderemos que la mayor cantidad de los empleos no lo generan las grandes inversiones sino los pequeños y medianos emprendimientos. Y que ante esta situación esos pequeños emprendedores ya no contratan empleados sino que trabajan con sus propios familiares y en otros casos directamente cierran”, aporta Salvia.

La única salida al presente laberinto es a través de la creación de fuentes de trabajo, tanto en sectores dinámicos como en pequeñas y medianas empresas e, incluso, en la propia economía social. No está claro de qué manera se recuperarán los miles de puestos de trabajo que se perdieron en 2020. Sí en cambio está claro que un gobierno cuyo modelo no contemple el crecimiento de la clase media para que en país crezca no sabe hacia dónde va. O peor aún, lo sabe, pero no es hacia el crecimiento.