La primera jornada del juicio oral contra el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por el caso Oil Combustibles se consumió en la tediosa rutina de lectura del requerimiento de elevación a juicio. Es el tramo del debate donde se exponen las acusaciones realizadas durante la instrucción de la causa. En este caso es defraudación contra la administración pública por la retención de impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural (ICL) por una cifra que la fiscalía estableció en más de $8 mil millones, con los que la petrolera, supuestamente, fondeaba otras empresas del grupo económico y adhería a planes de pagos que eran autorizados por el organismo recaudador.

En lo técnico, lo más relevante fue que ayer comenzaron a surgir las primeras contradicciones entre la acusación que formalizó la querella que representa a la AFIP (sobre el otorgamiento irregular de esos planes) y una mucho más amplia realizada por el fiscal Gerardo Pollicita, que mezcló la maniobra denunciada en materia fiscal con una presunta asociación ilícita que se remontaría a los inicios del kirchnerismo y que finalmente desembocaría en “retornos” a través de la actividad hotelera de la exfamilia presidencial como un movimiento concatenado, muy lejos de lo que será el eje del debate en este juicio. Y apoyó esa hipótesis en la teoría de que López y De Sousa habrían comprado una petrolera para conformar un conglomerado económico que les permitiese posteriormente apropiarse de los impuestos incluidos en el precio de los combustibles que comercializaban a través de Oil. Cargada de adjetivos con respecto al escrito de elevación de la AFIP -que hacía eje en que hubo un otorgamiento irregular de planes de facilidades para refinanciar la deuda de la empresa y la supuesta omisión de ejecutarla- Pollicita se centró en la posible conexidad de esta causa con otras que se tramitan contra Cristina de Kirchner y su familia y que fueron impulsadas por Elisa Carrió.

Sin sobresaltos, la audiencia tuvo un único cruce tras un arranque demorado. Carlos Beraldi, abogado de De Sousa, reclamó antes de que comenzase la lectura que el Tribunal Oral Federal N° 3 estaba desarrollando la audiencia en una sala pequeña para la cantidad de público (con abultada presencia de dirigentes del universo K) al que hubo que organizar con prioridades para su ingreso al recinto. Desapercibido entre el centenar de asistentes, el ojo atento del mundo político pudo detectar a uno de los mejores amigos del precandidato presidencial Alberto Fernández, Claudio Ferreño, quien dio el presente en jornada inaugural. Beraldi deslizó algo que será permanente a lo largo de este juicio: “Aquí se está discutiendo no solo la responsabilidad de los acusados, sino la manera arbitraria de cómo se desarrolló la investigación y la intromisión del Poder Ejecutivo en el caso”, afirmó. Y es que los cuestionamientos que pesan sobre el tándem de Julián Ercolini y Polllicta es que llevaron adelante una instrucción defectuosa hasta para sostener que hubo un proceder ilegal con respecto a los planes de pago y a las reglamentaciones internas de la AFIP. Quitando la hojarasca, solo queda establecer si el juicio es viable o si se montó sobre pilares discutibles, unidos con argamasa de coyuntura política. La faceta penal va acompañada de una acción civil bastante exótica que plateó la AFIP para recuperar el dinero adeudado, del que no percibió un céntimo pese a que se liquidó la compañía y se remataron sus activos. Hay otra causa en sede penal que investiga si esto no se trató de una maniobra oficial para desguazar el grupo de López, a quien el Gobierno puso en la mira apenas asumió.

La mayor parte de las irregularidades están sostenidas por un informe de auditoría encabezado por Néstor Sosa, integrante de una de las líneas internas de AFIP enemigas de Echegaray. De hecho, como se leyó ayer, hay otro tramo de la investigación que no fue incluida en el juicio oral y que involucra a la línea directiva de AFIP y a empleados jerárquicos del organismo que ya organizaron una revuelta contra el actual administrador Leandro Cuccioli por este motivo. Uno de los más mencionados durante el requerimiento fue el exmano derecha de Echegaray, Guillermo Michel, antes de que fuera declarado con falta de mérito por Ercolini, en el segundo tramo de la pesquisa, pese a que reconoció su participación en el otorgamiento de los planes y que se ajustaba a la normativa vigente, para lo cual se habían endurecido las condiciones para su aprobación.

López se mostró distante durante la audiencia, concentrado en la lectura del libro “Sinceramente”; De Sousa se la pasó haciendo anotaciones al margen y revisando cada foja de la acusación; y Echegaray se paseó sereno y solitario por los pasillos de tribunales durante los cuartos intermedios. Fue solo el primer día que se completará el 27 con el fin de las lecturas. Es probable que con el correr de las audiencias, el juicio derive en altas dosis de acción en el plano político.