Abogado, Alberto Fernández conoce bien la fauna tribunalicia, aunque expresa un rechazo similar, hasta cierto punto, al de Macri. Trabajó en un Juzgado, se crió con un magistrado que llegó a camarista penal e interactúa desde hace décadas con jueces, fiscales y defensores. Como profesor universitario y como funcionario. Eso explica, dicen a su lado, sus críticas a ciertos fallos y sus dardos contra viejos conocidos.

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"Es escandaloso lo que hicieron algunos jueces del fuero federal", afirmó Fernández en mayo, días antes de que la expresidenta Cristina Kirchner lo anunciara al frente de la fórmula presidencial. Apuntó entonces, por sus nombres, contra varios jueces de los tribunales federales de Comodoro Py, como Julián Ercolini, Claudio Bonadío, Martin Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. "Van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno", dijo.

Ya como Presidente electo, Fernández mantiene canales de diálogo con actores de los distintos niveles y fueros judiciales y del Ministerio Público Fiscal. En particular, de la Corte Suprema. Y ya recibió un primer contacto desde Comodoro Py para sondear cómo se relacionará con esos jugadores del sistema. "Quisieron 'medirle el aceite' pero él lo cortó en seco", indicó a LA NACION una fuente de su círculo íntimo, lo que confirmaron otros tres interlocutores.

A su lado ponen paños fríos, sin embargo, a posibles reformas estructurales, como la fusión de los juzgados penales de los fueros ordinario y federal que alentó en 2004 el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, hoy otra vez en la primera línea como miembro de su equipo de transición.

Ciertas preguntas, en tanto, solo comenzarán a responderse con el correr de las semanas. ¿Quiénes ocuparán los cargos clave en el Ministerio de Justicia, la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) o el Consejo de la Magistratura? ¿A quién propondrá Fernández para liderar la Procuración General de la Nación? ¿Y al frente de la Oficina Anticorrupción ( OA), la unidad antilavado ( UIF) o la Sindicatura General ( Sigen)? Bastiones, todos, que permitirán vislumbrar cuál será su verdadera impronta presidencial.

Esos bastiones son, sin embargo, los más visibles. Pero hay otros, más directos, que también están disponibles para lidiar con los tribunales federales de Comodoro Py. Por ejemplo, el cargo que dejó vacante Germán Moldes como fiscal general ante la Cámara Federal. Es decir, el jefe directo de los fiscales de primera instancia de ese edificio. Y eso, sin olvidar las dos vacantes disponibles en esa Cámara Federal, superior inmediata de los doce Juzgados del fuero.

Nombres que ruedan

Hasta el momento, tres son los nombres que más suenan alrededor de Alberto Fernández cuando se trata de las relaciones con el Poder Judicial: Marcela Losardo, Juan Manuel Olmos y Eduardo "Wado" de Pedro. Pero no son los únicos. También circulan los de Vilma Ibarra, Alberto Iribarne, Julio Vitobello y hasta el del propio Béliz, cuya sola mención pone los nervios de punta a algunos de los jueces y fiscales más veteranos de Comodoro Py.

Losardo suena para ministra de Justicia, aunque puede recalar en otro puesto que requiere la máxima confianza: la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Conoce a Fernández desde que estudiaban en la Facultad de Derecho, abrieron juntos un estudio jurídico, y ella lo asesoró mientras él ocupó la Jefatura de Gabinete y luego asumió como secretaria de Justicia y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura hasta que Aníbal Fernández le pidió su renuncia en 2009, en plena pelea entre Alberto Fernández y el kirchnerismo.

¿Qué piensa Losardo, hoy, sobre el Poder Judicial? Afirma que se necesita "un renovado sistema de Justicia", según planteó en una conferencia reciente. Para eso, estimó, hay que reclamarle "al Poder Legislativo que actualice las normas para que respondan a las necesidades de la sociedad y al Poder Ejecutivo que se relacione con el Poder Judicial desde la colaboración, el diálogo e independencia absoluta", la que estimó que también debe darse en sentido inverso. "No podemos dejar de señalar que algunos jueces tienen puesta la mirada en el poder político antes de dictar sentencia", lamentó.

La segunda figura que se mueve alrededor del Presidente electo para abordar el Poder Judicial es la del extitular del Consejo de la Magistratura porteño, Juan Manuel Olmos, un referente del peronismo en la ciudad que mantiene un diálogo fluido con jueces, fiscales y todo el arco político. En especial con el PRO, gracias a su interacción con el presidente de Boca Juniors y también operador judicial, Daniel "el Tano" Angelici.

"Creemos en los logros alcanzados en los últimos 12 años, donde se gobernó en beneficio de las mayorías. Pero no podemos vivir recordando lo que hicimos bien y negar los errores", dijo Olmos a finales de 2016, cuando lanzó Nuevo Espacio de Participación (NEP) y pareció acercarse a Sergio Massa, para luego convertirse en el referente de Alberto Fernández en el distrito porteño. No solo eso. También se convirtió en uno de sus recaudadores para la campaña presidencial.

El tercer nombre que suena como "interlocutor" entre el nuevo Gobierno y el Poder Judicial es el del diputado nacional Eduardo "Wado" de Pedro. Pero con una particularidad: hoy integra el Consejo de la Magistratura por el Frente para la Victoria (FPV) con mandato previsto hasta 2022, aunque hoy suena más para asumir al frente del Ministerio del Interior.

Señales posibles

Los tres -Losardo, Olmos y De Pedro- coincidieron el martes 29 de octubre en un acto que disparó todo tipo de lecturas: la jura como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires de Juan Bautista Mahiques, hasta entonces representante del presidente Macri en el Consejo de la Magistratura. A los tres los sentaron en la primera fila, por delante de camaristas, jueces, fiscales y demás invitados. Toda una señal.

A fines de septiembre se registró otra señal, cuando Fernández participó en un homenaje al exprocurador general de la Nación, Esteban Righi, en la Facultad de Derecho de la UBA. Con Olmos como uno de los organizadores del evento y Losardo sentada junto a la familia Righi, el entonces candidato presidencial criticó, aunque sin mencionarlos por sus nombres, al fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Julián Ercolini, entre otros.

Losardo y De Pedro, por último, mantienen vínculos aceitados con la Corte Suprema de Justicia. Ella, con Elena Highton de Nolasco, cuya cátedra integró en la Facultad de Derecho de la UBA, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Mientras a él se lo ve fatigar los pasillos del máximo tribunal, donde esperan con ansias conocer un nombre que debe definir Alberto Fernández: ¿a quién propondrá para liderar la Procuración General, es decir, como jefe máximo de los fiscales?

El nombre que más suena para ese cargo es el del actual juez federal Daniel Rafecas. Su designación le aportaría un beneficio indirecto a Fernández: generaría una vacante en Comodoro Py a llenar con un concurso del Consejo de la Magistratura. Pero también un desafío: ¿estarán dispuestos los radicales a convalidar al juez que investigó el caso de las "coimas en el Senado"? ¿Y cómo reaccionaría la comunidad judía ante la nominación del juez que se negó a investigar el memorando con Irán?

Otras preguntas pendientes son más incómodas: ¿quién asumirá al frente del espionaje local? ¿La AFI mantendrá sus opacos canales de comunicación con jueces y fiscales que desarrolló durante los gobiernos de Carlos Menem, los Kirchner y Macri?