A pesar de ello, la cuestión de los costos y sustentabilidad de las organizaciones del sector, un aspecto que se discute desde larga data, parece no tener solución e incluso haberse agravado en el último tiempo como explican varios dirigentes.

Pero entonces ¿cuáles son los motivos de esta inestabilidad del rubro?

Uno de los primeros factores que se identifica al respecto es el fenómeno de la concentración de afiliados. Esto quiere decir que, en Argentina, tan solo un 5% de las obras sociales concentran el 50% del total de los afiliados. Por este motivo, el resto de las entidades parecen no llegar a cubrir los costos producidos por los gastos administrativos y las prestaciones que demandan sus beneficiarios frente a un panorama compuesto por medicamentos de valores elevados y un crecimiento en la cantidad de juicios, recursos judiciales y amparos que incrementan la demanda de recursos.

De acuerdo a los datos oficiales publicados por la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente en nuestro país existen más de 300 obras sociales inscriptas y reconocidas por el sistema. Las mismas se categorizan en: obras sociales sindicales, obras sociales nacionales, obras sociales de dirección, obras sociales de personal civil y militar, obras sociales de empresas privadas y obras sociales de administración mixta.

Lo problemático del sistema se refleja en un dato objetivo: del total de las entidades inscriptas, más de un tercio, es decir, al menos 1 de cada tres están en situación de riesgo y no son viables financieramente. Se trata de un tema preocupante que ya viene siendo alertado por referentes de todos los sectores. La propia CGT ya advirtió al Gobierno, con intenciones de recibir algún tipo de auxilio económico, sobre un posible “colapso” de las obras sociales sindicales y la consecuente disminución de coberturas médicas para sus afiliados, que actualmente alcanza el número de 15 millones de personas.

Ante esta situación, las autoridades estatales plantean un proceso de reorganización del sector para lograr mayor razonabilidad entre sus recursos y gastos. No obstante ello, por ahora, la forma que se encuentra para sostener el sistema continúa siendo la vía del otorgamiento de fondos, ya sea bajo la figura de los subsidios o como adelantos. Este mes, por ejemplo, la Superintendencia resolvió entregar la suma de $2.500 millones a 237 obras sociales para poder afrontar saldos pendientes de cancelación con proveedores y prestadores, de acuerdo con la Resolución N°398/2022 publicada en el Boletín Oficial.

Tanto desde el ámbito de las obras sociales como de las empresas de medicina prepaga, se coincide con que una de las soluciones radica básicamente en la autorización de mayores incrementos en las tarifas a cobrar a sus afiliados y clientes, lo cual ya se está haciendo sentir en el bolsillo de los consumidores.