En la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri se terminó de confirmar un dato que se manejaba desde hace varios días, pero que, con el avance de la investigación, se logró robustecer. En el seguimiento realizado al exIntendente de La Plata Pablo Bruera surgieron evidencias que apuntan a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, confirmaron fuentes del caso a Letra P. La semana pasada, este portal mostró las huellas de la actual persidenta del PRO en la cloaca de la inteligencia macrista.

"La banda de espías estaba integrada por 15 personas. Su líder era el agente Alan Ruiz, que fue capacitado por agentes israelíes contratados por Patricia Bullrich”, señaló una fuente con acceso directo al expediente que tramita el juez federal Federico Villena.

 Todas las pruebas que se conocen hasta el momento “son las que se obtuvieron solamente del teléfono de Leandro Areque, uno de los espías; falta el resto de los equipos”, señalaron voceros judiciales a este medio.

De ese equipo se extrajeron unas 500 fojas de transcripciones de escuchas telefónicas entre Bruera y el obispo Jorge Lugones, quien es su tío. Los espías sospechaban de un armado político con origen en el Vaticano, pero solo obtuvieron información de charlas familiares.

 El seguimiento sobre el exintendente de la capital bonaerense comenzó a fines de octubre de 2017 y se mantuvo durante todo el año 2018. En ese tiempo, Bruera era el titular del Partido Justicialista de La Plata, que sufrió dos atentados. En uno de ellos se robaron una computadora con todos los datos de los afiliados. Esos hechos nunca se esclarecieron.

La investigación reunió también pruebas de los contactos entre espías en los que hablaban de llevar la información a dos funcionarios públicos que la reclamaban: Susana Martinengo, que dirigía el área de Documentación Presidencial en la gestión de Macri, y Alex Campbell, que integraba el gobierno de María Eugenia Vidal.

 TELÉFONO ROJO. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se metió este viernes en el tema. Según confirmaron fuentes oficiales a Letra P, habló por teléfono con Bruera durante varios minutos. El jefe de Estado provincial se mostró consternado por el espionaje ilegal y le dejó en claro su acompañamiento para esclarecer el hecho. Además, puso al Ministerio de Justicia provincial a su disposición.

Bruera pidió ser querellante en el expediente. Además, denunció la existencia de un grupo operativo denominado “Base 8” que se infiltró en marchas para ocasionar disturbios e introdujo agentes encubiertos en movimientos políticos, sindicales y sociales.

La semana próxima presentará un escrito en el juzgado en el que aportará más información y datos con el objetivo de robustecer esa línea de investigación que tiene a la capital provincial y sus municipios linderos (en particular, Ensenada y Berisso) como el teatro de operaciones del espionaje ilegal.