El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Claudio Bonadio, le remitió un interrogatorio con ocho preguntas a su colega Daniel Rafecas y llamó a indagatoria a la ex directora legal de la Cancillería Susana Ruiz Cerutti, flamante imputada de encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los iraníes acusados como autores ideológicos del atentado a la AMIA, impedimento o estorbo del acto funcional a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con el país persa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras la denuncia que efectuara el entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación de ese ataque terrorista, Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento, el 18 de enero de 2015. 

El primer caso es una verdadera paradoja, ya que fue precisamente el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 quien originalmente rechazó el escrito del extinto funcionario y ordenó archivar la causa, que así permaneció casi dos años, hasta que a fines del año pasado la Cámara de Casación Penal, a instancias de la DAIA, ordenó abrirla y lo apartó de la misma. 

Sin embargo, Bonadio no lo llamó por su polémica actuación en este expediente, que le valió un pedido de juicio político por mal desempeño, sino por declaraciones que Rafecas hizo en 2011, en el marco de una conferencia que dictó en la Sociedad Hebraica Argentina, en una mesa moderada por el director de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, cuando se manifestó “convencido de que desde la Embajada de Irán se financia con mucho dinero a muchas agrupaciones, y (el imputado ex dirigente kirchnerista Luis) D’Elía no es ajeno a ello”. 

En respuesta a una solicitud de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos víctimas del atentado y querellantes, le pidió que ratifique sus dichos e indique cómo tuvo conocimiento de esa circunstancia, cuáles son esas “agrupaciones” y si D'Elía o la suya fueron beneficiados por esa legación diplomática, todo lo cual responderá en estos días por escrito, una facultad que le otorga el Código Procesal Penal de la Nación a los altos funcionarios en ejercicio. 

Por otra parte, el juez citó para mañana, jueves, a indagatoria a Ruiz Cerutti, que había sido reclamada por el fiscal anterior, Gerardo Pollicita, porque participó en reuniones con iraníes preparatorias del pacto en Ginebra (Suiza) y omitió comunicarlo a la Cancillería, pero había sido excluida de la primera tanda, que finalizó el jueves pasado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Si bien algunos la sindican como la autora del texto, la ex funcionaria se manifestó ajena al mismo y aseguró que acompañó al entonces canciller Héctor Timerman a defenderlo en el debate realizado en el Congreso en febrero de 2013 porque éste se lo había ordenado. 

Finalmente, Bonadio autorizó al ex ministro a viajar a los Estados Unidos para continuar su tratamiento contra el cáncer. 

La denuncia de Nisman fue unificada con otra por presunta traición a la patria y ambas quedaron en manos del fiscal Eduardo Taiano, pero previamente Pollicita se había referido a un “plan criminal” que tenía como objetivo “brindar ayuda para dotar de impunidad” a los iraníes, “de manera tal que pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la Justicia argentina”. 

A su juicio, “el accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino, puntualmente por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Relaciones Exteriores Timerman”, con la “colaboración activa de distintos funcionarios públicos”. 

En las 255 fojas del pedido de citación, que ratificaron que el atentado fue un crimen de lesa humanidad, Pollicita reiteró la iniciativa de Nisman de diferenciar la actuación argentina respecto de Irán en el gobierno de Kirchner y el de su esposa con la adoptada después de que ésta enviudó. 

Una primera revelación fue que casi un mes antes de que Irán propusiese colaborar con el esclarecimiento del atentado, ya que alega ser totalmente inocente, se había llevado a cabo una reunión en Teherán (21-22/6/11) entre representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Plant Protection Organization local sobre exportación de maíz y soja argentinos y el compromiso iraní de avanzar hacia la apertura del mercado a cebada, arroz, trigo, ciruelas desecadas, peras, manzanas, etc. 

El fiscal tuvo por probado que las tratativas comenzaron con una reunión en Aleppo, Siria, el 24 de enero de 2011, de Timerman con el presidente Bashar al-Assad y el entonces canciller iraní, Ali Akbar Salehi, porque los tres coincidieron en esa ciudad, por reportes de prensa como la denuncia de José Eliaschev y por las declaraciones testimoniales de los entonces embajador y cónsul en ese país, Roberto Ahuad y Carlos Pezzoni, y pública del propio Salehi. 

Pollicita sostuvo que las negociaciones se mantuvieron en secreto hasta septiembre del año siguiente, cuando Fernández de Kirchner las “blanqueó” en la ONU, aunque ocultó que la iniciativa había sido argentina. 

El fiscal le adjudicó mucha importancia a que todas las gestiones fueron realizadas de un modo contrario al habitual y de espaldas a la Justicia -varias de ellas, sin dejar constancia alguna siquiera en la propia Cancillería-, e incluso hay testigos que lo confirmaron.

Pero quienes sí estaban al tanto eran el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex líder de la organización extremista Quebracho Fernando Esteche y el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elia, responsables de la “diplomacia paralela” que continuaba las negociaciones cuando no había encuentros formales. 

Los dos primeros se adjudican la autoría intelectual del memorándum con Irán, o al menos un boceto muy similar que habrían presentado seis años antes y que ni siquiera fue considerado por Kirchner, y se ocupaban de tratar de reemplazar a los iraníes por “fachos locales” con la ayuda del ex juez Héctor Yrimia, quien conoce la causa porque colaboró en sus inicios, cuando era fiscal. 

Otra de las irregularidades subrayadas tiene que ver con el rol que les cupo a los ex procuradora general del Tesoro Angelina Abbona y jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la “causa AMIA”, Juan Martín Mena, quienes por su cargo no tendrían que haber participado en reuniones con iraníes y cuya presencia fue adjudicada a la confianza que en ellos tenía Fernández de Kirchner. 

Este dictamen de Pollicita es bastante más sólido que el original de Nisman, ya que aporta pruebas de reuniones que no se conocían y confirma con documentación de visitas, cruces telefónicos y conversaciones que surgían de escuchas, como que D’Elia estaba en la Casa Rosada cuando decía que allí se encontraba y recibía instrucciones de funcionarios que podrían haber sido Zannini, el diputado Andrés Larroque (nexo entre políticos y “militantes”) y/o el ex secretario general de la Presidencia y luego titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli. 

El fiscal hizo reiterado hincapié en que la maniobra se dio a espaldas de la Justicia, la comunidad judía y, sobre todo, las víctimas y sus familiares, y que incluso hubo directamente mentiras a los mismos. 

Respecto del pacto en sí mismo, el acusador recalcó que se pretendió el levantamiento de las “notificaciones rojas” de captura de Interpol y la instalación de una nueva hipótesis en el marco de una “Comisión de la Verdad” que no tenía plazo alguno. 

Sobre el primer punto, reveló que más allá de las mentiras de Timerman, éste remitió una carta conjunta con su par iraní para informar a la Policía Internacional que el diferendo lo resolverían entre los Estados, una forma velada de consentir la caducidad de esas alertas, que Interpol no dictó, pero sí consignó la existencia de ese acuerdo y así figura hasta el día de hoy porque Irán se niega a su remoción porque alega que para ella está vigente, pese a su inconstitucionalidad en la Argentina, cuyo Congreso todavía no lo había ratificado. 

El fiscal señaló que la intención habría sido la renovación del comercio interestatal e intercambiar petróleo por carne y granos, pero para eso necesitaban “solucionar” el tema “AMIA”, y resaltó que el prófugo Mohsen Rabbani, ex agregado cultural iraní, daba instrucciones sin mostrarse preocupado. 

Del supuesto espía Ramón Allan Bogado enfatizó su “estrecha vinculación con la agrupación oficialista La Cámpora y el entorno presidencial” kirchnerista. 

En tanto, a fines de noviembre de 2013, los cancilleres se reunieron nuevamente en Zúrich, Suiza, y allí Timerman le habría entregado una propuesta para avanzar en la implementación del memorándum, pero no existe en la Cancillería registro de ese documento ni de respuesta alguna. 

Todos los mencionados fueron indagados entre el 17 y el 26 de octubre, además de los ex vicecancilleres Eduardo Zuain y Alberto D’Alotto, secretario privado del ministro José Mercado y consejero y ministro de Segunda de la Cancillería Luciano Tanto Clement.