Son ya conocidas las múltiples deficiencias del sistema de salud boliviano, muchas de las cuales han quedado al descubierto con crudeza a raíz de la pandemia del coronavirus. Un problema de gran importancia es el gasto que de manera directa tienen que hacer los bolivianos para el cuidado de su salud. Según la base de datos del Banco Mundial, para el año 2018, el 23,2% del gasto total que se realizaba en salud en Bolivia venía directamente del bolsillo de la gente.

Es previsible que cuando se publiquen los datos de 2020 esta cifra se incremente considerablemente. Ante la ausencia de un sistema de salud que cubra a toda la población boliviana ‒y un sistema deficiente para quienes están asegurados‒, muchas de las personas tuvieron que recurrir de manera privada a servicios de salud y a la compra de medicamentos. Será difícil cuantificar este incremento de gastos, pero, con seguridad, todas y todos los lectores coincidirán en que esto fue una realidad.

En este contexto, llama la atención cómo empresas farmacéuticas, comercializadoras de medicamentos, hospitales, clínicas, etc. han incrementado significativamente el precio de los medicamentos y de los servicios sanitarios. Muchos de estos incrementos no tienen mayor justificación y simplemente responden a un escenario de especulación. La pregunta es si estas empresas deberían aprovecharse de la desesperación que esta pandemia viene significando.

El incremento de los precios de los medicamentos y servicios sanitarios

Han sido varias las denuncias que en estos últimos meses han sido registradas como consecuencia del incremento injustificado de medicamentos y servicios sanitarios. Esta segunda ola de la pandemia parece estar dando un nuevo impulso al incremento de los precios.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza un seguimiento general de precios de varios productos comercializados en el mercado boliviano, ahí se pueden ubicar algunos productos y servicios sanitarios. En promedio, si se comparan estos precios con el último mes antes de la pandemia (febrero de 2020), se puede constatar que estos productos y servicios sanitarios tuvieron un incremento de más del 7% hasta diciembre de 2020.

En este periodo, el incremento más fuerte fue el de las consultas médicas generales, que se incrementaron en un 19%, también aumentó el costo de los diagnósticos por imagen en un 16%. Por otro lado, el costo de hospitalización aumentó en un 7%, mientras que los análisis de laboratorios clínicos subieron en un 4%.

En el caso de los medicamentos, el mayor incremento fue para aquellos destinados a controlar la fiebre con un 13% y los antiinflamatorios con un 10%. También se incrementaron los precios de los antigripales en un 5%.

Vale la pena recalcar que también hubo un ascenso en los precios de algunos medicamentos que no están directamente relacionados con la covid-19, como aquellos destinados a tratar el reumatismo, que se incrementaron en un 10%, mientras que medicamentos para la presión arterial subieron en un 5%.

El mayor incremento de precios se dio en agosto de 2020 y pese a una leve caída en los siguientes meses, la tendencia ha vuelto a tener pendiente positiva frente a la segunda ola.

  

La necesidad de un control de precios

Medicamentos que son utilizados recientemente para el coronavirus, como el Remdisivir, Avifavir, entre otros, no cuentan con precios previos de referencia, pero la especulación en su comercialización hace suponer un incremento significativo respecto a sus precios de origen.

En este escenario, en el que el sistema sanitario nuevamente empieza a colapsar, lo mínimo que debería garantizar el Estado boliviano es que no existan incrementos injustificados en productos y servicios sanitarios.