Los legisladores María Rosa Muiños y Santiago Roberto (Bloque Peronista), presentaron un proyecto de ley para crear una oficina anticorrupción en la Ciudad, a fin de “fomentar la transparencia y combatir hechos de corrupción o situaciones confusas en el manejo de los recursos de los que dispone el Ejecutivo”.

“La corrupción degrada la credibilidad y es sin dudas una gran generadora de desigualdades. Es un problema estructural y desde el Estado hay que combatirla en todos sus frentes porque afecta y distorsiona transversalmente a la cuestión pública, como también a otras actividades”, manifestó Roberto.

En este sentido, remarcó que “para contribuir a ponerle fin a este flagelo hay que mejorar los mecanismos institucionales que tomen la lucha contra la corrupción como asunto prioritario y exclusivo. Y la administración pública de esta Ciudad no puede ni debe privarse de ello.”

El proyecto de ley propone que la oficina anticorrupción funcione como un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera, promoviendo la ética y la transparencia en la gestión de lo público, y velando por la aplicación de la Ley N° 4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Además, deberá prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

De esta manera, el organismo podrá recibir denuncias que hicieran particulares, funcionarios y empleados públicos; investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito ó irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación; entre otras cuestiones.

A su vez, la medida dispone que la oficina este cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta de la primera minoría opositora, que ejercerá el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser electo por una única vez.