Basura: la Justicia puso la lupa sobre las empresas municipales

Basura: la Justicia puso la lupa sobre las empresas municipales

Bustos Fierro ordenó allanamientos en el Palacio 6 de Julio y en el Tribunal de Cuentas. Investigan supuestos pagos irregulares de las firmas Crese y Esop durante la anterior gestión.

La Justicia federal allanó ayer oficinas del segundo piso de la Municipalidad de Córdoba –el sector donde funciona la Secretaría de Economía– y la sede del Tribunal de Cuentas Municipal en busca de documentación vinculada a la operatoria de la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) y del Ente de Obras y Servicios Públicos (Esop).

Las órdenes de allanamiento fueron firmadas por el juez Ricardo Bustos Fierro.

Aunque no trascendieron detalles desde la Justicia, los procedimientos serían en el marco de una de las causas vinculadas al sindicato de recolectores de residuos (Surrbac). Desde el municipio se informó que la requisitoria estaba vinculada a una causa originada durante la gestión del exintendente Ramón Mestre.

La búsqueda de pruebas apuntaría al presunto pago de servicios inexistentes a través de facturas apócrifas por parte de las empresas municipales. Es decir, el pago de servicios que nunca se prestaron. Sería una investigación independiente de la causa Surrbac, por la que se encuentran detenidos los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.

Desde el juzgado de Ricardo Bustos Fierros no quisieron brindar precisiones sobre el operativo, y el mismo silencio se mantuvo desde la fiscalía a cargo de Enrique Senestrari.

Ambos funcionarios se encuentran fuertemente enfrentados por estas causas y han intercambiado acusaciones en las últimas semanas. Senestrari afirma que el juez no lo deja acceder a información clave de las investigaciones y que además estaría beneficiando a empresarios de las concesionarias de la recolección de basura, mientras desde el juzgado critican la paralización que Senestrari habría hecho de algunas de las líneas investigativas.

Fuentes municipales confirmaron que los allanamientos se produjeron y dijeron haber colaborado con las autoridades judiciales. La falta de precisión oficial impidió conocer cuáles fueron todas las dependencias allanadas, como también los objetivos de los operativos.

La Justicia federal lleva adelante media docena de causas vinculadas a las licitaciones de higiene urbana. La más conocida es la que mantiene detenidos en la cárcel de Bouwer a los dirigentes Saillén y Catrambone, y la más polémica es la que apunta a conocer si hubo lavado de dinero en las últimas licitaciones del servicio de recolección de la basura, que apunta a funcionarios de la anterior administración municipal, encabezada por Mestre.

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