El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). El respaldo a la iniciativa se generó con consenso de todas las fuerzas políticas, algo que se vio reflejado en la votación, que tuvo 50 a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

En las últimas horas, Bárbara Diez, la esposa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó la decisión con una publicación en su cuenta de Instagram. La crítica fue acompañada por una foto del “Memorial para el niño no nacido”, del escultor eslovaco Martin Hudacek.

“La Ciudad se paralizó para salvar vidas durante esta pandemia. ¿No es cuánto menos incongruente que a la misma vez se haya votado un protocolo de muerte para bebés de hasta 7 meses de gestación? Estamos haciendo todo lo posible como sociedad para salvar vidas. ¿De qué estamos hablando?”, escribió Diez.

El posteo de Bárbara Diez en sus redes sociales

Poco minutos después en la publicación comenzaron a aparecer una serie de comentarios apoyando la postura de Diez y cuestionando la ley del aborto legal.

El proyecto para la adhesión al protocolo fue presentado en febrero último por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de 42 diputados, de un total de 60.

Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa había representantes de casi todos los bloques políticos presentes en la Legislatura porteña: Vamos Juntos (VJ), Frente de Todos (FdT), UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista.

De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años, “se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección”. En cambio, las niñas menores de 13 años “podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado”.

El protocolo ILE establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 –y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012–, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.